La magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en una urbanización de la ciudad, en el marco de un procedimiento que apunta a posibles irregularidades administrativas y penales en el proceso de reparto.
La decisión se produce tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presentada la pasada semana por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas una exconcejala, una exdirectora general y otros empleados municipales presuntamente vinculados con la tramitación y adjudicación de los inmuebles.
La instructora ha ordenado además recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución, con el fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales relacionadas con los mismos hechos, disponer de un conocimiento íntegro del caso y darles la correspondiente tramitación procesal. Esta acumulación de actuaciones busca evitar resoluciones contradictorias y facilitar una investigación coordinada sobre un asunto que ha adquirido una notable relevancia pública.
El escándalo por la adjudicación de las viviendas protegidas de la promoción Les Naus, construidas sobre suelo municipal en la zona de Playa de San Juan, ha desencadenado una crisis política y social de gran magnitud en la ciudad. La controversia salió a la luz al conocerse que varias de estas viviendas —destinadas en teoría a familias con ingresos limitados— habrían sido asignadas a cargos políticos, altos funcionarios municipales y familiares directos, en algunos casos sin que constaran los requisitos legales de acceso o con expedientes incompletos. Informes internos apuntan además a la posible omisión de datos económicos relevantes en algunos procedimientos, lo que ha puesto en cuestión la transparencia y el control administrativo del proceso de adjudicación.
La repercusión ha trascendido el ámbito estrictamente administrativo y ha generado un fuerte impacto político en el consistorio alicantino. Diversos responsables municipales han presentado dimisiones en los últimos días, mientras los grupos de la oposición reclaman la depuración de responsabilidades políticas y técnicas. La polémica ha propiciado la convocatoria de plenos extraordinarios, solicitudes de comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas y un intenso debate público sobre la gestión de la vivienda protegida, la ejemplaridad institucional y los mecanismos de supervisión en la administración local.
En paralelo, distintas instancias judiciales y administrativas han iniciado revisiones de expedientes para determinar si algunas adjudicaciones podrían ser anuladas en caso de confirmarse incumplimientos de los requisitos legales. Estas actuaciones se desarrollan en un contexto de creciente preocupación social por el acceso a la vivienda asequible, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas, que ven en la vivienda protegida una de las pocas vías disponibles para acceder a un hogar en condiciones económicas asumibles.
El caso ha reabierto además el debate sobre los sistemas de control en los procesos de adjudicación pública y sobre la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión del parque de vivienda protegida. Expertos en derecho administrativo y políticas de vivienda subrayan que la correcta verificación de los requisitos socioeconómicos y la publicidad de los procedimientos resultan elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar posibles prácticas de favoritismo.
