El PSOE de Madrid y el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados han presentado este martes un recurso de reposición ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid contra la autorización del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso de un centro universitario al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que ejerció de acusación en el caso del fiscal general del Estado.
En su recurso, el PSOE considera que el ICAM ha vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales después de capacitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales en los nuevos estatutos aprobados el pasado mes de julio. En este sentido, el diputado en el Congreso y secretario de Justicia del PSOE-M, Guillermo Hita, subraya que "estos organismos solo pueden impartir formación de posgrado, no grados universitarios". "El colegio de abogados además cambió sus estatutos en julio cuatro meses antes de recibir la autorización para poder impartir grados, lo que consideramos una maniobra para evadir la ley", ha añadido. Asimismo, el diputado socialista remarca que la Administración era conocedora de este problema "porque hay informes internos de la Abogacía General que ya habían alertado de que esto era ilegal" y que, pese a ello, "el consejero autorizó el centro".
En este mismo orden de cosas, Hita ha puesto el foco en la "coincidencia sospechosa" de que el ICAM fuera el colegio que participó como acusación particular en el caso del fiscal general y "prácticamente en paralelo ha conseguido la autorización para crear el Grado en Derecho". "Esta decisión refleja cómo decisiones administrativas se entrelazan con intereses políticos", añade, a la vez que adelanta que "si la Administración no atiende" al recurso presentado, "el PSOE de Madrid se reserva la posibilidad de acudir a la vía contenciosa-administrativa para que sea la juistica quien resuelva definitivamente esta ilegalidad".
Esta información se conoce pocos días después de saberse que el Ejecutivo de Sol ha autorizado también al ICAM como centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), lo que supone la primera vez que un colegio profesional está capacitado para expedir títulos oficiales de Derecho y másteres especializados. A partir de ahora, el ICAM podrá ofrecer un Grado en Derecho y varios másteres jurídicos de alto nivel, previsiblemente con tasas más elevadas que las de la enseñanza pública. Con esta anterior autorización, la UCM la Complutense, rodeada actualmente por la infrafinanciación a la que la ha abocado la presidenta regional, coexistirá de forma paralela con el organigrama del ICAM, haciendo frente también a un modelo económico diferente.
El ICAM, presente en la sentencia al fiscal general
Esta nueva autorización del Ejecutivo de Sol debe leerse de forma paralela a la vinculación de tres de los siete magistrados que firmaron el fallo contra García Ortiz —Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral— con el ICAM. Estos tres nombres impartieron un curso sobre recursos de casación organizado por el ICAM, apenas un día después de finalizar el juicio. La formación, dirigida a abogados del turno de oficio, es habitual dentro de la oferta académica del colegio, pero en esta ocasión ha generado especial controversia por la coincidencia con una resolución que ha marcado un precedente político e institucional de gran calado.
La actividad fue remunerada y cada ponente percibió una cuantía determinada por sus horas de intervención. La cercanía temporal con la sentencia y la vinculación económica con la institución que ejerció la acusación han encendido las alarmas sobre la apariencia de imparcialidad del tribunal. Aunque no existe indicio de ilegalidad —los jueces pueden ejercer labores docentes remuneradas sin autorización previa—, el debate se ha trasladado al terreno ético y reputacional.
Todo ello sirvió para que el PSOE en el Congreso exigiera "explicaciones claras" a estos tres magistrados. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reclamaba “explicaciones claras” a los tres magistrados del Tribunal Supremo que participaron en la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que, un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que ejerció la acusación popular en el caso. Para el dirigente socialista, la coincidencia temporal entre ambos hechos “genera sospechas” y exige transparencia inmediata.
“Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas lo que se necesita es una explicación”, señaló López a los medios. A su juicio, si los magistrados no aclaran por qué participaron en una actividad retribuida con la institución que promovió la acusación, la duda sobre la imparcialidad de la resolución se mantendrá. “Si no dan explicaciones, seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia”, ha advertido.
