Este jueves el Congreso ha aprobado la reforma penal impulsada por Junts per Catalunya para endurecer las penas a la multirreincidencia con el respaldo del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN. Sin embargo, ha contado con el voto negativo de Sumar, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís y la abstención de ERC.
De esta forma, durante el debate de la norma en el pleno de la Cámara, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que la ley "nace del territorio, no de los despachos", a la vez que ha reprochado que llega "muy tarde" tras "bloqueos y dilaciones". Pese a ello, la diputada de la formación de Carles Puigdemont ha afirmado que con la ley "se ataca la impunidad" y que es "una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil" para jueces, fiscales, policías.
En lo que respecta a la postura de los populares, Cuca Gamarra ha reprochado el "secuestro" de la ley durante mucho tiempo y ha defendido que el "pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide". En línea con ello, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha remarcado que, a razón de esta ley, "reincidir en España ya no sale gratis" y que "el delito no puede ser rentable". "A España se viene a trabajar y el que venga a delinquir a su país", ha matizado.
Unas palabras que han encontrado pronta réplica por parte del socialista Francisco Aranda que ha calificado de “muy peligroso” el discurso de "equiparar inmigración con delincuencia", "un discurso muy peligroso". De la misma forma, ha defendido que el Gobierno actúa "desde la óptica de un Gobierno de izquierdas", "sin fiarlo todo al punitivismo".
Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha calificado la reforma de "necesaria, pero no suficiente", y ha celebrado que "la realidad acaba imponiéndose". "No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso".
También ha defendido la ley el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, quien ha declarado que busca dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas porque la ley actual "resulta ineficaz" y generaba la percepción de que "por una puerta entra y por otra salen".
Críticas a la ley
En la otra cara de la moneda, se ha situado Sumar, cuyo portavoz de Interior, Enrique Santiago, ha rechazado que se endurezcan penas para "delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes" y ha advertido de que "solo sirve para fortalecer a la ultraderecha". También Podemos ha calificado la reforma de "populismo punitivo".
En la misma línea, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu ha esgrimido que el aumento de penas "es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención" y aplicada en delitos leves "no sirve para nada".
Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha anunciado su abstención tras el pacto con el Gobierno para aumentar la planta judicial con 180 nuevos jueces para Cataluña. Pero ha señalado que "la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil" y ha criticado una "Administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y en forma".
Penas de cárcel para el ‘petaqueo’ de las narcolanchas
En línea con todo ello, el Ministerio del Interior ha valorado positivamente la aprobación de la ley por incluir penas de cárcel para combatir el suministro de combustible de las 'narcolanchas', conocido popularmente como 'petaqueo'.
La Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia incluye el delito de adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.
Así, Fuentes del Ministerio del Interior han destacado que dicha ley incluya penas de prisión de tres a cinco años para combatir el 'petaqueo', una medida que entienden que complementa la adoptada en el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido. "El objetivo prioritario de la reforma es combatir el suministro de combustible en el mar a las 'narcolanchas', el conocido como 'petaqueo', para anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga", han indicado desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Interior ha recordado que solo entre enero y octubre de 2025, en las seis provincias afectadas por el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar -Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aprehendieron 683.000 litros de gasolina.
