Tras las irregularidades destapadas en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, el debate sobre la transparencia en el reparto de VPO vuelve a situarse en el centro de la agenda política. En Málaga, el Grupo Municipal Socialista advierte de posibles sombras en los procedimientos y exige auditorías y mecanismos de control para evitar que se repitan episodios similares.
El Grupo Municipal Socialista llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para exigir máxima transparencia en la adjudicación de viviendas públicas y de precio protegido en Málaga. La iniciativa pone el foco tanto en las promociones del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) como en aquellas desarrolladas mediante fórmulas de colaboración público-privada impulsadas por el Ayuntamiento.
“Cuando el suelo es público y existe participación municipal, no puede ser una empresa privada quien decida a quién se le adjudica una vivienda. Debe haber un control exhaustivo del IMV”, ha advertido el portavoz socialista, Daniel Pérez.
La propuesta llega tras el escándalo destapado en Alicante en relación con la adjudicación de VPO, que terminó con la dimisión de varios cargos públicos. “Queremos evitar que en Málaga se consolide una sospecha permanente. No pueden repetirse aquí situaciones que han derivado en graves irregularidades en otras ciudades”, ha subrayado Pérez.
El portavoz socialista ha recordado que Málaga lidera los rankings de encarecimiento del alquiler y crecimiento del precio de la vivienda en compra. “Mientras los precios se disparan, el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Exigimos listas claras, información auditada y un control público real en todas las adjudicaciones”, ha afirmado.
Una promoción bajo la lupa
El PSOE también ha señalado como ejemplo la promoción de VPO en la Avenida Ingeniero José María Garnica, pendiente de entrega desde hace más de dos años. Según denuncian, los primeros adjudicatarios no habrían podido elegir vivienda ni orientación.
“Queremos saber qué ha ocurrido. Este nivel de oscurantismo no es admisible en un organismo municipal”, ha reclamado Pérez, quien además ha criticado el retraso de unas obras “prácticamente finalizadas” pero sin actividad visible en el solar. “Treinta y cinco familias siguen sin poder desarrollar una vida normalizada. En Málaga, acceder a una vivienda se ha convertido en un lujo”.
Comisión de supervisión y auditorías
Por su parte, la concejala Carmen Martín, encargada de defender la moción en comisión, propondrá la creación de una comisión no permanente de supervisión, con representación proporcional de todos los grupos políticos. “El objetivo es evaluar los sistemas actuales, revisar los mecanismos de control del acceso a la vivienda y proponer cambios normativos que refuercen la transparencia”, ha explicado.
Además, el PSOE solicitará al IMV una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas realizados en los últimos diez años, junto con la contratación de una auditoría externa independiente que verifique la corrección de los procesos.
Martín también reclamará un informe detallado, en un plazo máximo de tres meses, sobre el Registro Municipal de Demandantes, número de solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos medios de espera. “Queremos saber cuánto tarda realmente una familia en acceder a una vivienda desde que la solicita y establecer mecanismos de prevención de conflictos de intereses”.
La voz de los adjudicatarios
En representación de las familias afectadas, el adjudicatario José Fernández ha denunciado “dos años y medio de promesas incumplidas” por parte del IMV. “Firmamos en julio de 2022 y hemos abonado más de 36.000 euros por familia. Cumplimos todos los requisitos y lo único que recibimos son excusas”, ha declarado. Según explica, en 2024 se les aseguró que las viviendas estaban ejecutadas al 92%, pero la obra continúa prácticamente paralizada.
Fernández también cuestiona el proceso de adjudicación: “Fui de los primeros en elegir y no me ofrecieron todas las opciones disponibles. Pedía una vivienda en el último piso, orientación sur, con diferencias económicas mínimas, y la respuesta fue: ‘esto es lo que hay’”.
El impacto, añade, va más allá de lo económico. “Hay familias atrapadas en alquileres imposibles mientras esperan una vivienda que no llega. Llevamos más de dos años sin una fecha clara. Necesitamos respuestas y soluciones ya”.
