Podemos ha alcanzado un pacto con el Gobierno central de Pedro Sánchez para la regularización extraordinaria de personas migrantes este lunes, un avance que ha anunciado la candidata y eurodiputada, Irene Montero. Esta medida en clave de migración es una de las claves que lleva intentando impulsar la izquierda durante toda la legislatura y, de esta manera, aquellas personas con al menos cinco meses de residencia en nuestro país podrán acogerse a este derecho. 

Durante un acto en Madrid centrado concretamente en la regularización de las personas migrantes, Montero ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

En la misma medida, la eurodiputada ha precisado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

Montero ha indicado a su vez que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista". Fuentes del partido morado han explicado que la regularización se desplegará por la fórmula de Real Decreto, es decir, que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados y será aprobada en Consejo de Ministros.

“No podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos. No podemos aceptar la violencia racista. El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Esto es que lo que queremos contar hoy”, ha señalado Montero en clara alusión a los últimos y violentos acontecimientos en Estados Unidos, donde la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, el ICE, ha asesinado al menos a dos personas. “Podemos ha conseguido un acuerdo con el PSOE para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes. Podemos está para garantizar derechos, y los papeles son derechos”, ha precisado.

Claves de la regularización de migrantes

Esta medida en clave migratoria lleva siendo motivo de discusión en el espectro de la izquierda política durante toda la legislatura, especialmente después de que en el Congreso de los Diputados entrase la iniciativa impulsara por colectivos sociales y de carácter popular de estas mismas características, la cual logró hacerse con más de medio millón de firmas.

No obstante, para materializarla y llevarla a cabo en la práctica, viene intrínseca de la negativa encabezada por Junts, que confronta con la postura del resto de socios parlamentarios del Gobierno. Cuando se llevó a deliberación, las enmiendas del Partido Popular y PNV buscaron asociar la autorización de residencia con un contrato de trabajo o actividades económicas en el país; mientras, los neoconvergentes querían traspaso de competencias a Cataluña. En paralelo, las fuerzas de izquierdas, bajo el movimiento de ‘Regularización ya’ buscaban que la ley abarcara el máximo tiempo posible.

Para aquellos que quieran formalizar su regularización en España, además de tener que presentar documentación que lo acredite, como informes médicos, empadronamiento u otros requisitos, a su vez, en el momento de realizar la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno a sus países de origen o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o trabajar sin permiso.

Asimismo, en el momento en que se admita a trámite, se concederá a la persona una autorización de residencia provisional para poder trabajar por la vía legal y acceder a demás derechos fundamentales, como la sanidad pública. En caso de que la resolución sea favorable para el solicitante, el permiso se extenderá a un año y, cuando este llegue a su fin, podrá reclamarse una autorización ordinaria, según reza el reglamento estatal de extranjería.  

Esta iniciativa tampoco es nueva, puesto que guarda su precedente en la regularización masiva impulsada en el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero allá por el 2005, cuando más de 500.000 personas migrantes se vieron beneficiadas.

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