La Ley de Nietos continúa generando choques en el plano político, especialmente, entre el Gobierno central y los principales partidos de la oposición de derechas. Desde el Partido Popular y Vox han maniobrado en las últimas horas han venido exigiendo que se anule la instrucción del Ministerio de Justicia que permitirá nacionalizaciones a través de esta normativa; mientras, desde Moncloa, han venido reprochando estas posturas.
La ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha situado el foco en la postura del Partido Popular por haberse sumado a la “carrera ultra” del partido de Santiago Abascal, lo que ha calificado como una estrategia para “recortar derechos y desproteger a los trabajadores”. Según ha desgranado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha manifestado que los de Alberto Núñez Feijóo buscan “establecer ciudadanos de primera y de segunda” con políticas migratorias “xenófobas”.
“Lo que no quieren es a ciudadanos con derechos”, ha afeado, al tiempo que ha mostrado, en nombre del Gobierno, su “máximo respeto” a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que ha exigido motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados según esta ley, además de pedir a la Oficina del Censo que diese instrucciones a los consulados sobre los criterios para elegir los lugares en los que votar. Cabe recordar que la JEC rechazó las medidas cautelares interpuestas por Vox.
Saiz ha recordado en este sentido que la ley de nietos logró luz verde “con una mayoría importante del Congreso de los Diputados”, reiterando que en Génova llevaban “una medida en este sentido” tiempo atrás y de la que ahora reniegan.
La JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la ley de nietos que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además, se declaró incompetente para actuar alegando que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por esta vía excede de sus competencias.
Sin embargo, cuatro vocales de los trece que componen el organismo arbitral discreparon de esa resolución y, en un voto particular, avisaron de que se había producido un “incremento irregular” del censo electoral porque la instrucción dictada por Justicia para aplicar la normativa abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.
PP y Vox unen fuerzas en detrimento de la ley de nietos
Por un lado, este lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de Génova, Alma Ezcurra, anunció que su partido solicitó “la nulidad de oficio” de la instrucción, argumentando que la JEC “tiró de las orejas” al Gobierno central al considerar que “infla el censo exterior más allá de lo que dice la ley”, en alusión a la Ley de Memoria Democrática vigente y que viene secundado la normativa sobre los descendientes de españoles que emigraron al extranjero durante la Guerra Civil.
En voz del propio Feijóo, ya vino advirtiendo de que su partido empleará todos los mecanismos legales para evitar “que se regalen nacionalidades” ante el temor que aseveran de un aumento del censo electoral. “Por nuestra parte solicitamos la nulidad de oficio de una instrucción que en nuestra opinión es nula clarísimamente de pleno derecho y esperamos que el gobierno haga públicos y transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas hasta el momento y paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homógenos que se han pedido”, precisó Ezcurra al respecto.
Este martes, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha pronunciado en la misma dirección, precisando que el PP se mantendrá a la espera de conocer si se anula o no la instrucción impulsada por el Ministerio de Félix Bolaños: “Eso es la vía administrativa y, por tanto, hasta que no nos respondan no podemos seguir con otro tipo de vías”, ha precisado en rueda de prensa.
Desde la formación de Abascal, han avanzado este martes que recurrirán ante el Tribunal Supremo la resolución de la JEC ya que, según han precisado fuentes del partido, coinciden con los vocales discrepantes al considerar que existe una clara “alteración del censo electoral” que califican de “cacicada”.
Pero este no sería el único movimiento de Vox para tumbar la ley de nietos. En ocasiones previas, pidieron ante la Secretaría de Estado de Justicia impugnar la instrucción del Ministerio de 2022 que amplía el acceso a la nacionalidad abriendo así la puerta a descendientes españoles emigrados por motivos políticos y económicos. Además, exigieron suspender las inscripciones “masivas” en el voto CERA y vetar el voto por correo desde el extranjero al considerar que se realiza “sin garantías de identidad y custodia”.
Yendo incluso más allá en el tono político, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de haber realizado “actuaciones mafiosas” para influir en la decisión de la JEC: “El Gobierno es plenamente consciente de que esta denominada 'ley de nietos' supone un coladero, que la necesita para pervertir el censo electoral y que si tienen que recurrir a las actitudes mafiosas a las que nos tienen acostumbrados, lo van a seguir haciendo”, ha augurado.
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