La regularización masiva de inmigrantes en España continúa siendo uno de los temas clave en el tablero político, siendo la postura esgrimida por voces del Partido Popular las que se constituyen como las más críticas, entre ellas, la de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el discurso sobre esta materia de la presidenta de la Comunidad de Madrid varía según matices de calado, señalando y culpando al Ejecutivo central de atraer migrantes “pobres” a no objetar la llegada de personas de destinos hispanos a su región.
A juzgar por el reflejo de la hemeroteca reciente, la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta del Sol ha cambiado de parecer con respecto a la aceptación social o no, e incluso con matices, de la población migrante, tanto en España como en su comunidad autónoma.
En este punto actual, Génova ha edificado un muro de negación sobre este pacto alcanzado entre el ala socialista del Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos en aras de regularizar a 500.000 personas migrantes. Sin embargo, en lo que concierne a la postura de Díaz Ayuso, su argumentario encuadra algunas diferencias notables.
De cuando Ayuso defendió que los migrantes latinos “no son inmigración”
Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando Díaz Ayuso dijo que “la inmigración hispana no es inmigración”, refiriéndose, a juzgar por sus palabras, a problemas de convivencia por personas procedentes de países con “una integración más complicada”.
En torno a la procedencia de las personas que llegan a España, matizó sus diferencias de aceptación con el siguiente argumento: “Un argentino o un venezolano no es un inmigrante, lo es por una cuestión de papeles, pero no lo es. (…) La inmigración nunca fue un problema en España porque no es un país, sino que es un país de integración”, esgrimió entonces.
Semanas más tarde, y confrontando al ideario de Vox sobre inmigración en un debate de la Asamblea de Madrid, Ayuso replicó con un argumentario que redujo a estas personas migrantes a trabajos precarios: “Digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir los demás”, defendió, dando carpetazo al ‘efecto expulsión’ que vendía la extrema derecha. En este sentido, la presidenta madrileña promulgó el discurso de una inmigración “ordenada, vinculada al trabajo, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras”.
Culpa a Sánchez de atraer “inmigración pobre”
Pese a este argumentario, la postura actual de la mandataria de la Puerta del Sol ahora es más beligerante con la regularización de migrantes, a quienes se les daría un permiso de residencia para poder trabajar en condiciones legales en nuestro país.
Fue este lunes cuando Ayuso cargó contra el pacto de Moncloa y Podemos al considerar que busca atraer “inmigrantes pobres, una inmigración de subsidio” con el mero fin de “manipular los censos y retorcer la verdad”: “El Gobierno necesita ciudadanos pobres para vivir de la pancarta y la subvención”, defendió ante Ana Rosa Quintana en su última entrevista.
“En otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo. Se analizaba cada caso y era una España también diferente, donde la inmigración no pasaba de los 860.000, no suponía un porcentaje apenas de la población. Ahora estamos hablando de que España tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y que todo lo que se hace al margen del estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien”, sostuvo en Telecinco, reiterando que esta medida no la impulsan “por humanidad, sino por electoralismo”.
Esta posición converge con la esgrimida por el conjunto de Génova, tanto del propio Alberto Núñez Feijóo como de otros pesos pesados del partido como su ‘número dos’, Miguel Tellado, quienes han argumentado que el Ejecutivo de Sánchez no busca más que “alterar el censo electoral”, pese a que los beneficiarios de esta medida no podrán votar en unas próximas elecciones.
