El problema de la vivienda continúa trayendo cola y las medidas para solucionarlo de raíz continúan brillando por su ausencia. Los dos últimos anuncios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Hacienda, plantean una deducción total del IRPF a los arrendadores que no suban el precio del alquiler y estudia aplicar, por contraparte, reducciones de beneficios a los que lo hagan. Para Sumar, estas medidas son de todo punto insuficientes y suponen "privilegios fiscales" para los caseros.
"Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal", valora el socio minoritario de la coalición, que remarca también que la medida del PSOE "no es nueva" y ya se planteó dentro de la mesa de negociación entre las dos alas del Ejecutivo. Entonces, Sumar ya expuso que su única apuesta es la moratoria extraordinaria de alquileres, dado que los incentivos fiscales "no tienen capacidad para frenar la espiral alcista" en el último lustro, con subidas superiores al 40% en el alquiler. Con estas estimaciones, el ala minoritaria del Ejecutivo calcula que el efecto de la penalización o bonificación fiscal en el IRPF "seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos".
De hecho, los magentas apuntan que la fórmula del PSOE es "injusta" y lamenta que esta vía pone el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador, cuando es "urgente" darle "certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino". "La solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero", ha avisado Sumar para defender que la prórroga extraordinaria de contratos sí funciona al dar a los inquilinos "fuerza negociadora para un potencial acuerdo con los caseros para poder renovar el alquiler sin una subida desproporcionada".
Por ejemplo, recuerdan que en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Casi 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.
Una medida con precedentes negativos
Los incentivos fiscales a los caseros como medida estrella para contener los alquileres no son nuevos. No es la primera vez que el presidente apunta en la dirección de favorecer a los responsables de la crisis de precios. Pasó anteriormente con el bono del alquiler y otras bonificaciones tributarias, aunque no siempre se ha encontrado con la oposición de sus socios habituales. En este envite, con tintes que se alejan mucho de proteger al arrendatario, el PSOE defiende directamente una "bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran".
La parte mayoritaria del Gobierno apuesta, así, por disuadir a los caseros a que no sigan subiendo los precios a cambio de ofrecerles una deducción impositiva para no pagar ningún tributo por este ingreso improductivo y, así, ganar lo mismo que si hubiera elevado la renta. No se pone coto a la especulación, se pierde la recaudación correspondiente y el alquiler no baja. Por otro lado, el Gobierno tampoco se pronuncia sobre las subidas que se producen forma opaca, con el pago de determinadas cantidades en negro, práctica que sucede en cada vez más arrendamientos y que políticas como el bono del alquiler fomentan. Más allá de esta bonificación, el PSOE defiende una "regulación contra el fraude en los alquileres de temporada estableciendo condiciones estrictas", las cuales se desconocen, y establecer un "freno al abuso del alquiler por habitaciones", evitando que su suma pueda superar el alquiler que supondría la vivienda completa.
Estudiando imponer 'reducciones de beneficios' a quienes suban el precio
Además de los regalos fiscales, el Gobierno también se ha planteado la introducción de desincentivos, igualmente a través del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), aunque sin eliminar los premios a aquellos que decidan no elevar la renta.
El planteamiento que existe en estos momentos pasa por reducir los beneficios contemplados actualmente para los caseros, más que por imponerles un castigo. Es decir, podría aminorarse la reducción general del 50% que, en estos momentos, todos las personas con propiedades arrendadas -quedan fuera las personas jurídicas- pueden aplicarse en su IRPF. Estos, de continuar avanzando la idea, podrían verse afectados si, a la finalización de un contrato, imponen subidas que vayan más allá de la evolución inflacionaria contemplada por Índice de Precios de Consumo (IPC).
Los potenciales afectados serían dos millones de caseros, que actualmente tributan exclusivamente por la mitad del rendimiento neto (después de ser descontado gastos como el IBI o la comunidad de vecinos) que obtienen de los alquileres. Es más, la deducción del 50% puede hasta incrementarse si se dan determinadas circunstancias, lo que ha llevado al Ejecutivo a plantearse que pueda reducirse si se dan otras. Sintetizando, sería retirar beneficios a los caseros que disparen al alquiler, y no tanto imponerles ninguna sanción o subida tributaria.
