A la crisis de los cribados de cáncer de mama aún le queda un largo recorrido que transitar. Según informó el Gobierno andaluz, había un total de 2.317 mujeres afectadas en esos "errores" de comunicación que significaron no notificar a estas mujeres sobre el resultado de sus mamografías, tal y como indicaba el protocolo. De esas mujeres afectadas, la incógnita estaba clara: ¿Cuántas habían sufrido las consecuencias más severas? Por el momento, 101 reclamaciones patrimoniales se han presentado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es decir, 101 mujeres andaluzas habrían desarrollado cáncer por no haber sido notificadas a tiempo y haber realizado un tratamiento preventivo.
Las reclamaciones patrimoniales son una figura legal que consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que un particular sufra en sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo.
Según ha podido saber ElPlural.com, en estos momentos el SAS cuenta con hasta 101 reclamaciones patrimoniales de mujeres andaluzas que reclaman -valga la redundancia- una indemnización por la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla en los cribados de cáncer de mama. Además, según fuentes de Amama, la asociación que ha liderado la lucha de las mujeres con cáncer andaluzas afectadas por los fallos en el cribado, son hasta 338 las mujeres que habrían desarrollado cáncer a causa de dichos errores.
A medidados de enero, tras una información que cifraba en 22 las afectadas, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, fue preguntada por estos datos. No obstante, la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos negó responder aludiendo a la "protección de datos", algo que indignó a la oposición y a la propia asociación de mujeres con cáncer, ya que en la revelación del número no implicaba desvelar ningún otro dato más sobre estas mujeres.
Ahora, el Gobierno del PP tiene en sus manos una nueva información de mujeres que reclaman directamente una indemnización a la propia Administración por haber desarrollado cáncer por culpa de no haber sido advertidas de los resultados de sus mamografías. Además, una de esas reclamaciones patrimoniales se corresponde con una mujer fallecida por estas mismas causas.
Origen del fallo
El origen del fallo no ha sido explicado por parte del Gobierno andaluz. Lo único que se ha dedicado a trasladar es que fue un fallo comunicativo, no solo para con las pacientes, sino entre el propio sistema que salvaguarda que todo funcione bien. Ese es el motivo, según explicó Moreno Bonilla, por el que él nunca fue consciente de que estaba ocurriendo un problema, porque esa cadena de 'mando' o de comunicación tenía una "fuga".
No obstante, según algunas informaciones que trascendieron y tal y como informó El País, parece indicar que el origen del fallo está en la externalización de su servicio y en la informatización del mismo. Algunos altos cargos dieron la orden en 2022 de no avisar más a las mujeres con diagnóstico dudoso por teléfono o por carta, ya que se haría de manera automática por el nuevo sistema informático. Pero no se hizo. Al mismo tiempo, se desactivaron algunas comisiones de seguimiento donde los expertos compartían información relevante durante al menos dos décadas, y donde se podía haber dado la voz de alerta. Todo esto ocurrió bajo el liderazgo en Salud de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz en la actualidad.
Bajo su departamento el control de las mamografías pasó a formar parte de la empresa japonesa NTT Data después de la española Indra. Según varios testimonios recabados por El País el pasado noviembre, delegar el control de los historiales en este sistema y las malas decisiones de los gestores sanitarios están detrás de los fallos detectados en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el principal foco de todo el problema. "Los superiores eran conscientes de que no se informaba a las mujeres con diagnóstico BI-RADS 3 y los trabajadores informaron de que no se les estaba avisando; finalmente se dieron cuenta de que las cartas para la prueba complementaria no se mandaban, sino que se quedaban en las colas de las listas de espera", describió una administrativa.

El cambio de gestión informática coincidió con el inicio de mamografías en una unidad móvil de una subcontrata privada. Esas mujeres que daban en mano a las pacientes una cita, llamaban o mandaban una carta, dejaron de hacerlo. El resultado ha sido que pacientes con diagnóstico dudoso han ido las últimas durante tres años a la cola de las mamografías generales, no a la preferente del cribado, lo que generó un monumental atasco que afectó a 2.317 mujeres, según la Junta.
Los responsables políticos han reconocido que nadie avisó a esas pacientes con diagnósticos pendientes de revisión, mientras el cáncer avanzaba con consecuencias desastrosas en algunos casos. El Gobierno andaluz ha eludido explicar la razón de los graves fallos y ha dado evasivas ante la pregunta de por qué ocurrió el fallo masivo. Este fallo ha provocado hasta 6 dimisiones o ceses de personal, como la dimisión de la exconsejera, Rocío Hernández, el cese de la viceconsejera, María Luisa del Moral, también se cesó al jefe de servicio de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío, Javier Castell, el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, además de un secretario general y una directora de la Consejería.
"Bajamos seis puntos"
Una de las críticas que más se han repetido contra el Gobierno de Moreno Bonilla ha sido el trato que desde el PP andaluz, desde la Junta de Andalucía, se le ha dado a estas mujeres con cáncer, donde ha habido más confrontación que entendimiento entre ambas partes.
La historia se remonta, según ha contado en innumerables ocasiones distintas representantes de Amama, a varios años atrás, cuando comenzaron a tener reuniones con los diferentes consejeros de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla para advertirles de que algo no funcionaba correctamente en los cribados. Hasta que el caso no estalló, la Junta de Andalucía se desentendió del asunto. Y una vez que este tomó forma, el PP eligió el camino de la confrontación, más centrado en la pérdida de votos que en solucionar el problema.
El propio presidente de la Junta, Moreno Bonilla, el pasado diciembre en una gira de presentación de su libro, llegó a admitir que la crisis de los cribados había repercutido electoralmente en el PP, donde se llegó a bajar hasta seis puntos de intención de voto, según las propias encuestas que manejará la organizaión. Para seguidamente espetar: "Ya lo hemos recuperado", mientras que las mujeres continúan sin respuesta.
Un cálculo electoralista que no solo parece no haberle funcionado, como puede comprobarse, por ejemplo, en el Carnaval de Cádiz, donde prácticamente ninguna agrupación ha desaprovechado su oportunidad para cantar contra la negeligencia de los cribados, incluso hay una comparsa dedicada al (mal) estado de la sanidad pública, D3SAS3, sino que nadie entendió.

Por la mitad del camino la forma de depurar responsabilidades fue la de cesar a la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, para que su puesto lo ocupara Antonio Sanz, en plena crisis, un perfil mucho más duro y combativo que Hernández. A partir de ahí, el cada vez mayor silencio sobre el tema y anuncios de planes de choque parecían haber "calmado" las aguas, aunque ahora se inicia un nuevo capítulo en esta 'historia'.
SAS
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Servicio Andaluz de Salud para recabar información sobre este centenar de reclamaciones, aunque hasta el momento de la publicación de esta pieza, no se nos ha ofrecido ninguna información al respecto.