El Gobierno aprueba otra vez la subida de las pensiones tumbada por las derechas y activa la polémica con la suspensión de desahucios

El Gobierno de coalición ha vuelto a aprobar este martes la subida de las pensiones, después de que la coalición de Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya decidiese tumbarla la pasada semana. Las negociaciones con los socios habituales han llegado a buen termino y el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la revalorización del 2,7% para las pagas contributivas (más del doble en el caso de las no contributivas, mínimas, invalidez o IMV) separándolas del resto de medidas que se incluían en decreto ómnibus, que también han sido recuperadas, pero en otro texto.

Las tres derechas están en contra de que las familias más vulnerables, la mayoría con menores a cargo, no puedan ser desahuciadas sin tener una alternativa habitacional ni ser víctimas de cortes de los suministros básicos (agua, luz y gas) con los que las multinacionales energéticas engrosan sus beneficios. Esta contrariedad con la protección de aquellos que enfrentan una situación económica dramática fue la justificación de las formaciones neoliberales, defensoras del rentismo y la especulación, para no apoyar el decreto que incluía también la subida de las pensiones, ayudas para los afectados de la DANA o mejoras laborales para los bomberos forestales.

La pinza de nacionalistas españoles y catalanes ha obligado al Gobierno buscar un plan alternativo y separar algunas medida, actuación que no gusta del todo a la parte minoritaria, pero que era la única puerta que ha dejado abierta Junts -el voto siempre negativo de PP y Vox ni es necesario ni se espera que cambie- para que diez millones de pensionistas no vean reducida su pensión después de que esta se hubiese beneficiado de una nueva subida, vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC) desde finales de 2021.

Cambios en la suspensión de desahucios

El resto de las políticas del escudo social también han salido adelante, junto con la actualización de las entergas a cuentas a la Comunidades Autónomas. Destaca la moratoria de desahucios contra familias vulnerables, que se ha separado de las pensiones para no ahuyentar a los de Carles Puigdemont, a lo que ahora la coalición buscará convencer, con nuevos guiños a los caseros acordados con el PNV, para certificar el escudo social en el Congreso de los Diputados. Para ello, se han incluido modificaciones a la suspensión propuesta inicialmente.

“Como novedad, en el caso de propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Además, los propietarios de una o dos viviendas no se verán afectados por la prórroga de este escudo social, sino que corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”, ha explicado los cambios la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. El Ejecutivo baila sobre el alambre, pues la intención por contentar a Junts y los propietarios de vivienda podría suponer la enemistad con las formaciones de izquierdas del arco parlamentario.

Sumar se muestra molesto, pero transige

Sumar no está de acuerdo con que los propietarios de una o dos viviendas en alquiler se libren de la moratoria de desahucios, pero se ha decidido transigir con el acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PNV para introducir esta exención, aludiendo a la compleja aritmética parlamentaria necesaria para aprobar el decreto de escudo social. El portavoz de Vivienda de los magentas, Alberto Ibáñez, cree que no se pueden hacer política de "líneas rojas" y critica a Podemos, que si que se ha posicionado en contra de los cambios, al que insta a huir de "palabras gruesas" contra ese pacto.

“Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ‘solo’ tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad”, ha cargado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, contra el acuerdo que ha emanado del Consejo de Ministros. “Asco absoluto”, ha zanjado.

“El Gobierno pacta con el PNV una medida que agiliza los desahucios, como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias”, ha apostillado la eurodiputada morada, Irene Montero. “Si gobiernas dando la razón a la derecha, luego no te extrañes cuando ganen”, ha concluido, en línea con lo defendido por Belarra.