El tensionamiento del precio de la vivienda, especialmente en la modalidad de alquiler, es sin duda el principal problema de la clase trabajadora española. La incapacidad de hacer frente a un arrendamiento en cada vez más ciudades, pese a dedicar la semana a una jornada laboral completa, exige a las administraciones un abordaje inmediato. Las Comunidades Autónomas, en su mayoría dominadas por el Partido Popular (PP), reniegan de intervenir en el mercado y el Gobierno central, en vez de proteger a los inquilinos, insiste en intentar convencer a los caseros con bonificaciones.
La última propuesta presentada por Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, ha causado un cisma en el seno de la coalición. Los socialistas siguen apostando por regalar dinero a los propietarios a cambio de que no sean unos especuladores insaciables, pese a su gusto por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y tratar a los inquilinos como un mueble más; pero en esta ocasión podrían quedarse solos. Sumar ya han anunciado que no apoyará la medida, misma posición que han asumido otras formaciones como Podemos.
La idea del PSOE es lanzar un Real Decreto-ley, que beneficiaría a tres millones de hogares, según sus cálculos, para “seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas urgentes y contundentes”. Si bien la apuesta parece ser de todo menos contundente. “La nueva norma busca poner fin a la especulación, con medidas para evitar las subidas en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones”, defiende los socialistas. Si bien la primera de las medidas y piedra angular del proyecto ha generado más enfados que acuerdos.
Regalo fiscal a los caseros
Incentivos fiscales a los caseros como medida estrella para contener los alquileres, eso es lo que ha propuesto Sánchez. No es la primera vez que el presidente apunta en la dirección de favorecer a los principales culpables de la crisis de precios, ya lo ha hecho con el bono de alquiler y otras bonificaciones tributarias, aunque no siempre se ha encontrado con la oposición de sus socios habituales. En este envite, el PSOE defiende directamente una “bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran”.
Es decir, la parte mayoritaria del Gobierno apuesta por dar la oportunidad a los especuladores de elegir no subir aún más los alquileres, que ya se encuentran en máximos históricos y no se corresponden ni de lejos con las características del inmueble, y a cambio no pagar ningún impuesto por este ingreso improductivo y, así, ganar lo mismo que si hubiera elevado la renta. El especulador se sigue forrando, no paga impuestos y, a cambio, el arrendamiento sigue disparado y los ciudadanos pierden dinero de la caja común, que se llena a través de impuestos.
De las subidas que pudiesen producirse de forma opaca y a través del pago de determinadas cantidades en negro, práctica que sucede en cada vez más arrendamientos y que políticas como el bono del alquiler fomentan, al no existir una verdadera supervisión de las prácticas mafiosas de los caseros, es mejor no hablar. Más allá de esta bonificación, el PSOE defiende una “regulación contra el fraude en los alquileres de temporada estableciendo condiciones estrictas”, las cuales se desconocen, y establecer un “freno al abuso del alquiler por habitaciones”, evitando que su suma pueda superar el alquiler que supondría la vivienda completa.
El nivel de los arrendamientos convierte la tercera de las propuestas en insignificante. Además, no se detalla que ocurre con aquellos pisos que salen al mercado directamente fraccionados en habitaciones, quién decide cuál es el precio del alquiler completo y demás aspectos clave que pueden desmontar el abordaje. Más allá de su futura aplicación, lo cierto es que esta batería de propuestas no ha convencido a ningún socio, siendo especialmente beligerantes Sumar y Podemos.
Los socios descartan la propuesta
“No es necesario que se dediquen recursos públicos a premiar a aquellos caseros que opten por no incrementar todavía más los precios de los alquileres”, ha criticado el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que está desplegando una larga lista de inspecciones y sanciones contra grandes plataformas e inmobiliarias, como Alquiler Seguro, que incurren en ilegalidades e impulsan las dinámicas especulativas. “No puede depender de la buena voluntad de un casero o de otro, tiene que ser un derecho”, ha añadido.
Podemos ha sido más contundente. "La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya", ha cargado la secretaria general de los morados, Ione Belarra, asegurando que “esto es para que ardan las calles en movilización social". "Lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón ¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero", ha añadido la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero. "Que ardan las calles", ha llamado.
