El escándalo de las viviendas protegidas en Alicante ha sacudido en los últimos días al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía investiga ya cinco delitos por las presuntas adjudicaciones amañadas de una promoción de VPOs, la primera en más de veinte años en la ciudad, a cargos públicos del Ayuntamiento que dirige Luis Barcala. Ahora se están conociendo nuevos detalles sobre esta promoción, como que las inmobiliarias pedían pagos de más de 200.000 euros en negro, para superar así el tope de precio por ser viviendas protegidas, o que "se sabía" que varias viviendas estaban adjudicadas a empresarios, según algunos de los interesados.

Los testimonios, que recoge el diario Información, hablan de la promoción en Residencial Les Naus, una cotizada urbanización situada cerca de la playa de San Juan, en Alicante. La urbanización está en el foco de la presunta trama de adjudicaciones que ha llevado, de momento, a las dimisiones de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez y la directora general María Pérez-Hickman. Ambas, junto al arquitecto municipal y varios de sus familiares, habían conseguido adjudicaciones de viviendas de la promoción. El caso ha llevado también a la suspensión de empleo y sueldo a un funcionario de la Generalitat por modificar los datos de su mujer y beneficiarla para conseguir uno de los pisos.

El citado medio recoge el testimonio de una de las interesadas en comprar una VPO en la promoción. Ocurrió cuando fue a ver uno de los pisos: "Empecé a oir que las casas estaban súper dadas, que un empresario tenía tres", cuenta. La mujer asegura que el escándalo era "una historia que se sabía". En agosto, encontró el anuncio de una de las viviendas protegidas en un portal inmobiliario, y se interesó: "Me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados", que es el tope para las VPO, "y el resto, hasta 450.000, en negro".

Hasta 220.000 euros en efectivo: "el modelo privatizador del PP"

La interesada preguntó si realmente debía pagar 223.000 euros en negro para acceder a una de las VPO: "Me respondió que si sabía dónde vivíamos y que esto era España. Que si quería comprar el piso, bien, y que, en caso contrario, se lo dijera", narra. La testigo cuenta que a otros familiares que llamaron les dieron una respuesta similar. Información recoge también el testimonio de otro interesado, un vecino de la propia zona de la urbanización, La Condomina. El hombre cuenta qué pasó cuando trató de contactar con Fraorgi, la empresa promotora.

Tras recibir como respuesta que "todo estaba cubierto", siguieron buscando, tras lo que encontraron pisos de la urbanización en un portal inmobiliario: "Primero salieron en alquiler y no entendía nada. ¿Cómo podía ser tratándose de una promoción protegida para primera vivienda? Enseguida los borraron", explica. Cuando contactó con el portal tiempo después por otro piso de la promoción, se negaron a facilitarle la dirección de la visita que concertaron: "Me decían que lo harían cuando faltara una hora para quedar". 

FInalmente, el interesado fue a ver el piso. Cuando se interesó por su compra, recibió una respuesta similar a la de la primera testigo: el piso se vendía por 230.000 euros, "el tope que marca la Generalitat, y el resto sería hacer un contrato privado y dar un dinero en efectivo al dueño antes de subir a firmar".

La oposición regional ya ha movido ficha contra el escándalo que salpica al PP en Alicante. Ha sido una denuncia del PSPV-PSOE la que ha motivado la investigación en Fiscalía. Su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha reaccionado a los testimonios publicados por el citado medio: "Bienvenidos al PLAN VIVE. El modelo privatizador de vivienda pública del PP", ha lamentado. Por su parte, Compromís ha pedido a la Policía Local de Alicante que investigue estas viviendas por si están alquiladas a terceros, y a Aguas de Alicante que revise el consumo de estos pisos para determinar si están vacíos.