El caso judicial que ha terminado con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha tenido muchas ramificaciones e intereses ocultos tras de sí que poco a poco van desgranándose. Una de las líneas más interesantes al respecto es la que une al Tribunal Supremo con el Colegio de Abogados de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía denunció el fraude fiscal de Alberto González Amador en marzo de 2024, mismo mes en el que la defensa del empresario ofrece un pacto a la Fiscalía que trasciende a la prensa con un bulo de El Mundo de por medio. El 13 de marzo de 2024, la presidenta madrileña adjudica a dedo una subvención de 43 millones de euros al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Tan solo una semana después, el ICAM denuncia al fiscal general del Estado por revelación de secretos. 

Tras esta semana y media de vaivén inicial, el caso entra en stand-by con el acuerdo de Amador con la Fiscalía en la lontananza y con la denuncia al fiscal por revelación de secretos sobre la mesa. Es en noviembre de 2025 cuando el ICAM paga a tres jueces del Tribunal Supremo para impartir cursos mientras corría la propia deliberación del juicio. Los tres jueces contratados votan a favor de la condena del fiscal general del Estado, lo que ha abierto un profundo debate sobre la imparcialidad en el juicio.

Paralelamente a ello, Ayuso concede al ICAM, por primera vez en la historia, ser el primer colegio profesional que asciende a convertirse en una Universidad. Por otro lado, puede destacarse que uno de los jueces del Supremo que condenó al fiscal general solo dirigió dos tesis doctorales: la del abogado del novio de Ayuso y la del abogado de la acusación contra el Fiscal General, en 2024 y 2025 respectivamente.

 
El PSOE exige explicaciones

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reclamó este miércoles “explicaciones claras” a los tres magistrados del Tribunal Supremo que participaron en la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que, un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, impartieron estos cursos remunerados organizados por el ICAM, entidad que ejerció la acusación popular en el caso. Para el dirigente socialista, la coincidencia temporal entre ambos hechos “genera sospechas” y exige transparencia inmediata.

“Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas lo que se necesita es una explicación”, explicaba López a los medios desde los pasillos del Congreso. A su juicio, si los magistrados no aclaran por qué participaron en una actividad retribuida con la institución que promovió la acusación, la duda sobre la imparcialidad de la resolución se mantendrá. “Si no dan explicaciones, seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia”, advertía el portavoz.

La participación de los magistrados en el curso del ICAM ha abierto el debate sobre los límites entre la actividad jurisdiccional y la docencia remunerada, especialmente cuando existe una relación directa con la parte acusadora. Sectores críticos consideran que este hecho, aun siendo legal, erosiona la confianza en la imparcialidad del fallo. Otros defienden que la actividad formativa de jueces y magistrados forma parte de la vida profesional y no debería convertirse en un factor de deslegitimación. Para el PSOE, la clave no es cuestionar directamente el fallo —que dice acatar—, sino exigir explicaciones para preservar la confianza institucional. La oposición, en cambio, acusa al Gobierno y a sus aliados de atacar a los jueces con el objetivo de desviar la atención sobre las condenas vinculadas a cargos públicos.

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