El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reclamado este miércoles “explicaciones claras” a los tres magistrados del Tribunal Supremo que participaron en la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que, un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que ejerció la acusación popular en el caso. Para el dirigente socialista, la coincidencia temporal entre ambos hechos “genera sospechas” y exige transparencia inmediata.
“Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas lo que se necesita es una explicación”, ha señalado López a los medios desde los pasillos del Congreso. A su juicio, si los magistrados no aclaran por qué participaron en una actividad retribuida con la institución que promovió la acusación, la duda sobre la imparcialidad de la resolución se mantendrá. “Si no dan explicaciones, seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia”, ha advertido.
Preguntado por la posibilidad de participar en una manifestación contra el Supremo, como ha planteado la vicepresidenta Yolanda Díaz, el portavoz socialista ha subrayado que “las sentencias se acatan aunque no se compartan”, pero ha insistido en que la condena a García Ortiz le parecía “una vergüenza” y que mantiene esa valoración. Con todo, López centró su exigencia en la necesidad de transparencia y en la conveniencia de aclarar los vínculos entre el tribunal y la acusación popular, para garantizar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La polémica nace tras conocerse que tres de los siete magistrados que firmaron el fallo contra García Ortiz —Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral— impartieron un curso sobre recursos de casación organizado por el ICAM, apenas un día después de finalizar el juicio. La formación, dirigida a abogados del turno de oficio, es habitual dentro de la oferta académica del colegio, pero en esta ocasión ha generado especial controversia por la coincidencia con una resolución que ha marcado un precedente político e institucional de gran calado.
La actividad fue remunerada y cada ponente percibió una cuantía determinada por sus horas de intervención. La cercanía temporal con la sentencia y la vinculación económica con la institución que ejerció la acusación han encendido las alarmas sobre la apariencia de imparcialidad del tribunal. Aunque no existe indicio de ilegalidad —los jueces pueden ejercer labores docentes remuneradas sin autorización previa—, el debate se ha trasladado al terreno ético y reputacional.
El ICAM pagó un curso a tres jueces tras el fallo
La condena al ex fiscal general del Estado supone dos años de inhabilitación, una multa económica y una indemnización a la persona afectada por la filtración de un correo electrónico. La resolución ya generó división dentro del propio tribunal, con dos magistradas firmando un voto particular que defendía la absolución de García Ortiz. Esta disparidad interna se amplifica con la polémica actual y reaviva el debate sobre la independencia judicial.
La participación de los magistrados en el curso del ICAM abre una discusión más amplia sobre los límites entre la actividad jurisdiccional y la docencia remunerada, especialmente cuando existe una relación directa con la parte acusadora. Sectores críticos consideran que este hecho, aun siendo legal, erosiona la confianza en la imparcialidad del fallo. Otros defienden que la actividad formativa de jueces y magistrados forma parte de la vida profesional y no debería convertirse en un factor de deslegitimación.
La controversia estalla, además, en un contexto político altamente polarizado, en el que cada decisión judicial relevante se somete a un escrutinio intenso. Para el PSOE, la clave no es cuestionar directamente el fallo —que dice acatar—, sino exigir explicaciones para preservar la confianza institucional. La oposición, en cambio, acusa al Gobierno y a sus aliados de atacar a los jueces con el objetivo de desviar la atención sobre las condenas vinculadas a cargos públicos.
