El PP se metió en un laberinto sin salida con la conocida como ‘ley de nietos’, pero por si quedaba alguna duda respecto de este aparatado de la Ley de Memoria Democrática, la hemeroteca la ampara; y el Partido Popular, por mucho que en las últimas semanas sembrase dudas sobre ella, también lo ha hecho históricamente.

La normativa que ahora la formación conservadora degrada -últimamente con menos insistencia y centrando esas críticas en una supuesta prisa y opacidad del Gobierno de España en el proceso- ha pasado 32 trámites parlamentarios y fue solicitada de algún modo por el PP en un tiempo que ahora al partido conservador parece lejano.

Pero la última crítica de los ‘populares’ hacia la normativa también se cae. De últimas, la formación está dirigiendo su ofensiva a la rapidez del proceso y la falta de transparencia de este, pero el Gobierno desmonta con los datos en la mano los intentos de la derecha por esta vía.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado en las últimas horas en una entrevista concedida a El País que “resolver todos los expedientes puede tardar años, como pasó con la Ley de Memoria Histórica” de 2007.

Actualmente, en palabras del ministro, son 300.000 las personas que tienen pasaporte y cerca de 600.000 las que lo tienen reconocido. “Ni hemos acelerado ni hemos hecho nada que no se hubiera hecho en el pasado”, dice en la conversación con el periódico mencionado, en la que recuerda que en época de Felipe González se llevaron a cabo dos modificaciones “en este sentido”, mientras que con José María Aznar “se ampliaron los derechos para la adquisición de la nacionalidad española”.

Asimismo, lamenta que los de Génova “dicen una cosa en Madrid y otra en Buenos Aires”, recordando que distintos miembros ‘populares’, entre ellos el propio Alberto Núñez Feijóo, prometieron en distintos foros y campañas electorales, tanto en la capital argentina como en nuestro país, que harían todo lo posible para que “todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Así, tirando de hemeroteca, el ministro afea la “hipocresía” del PP con la ley, que empezó la guerra contra ella dejando entrever que ésta podría modificar el censo electoral, lo cual está demostrado que no es así. Pero Ángel Víctor Torres va un paso más allá en este sentido. “(…) Cada uno votará lo que le dé la gana, ¿o es que el PP ya sabe lo que van a votar”, pregunta.

Trabajo de los funcionarios, defensa del Partido Popular y trámites parlamentarios

Entre los pormenores, pero no carentes de importancia, de la ‘ley de nietos’, el responsable de Memoria Democrática proyecta que ha de haber “alguna razón objetiva y documentada de arraigo” para que se otorgue este derecho y pone en valor a los funcionarios que trabajan en ello y que también salieron en tromba, en su caso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien culpó a los profesionales de “estar haciendo algo ilegal” si “otorgan la nacionalidad a quien no la merece”.

En este apartado, Ángel Víctor Torres pone de manifiesto que “puedes reforzar los equipos, pero los expedientes solo son validados por fedatarios públicos, funcionarios”. “Ponerlos en cuestión como han hecho Feijóo e Isabel Díaz Ayuso es una locura. Han metido la pata y ahora no saben cómo salir del atolladero”, expresa.

Pero hay más motivos por los que el PP ha “metido la pata”. Para empezar, porque sus dirigentes han sido los primeros en defender que los familiares de los españoles exiliados puedan votar. Lo han hecho varias veces en Argentina, donde se habrían presentado “casi el 50% de solicitudes”, según las cifras que maneja el Gobierno.

Tanto aquí domo dentro de nuestras fronteras, el histórico dirigente de la formación, Manuel Fraga, o Feijóo cuando era presidente de la Xunta, apuntaron en esta dirección, lo mismo que Alfonso Rueda, sucesor en el cargo del ahora responsable de las principales siglas de la oposición, o la ahora portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

A más a más, la ‘ley de nietos’ no es ni mucho menos algo que haya salido de la nada, sino que obedece a un texto que ha atravesado una treintena de trámites parlamentarios, 32 para ser exactos, en los que se recogen desde nuevos debates en pleno y comisiones en las Cámaras (Congreso y Senado), hasta 16 publicaciones en las Cortes Generales, cinco en el Diario de Sesiones y un par de ellas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La realidad, pese a la insistencia ‘popular’, es que la ley lleva cuatro años y 469 enmiendas después (93 del PP) aprobada. Además, la instrucción polémica que aclara su repercusión se publicó en el BOE en octubre de 2022.

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