El pasado viernes dimitía la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, después de conocerse que se habría beneficiado, junto con otras personas vinculadas al PP, de la concesión de viviendas de protección públicas (VPP). Tras ello, desde Compromís y el PSPV han registrado una petición para que se investigue en Les Corts lo sucedido y los socialistas valencianos han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta trama de adjudicaciones.
Según ha expresado la portavoz del PSPV, Ana Barceló, el PP de Luis Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para beneficiar a miembros de su partido y a personas relacionadas con la formación con la concesión de viviendas de protección oficial. Así, en la denuncia que han presentado los socialistas este lunes piden que se investigue si estos hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflictos de intereses, estafa y fraude a la Administración. Por su parte, desde el PSPV sostienen que se podría haber incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público del Ayuntamiento en beneficio privado de cargos del PP.
Una denuncia que llega, además, cuando en Alicante existen más de 4.500 familias en lista de espera para poder acceder a una vivienda pública. A razón de ello, la portavoz socialista ha hecho hincapié en que el alcalde convoque pleno extraordinario para analizar lo sucedido a la vez que solicitan una comisión de investigación.
El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Es nuestra obligación solicitar a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal pic.twitter.com/fLqS8rO0Xv
— Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) February 2, 2026
Piden comisión de investigación en Les Corts
Después de conocerse que la concejala de Urbanismo, así como varios nombres cercanos al PP que gobierna en la ciudad, habían sido adjudicatarios de viviendas de protección públicas en la playa de San Juan, son ahora Compromís y el PSPV quienes ha estrechan el cerco y piden que se lleve a cabo una comisión de investigación en Les Corts.
Este lunes el síndic de Compromís Joan Baldoví ha reprochado que el Plan Vive de la Generalitat Valenciana para la construcción de vivienda de protección pública se traduce en un “plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos”. Asimismo, Baldoví ha proseguido defendiendo que dicho Plan se ha caracterizado por “aprovecharse de la política en beneficio propio”, por lo que ha remarcado la petición de su formación para que se investigue la adjudicación de estas viviendas “a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP”.
Por su parte, la portavoz de vivienda de la formación, María José Calabuig, ha advertido de que el escándalo que ahora ha estallado en el seno del Ayuntamiento alicantino no es “un caso aislado” ni “anecdótico”, sino que actúa como reflejo de la estrategia de los populares en materia de vivienda, basada en “dejar de lado” a las familias y personas vulnerables para beneficio suyo. “En su momento ya presentaron el plan Vive, el plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública”, de manera que ahora “personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos”. “Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas”, ha esgrimido.
Por su parte, desde el PSPV-PSOE también se han unido a la petición de esta comisión. “Si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación, los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga. La vivienda pública no es ningún favor, es un derecho”, ha sostenido el diputado del PSPV José Muñoz.
Asimismo, a través de un comunicado, los socialistas valencianos subrayan que “solo en la ciudad de Alicante hay más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno”. “Esto no es mala suerte, ni un error administrativo: es un abuso de poder”, ha señalado.
