La comparecencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados se ha convertido este lunes en un duro interrogatorio político que ha ido mucho más allá de la catástrofe climática. Las preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, enlazaron la gestión de la tragedia con los audios sobre el desvío de donaciones a Revuelta —las juventudes de Vox— y con la polémica de las residencias de mayores en Madrid, colocando a Feijóo a la defensiva y evidenciando las contradicciones del discurso del PP.

Rufián arrancó su intervención cuestionando el presunto desvío de donaciones destinadas a las víctimas de la DANA hacia Revuelta, organización juvenil vinculada a Vox. El diputado republicano subrayó que Vox es socio político del PP, no solo en gobiernos autonómicos pasados, sino también en el presente: ambas formaciones siguen compartiendo cerca de un centenar de ayuntamientos en toda España. “Vox es socio literalmente de ustedes. ¿Qué opina?”, ha lanzado Rufián, desbaratando la estrategia de Feijóo de presentar a la ultraderecha como un actor ajeno a la responsabilidad del PP.

La respuesta del líder popular fue tan seca como evasiva: “¿Qué tipo de corrupción le interesa a usted?”. Una contestación que, lejos de aclarar nada, reforzó la sensación de incomodidad del compareciente y dio munición a la oposición para insistir en la connivencia política entre PP y Vox, especialmente en un contexto tan sensible como la gestión de donaciones tras una catástrofe natural.

El momento más tenso llegó cuando Rufián vinculó esa falta de respeto institucional con otro asunto que persigue al PP desde la pandemia: la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. “¿Usted cree que el PP respeta a las víctimas? Ya se lo digo yo para que no me haga la trampa: no”, afirmó el diputado, recordando cómo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó a los familiares de fallecidos en residencias como “plataformas de frustrados”. “Ayuso manda más que usted”, ha rematado Rufián, subrayando la debilidad del liderazgo de Feijóo dentro de su propio partido.

Las “mentiras” de Feijóo

Más allá del choque político, la comparecencia ha estado marcada por una acusación frontal de mentiras en relación con la gestión de la DANA. Rufián ha comenzado enumerando lo que calificó como “cinco o seis mentiras flagrantes” del compareciente. La primera, según ERC, fue afirmar que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado del riesgo. “Es mentira”, ha asegurado Rufián, detallando que hubo avisos a las 11:45 y a las 12:20 horas del mismo día, mientras que el CECOPI —cuya activación corresponde exclusivamente a la comunidad autónoma— no se constituyó hasta cinco horas después.

La segunda “mentira” señalada fue la supuesta imposibilidad de conocer los mensajes entre el president valenciano, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno. Rufián ha recordado que durante horas Mazón estuvo incomunicado y que quien actuaba era su jefe de gabinete, cuyo móvil fue posteriormente formateado. “Oh sorpresa”, ha ironizado el diputado, insinuando una destrucción deliberada de pruebas.

La tercera contradicción llegó cuando Feijóo afirmó no haber cambiado nunca de teléfono móvil, para reconocer minutos después que sí lo había hecho por una avería. La cuarta, según Rufián, fue declarar interés por conocer la verdad mientras tardó un año en entregar sus mensajes a la jueza, y además hacerlo en plena Nochebuena. La quinta fue aún más llamativa: afirmar primero que en el CECOPI había miembros del Gobierno central por videoconferencia y negarlo después en la misma intervención.

Rufián ha reservado la acusación más grave para el final. Feijóo aseguró que la Generalitat había pagado más del 90% de las indemnizaciones a las víctimas de la DANA. “Es mentira”, ha sentenciado el portavoz de ERC. Según ha explicado, no se ha pagado ni una sola indemnización por fallecimiento, ya que la Generalitat no reconoce oficialmente a los familiares como víctimas al no haber aprobado un decreto específico. “Han pagado coches y desperfectos, pero ni un duro por las vidas perdidas”, ha concluido.

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