El Gobierno estudia imponer sanciones fiscales a los caseros que suban el precio del alquiler

La estrategia de regalar beneficios fiscales a los caseros para frenar la tendencia alcista de los precios del alquiler no funciona. Los arrendamientos siguen disparados y los propietarios, con un 80% más de renta que sus inquilinos, siguen optando por las finalizaciones de contratos para acometer subidas o conversiones de inmuebles en turísticos, razón que ha llevado al Gobierno a plantearse también la inclusión de desincentivos, igualmente a través del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), aunque sin eliminar los premios a aquellos que decidan no elevar la renta.  

El clamor en la calle es imposible de silenciar y el espectro a la izquierda del PSOE empezaba a estar cansado que gran parte de las medidas en materia de vivienda se centrasen en rogar a los caseros que no subiesen los alquileres, a cambio de sustanciales recortes tributarios. Razón por la que el Ejecutivo de coalición, siguiendo la estela de otros países europeos del entorno, plantea ahora la estrategia de palo y zanahoria, tal y como adelanta este viernes el periódico El País.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pilotado por Isabel Rodríguez, y el Ministerio de Hacienda, comandado por la vicepresidenta María Jesús Montero, están trabajando conjuntamente para sopesar diferentes abordajes. No obstante, la idea todavía está en una fase primigenia y, en el horizonte, preocupa la acogida que podría tener en el Congreso de los Diputados, donde el bloque de Gobierno no cuenta con mayoría y teme que partidos como Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no acojan la medida con los brazos abiertos.

El planteamiento que existe en estos momentos pasa por reducir los beneficios contemplados actualmente para los caseros, más que por imponerles un castigo. Es decir, podría aminorarse la reducción general del 50% que, en estos momentos, todos las personas con propiedades arrendadas -quedan fuera las personas jurídicas- pueden aplicarse en su IRPF. Estos, de continuar avanzando la idea, podrían verse afectados si, a la finalización de un contrato, imponen subidas que vayan más allá de la evolución inflacionaria contemplada por Índice de Precios de Consumo (IPC).

Los potenciales afectados sería dos millones de caseros, que actualmente tributan exclusivamente por la mitad del rendimiento neto (después de ser descontado gastos como el IBI o la comunidad de vecinos) que obtienen de los alquileres. Es más, la deducción del 50% puede hasta incrementarse si se dan determinadas circunstancias, lo que ha llevado al Ejecutivo a plantearse que pueda reducirse si se dan otras. En definitivas cuentas, sería retirar beneficios a los caseros que disparen al alquiler, no tanto imponerles ninguna sanción o subida tributaria.

Una exigencia entre innumerables regalos

Esta medida podría ser la primera que el Ejecutivo impulsa y no supone un regalo a los caseros, responsables de las subidas de los alquileres. Los beneficios seguirían siendo compatibles, pero evitaría la disyuntiva injusta que actualmente disfrutan los propietarios: o aumento beneficios a través de subir el alquiler o me ahorro impuestos si no lo hago. Ninguna exigencia, solo escenarios positivos para quien ya tiene una situación mucho más beneficiosa que aquellos que viven en sus pisos con una incertidumbre y miedo constante.

Es más, los caseros pueden estar tranquilos, que seguirán ahorrándose impuestos si así gustan. Hace justo un mes, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se estaba trabajando en una ley que contemplase la “bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran”. Un abordaje que no gusta en la parte minoritaria del Gobierno por beneficiar siempre a los mismos y desproteger a los inquilinos, como ha sucedido con otras muchas normas impulsadas en esta materia.