La decisión de la Comunidad de Madrid de autorizar al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) como centro universitario adscrito a la Universidad Complutense ha abierto un debate que rebasa lo académico y alcanza lo institucional, lo político y lo económico. Por primera vez en la historia reciente del sistema educativo español, un colegio profesional podrá expedir titulaciones oficiales de Derecho y másteres especializados, una prerrogativa hasta ahora únicamente reservada a universidades públicas y privadas consolidadas. Y no se produce en un momento cualquiera: la autorización coincide con el papel del ICAM como acusación popular en la causa contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el contexto de la filtración de información fiscal relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
A partir de ahora, el ICAM podrá ofrecer un Grado en Derecho y varios másteres jurídicos de alto nivel, previsiblemente con tasas más elevadas que las de la enseñanza pública. La Complutense, actualmente inmersa en reivindicaciones de financiación, paros estudiantiles y reorganizaciones internas, se verá obligada a coexistir con una estructura paralela capaz de atraer al mismo perfil de estudiantes, pero bajo un modelo económico distinto. El riesgo que algunos ven ya es claro: que nazcan dos caminos dentro de la misma universidad, uno accesible y otro excluyente en función de la capacidad económica del alumnado. O dicho en voz baja por quienes observan con inquietud, dos Derechos: uno para quien pueda pagarlo y otro para quien no.
“Esta Comunidad parece un casino”
En el plano político, el PSOE ha solicitado paralizar el procedimiento hasta realizar una revisión técnica y establecer criterios claros y verificables para futuras adscripciones universitarias. Su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha sido contundente al cuestionar el origen de la decisión: “No sabemos cuál ha sido la motivación para esta decisión, pero no parece que exista una necesidad real de otra facultad de Derecho. Lo que sí hace falta son más plazas públicas.”
Espinar ha añdido un elemento que ha intensificado el debate: la posibilidad de que esta autorización pueda interpretarse como una contraprestación institucional. Por ello ha reclamado una auditoría externa independiente: “Esta Comunidad parece un casino donde siempre gana el mejor postor, y curiosamente siempre suele estar cerca de la presidenta”.
El PSOE no centra su crítica en el ICAM como institución jurídica, sino en lo que considera un movimiento administrativo “en tiempo exprés”, con consecuencias replicables. Su propuesta es abrir un mecanismo de supervisión permanente que permita evaluar objetivamente cualquier futura solicitud de adscripción universitaria para evitar discrecionalidad, desequilibrios institucionales o, como temen algunos, privatizaciones encubiertas dentro de la universidad pública.
El Colegio que acusaba y la Administración que autorizaba
El peso político del caso está en el calendario. En abril de 2024, el ICAM anunció su personación como acusación popular en la causa contra García Ortiz, solicitando para él cuatro años de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 81.000 euros. El caso giraba en torno a la filtración de información tributaria vinculada a la pareja de la presidenta madrileña, un asunto de enorme carga política.
Durante los meses siguientes, el ICAM no fue un actor secundario: lideró la línea acusadora. Esa postura se mantuvo hasta noviembre, cuando el juicio entró en su fase más determinante. Y fue entonces cuando se produjo el movimiento administrativo que ha reconfigurado el mapa formativo jurídico en Madrid. El 11 de noviembre, con el juicio aún en marcha, el Consejo de Gobierno autorizó la adscripción. El 14 se publicó en el Boletín Oficial. Seis días después se conoció la sentencia condenatoria.
El encadenamiento es cronológico, no especulativo. Y es este orden temporal, más que el contenido académico del proyecto, lo que ha desencadenado el análisis. No existen pruebas de un intercambio directo de favores, pero la secuencia ha abierto un espacio legítimo de preguntas políticas e institucionales. Un Colegio que acusa. Una Administración que concede. Una universidad que nace. Y un silencio administrativo que, hasta ahora, no explica el porqué.
