Arranca una semana de aliento contenido en La Moncloa en la que, una vez más, las noticias llegarán a la política desde los tribunales. Entre las causas judiciales que afectan al Gobierno y que tienen fechas clave previstas para los próximos días está la que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que después de más de dos años de instrucción protagonizada por el polémico juez Juan Carlos Peinado, tiene ahora su futuro en manos de otros cinco magistrados.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya ha tenido que corregir la actuación del instructor en una veintena de ocasiones, aborda desde este lunes la decisión de juzgar a la esposa de Pedro Sánchez frente a un jurado popular. Peinado se empeñó en llevar el juicio oral a Gómez por este cauce, a pesar de la multitud de formas en las que se le ha rebatido su conveniencia.
La propia Sección lo hizo en febrero, a lo que se sumaron los escritos de recurso de las defensas e, incluso, parte de la propia acusación popular, integrada por asociaciones de extrema derecha como Manos Limpias, que en la cita en la que Peinado reiteró esa decisión señaló que aplicar la ley del jurado “es precipitado”, y que no hay “motivos siquiera indiciarios” de tres de los cinco delitos que el juez achaca a los investigados.
Aun así, el pasado 20 de junio, Peinado ordenó abrir juicio oral contra Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En el caso de las dos primeras, además de enviarlas a juicio, el juez les retiró el pasaporte, en una inaudita decisión -una más- que achacó al riesgo de fuga de la mujer del presidente del Gobierno, agravó señalando que los propios policías que la escoltan podrían ayudarla, y justificó unas semanas después aludiendo a la huida del ex primer ministro italiano Bettino Craxi a Túnez en 1994.
La propia Fiscalía acusó a Peinado de “confabulación”, y pide el archivo de la causa al considerar que “los hechos narrados” en el auto de apertura de juicio oral “no son constitutivos de infracción penal”. El Ministerio Público recuerda que Gómez “no cobró cantidad alguna” por codirigir la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que es objeto de la investigación, y que ni ella ni ninguno de los acusados han hecho “una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros”.
Los dos recursos de Gómez y Fiscalía
Pero de vuelta a la Audiencia Provincial, los cinco jueces abordan este lunes en pleno la decisión sobre dos de los recursos que pesan sobre las polémicas decisiones de Peinado. La instancia superior deberá decidir sobre las quejas de las defensas y de la propia Fiscalía sobre la decisión de que el juicio se celebre ante un jurado popular. En el centro del debate estará el delito de malversación, que es en el que el instructor justificó esa decisión.
Los magistrados ya decidieron en contra en febrero, señalando que Peinado no justificó lo suficiente sus argumentos para decretar el avance procesal, y ordenó retrotraer las actuaciones a un momento previo a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado. Sin embargo, el juez no cejó en su empeño de hacer la causa lo más extensa y cercana a Pedro Sánchez posible, y volvió a acusar a Gómez de aprovecharse de su “posición” como mujer del presidente en beneficio de su trayectoria profesional.
La defensa de Gómez presentó entonces un recurso, en el que señalaba que el magistrado faltaba “plenamente a la realidad” y que el argumento de ser esposa de Sánchez es “absolutamente incorrecto”, y pedía anular la decisión. Gómez ya dirigía un máster en la Complutense en 2014, cuando Sánchez era un militante del PSOE, aspirante a secretario general. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, añade el abogado Antonio Camacho.
La decisión, en manos de la Sección 23
Ahora es la Audiencia Provincial la que tiene la pelota en su tejado. Los cinco jueces que se reúnen este lunes para tomarla son su presidenta, María del Rosario Esteban, y los otros dos que han abordado decisiones sobre la instrucción en el pasado. Se trata, por un lado, de Jesús Gómez-Angulo, que tiene una estrecha vinculación familiar con el Partido Popular; y por otro de Enrique Jesús Bergés de Ramón, que estimó un recurso de Rodrigo Rato para evitar la investigación sobre los fondos de su hija.
A ellos se sumarán el juez José Sierra Fernández, ponente en una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía en la que participaron también Gómez-Angulo y Bergés; y por último Carlos Prat Westerlindh, que sustituye a la magistrada María del Pilar Llop, que se inhibió de la causa en 2024 al haber sifdo ministra de Justicia en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez.
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