Moncloa busca en Europa la llave para recuperar a Junts y salvar la legislatura

Semana clave para el futuro del Gobierno y las patatas no se asan precisamente en el Congreso de los Diputados. En los calendarios del Palacio de la Moncloa está señalado en rojo el 16 de julio, día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita – por fin – su veredicto sobre la Ley de Amnistía, aprobada al principio de la legislatura. Con la presión de los casos judiciales, los primeros pasos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y una mayoría parlamentaria cada vez más exigua, buena parte de las esperanzas de la coalición pasan por la corte de Luxemburgo. Intramuros del edificio presidencial confían en que el dictamen sirva como piedra de toque para reconstruir las relaciones con Junts per Catalunya y atraerles de nuevo hacia el bloque de la investidura para, de este modo, cauterizar mínimamente las heridas en la Carrera de San Jerónimo.

El Gobierno no contempla el fallo del TJUE como un episodio meramente judicial. Nadie lo hace, de hecho. No sólo Moncloa estará ojo avizor a lo que ocurra en Luxemburgo, también el resto de grupos parlamentarios para estudiar sus próximos movimientos. Lo interpretan como un punto de inflexión político. La convicción en el entorno del presidente es que una resolución favorable al espíritu de la normativa rebajaría los niveles de tensión con los de Carles Puigdemont y abrir un nuevo espacio al entendimiento para aguantar lo que queda de legislatura y quién sabe si agotar la misma con el dulzor de la victoria por la aprobación de las Cuentas Públicas.

De momento, todo es un castillo en el aire. En juego no sólo está el futuro del expresident de la Generalitat, sino la viabilidad de la legislatura y, sobre todo, la capacidad de supervivencia del Gobierno en el sprint final de ésta. Máxime en un terreno de juego donde los neoconvergentes han endurecido su discurso contra el jefe del Ejecutivo, incluso proponiendo la vía de un candidato alternativo a Pedro Sánchez para que el PSOE llegara vivo al final del cuatrienio. Así, en Moncloa dan prácticamente por descontado que este último ejercicio no se podrá sostener en exclusiva sobre los datos económicos o la legislación social; sobre todo cuando el rechazo de los nacionalistas catalanes a los proyectos del Ejecutivo es constante. De ahí, que en el Gobierno consideren el fallo del tribunal europeo como un imprescindible para engrasar de nuevo el bloque de la investidura.

Y ahí aparece de nuevo Junts. Las relaciones entre sendas partes llevan meses en un punto de no retorno. Los de Puigdemont se salieron de la disciplina de la mayoría de la investidura y, a raíz del goteo de titulares que salpican al Partido Socialista, han endurecido su discurso contra el presidente del Gobierno y la fuerza mayoritaria de la coalición, sumando sus siete escaños a los de Partido Popular y Vox. Los puentes llevan tiempo hechos girones y los de Miriam Nogueras hace tiempo que abandonaron la condición de socio fiable.

En el Gobierno, sin embargo, entienden que la amnistía se mantiene como el principal pegamento de esa mayoría. La tesis que manejan en la coalición – especialmente en su facción mayoritaria – es que si el TJUE respalda la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario, se abriría una nueva fase política en la que Junts dispondría de mayores – y mejores – incentivos para priorizar sus negociaciones con el PSOE. En un momento, además, de coqueteo forzado por el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El factor Puigdemont

Aunque las cuestiones prejudiciales sobre las que resolverá el tribunal europeo proceden del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional, sus consecuencias pueden extenderse a otros procedimientos relacionados con la aplicación de la amnistía, especialmente aquellos que afectan a Carles Puigdemont. Las conclusiones emitidas en su día por el abogado general fueron, en términos generales, favorables a la compatibilidad de la ley con el Derecho europeo, aunque introducían algunos matices procedimentales. Ahora será la Gran Sala del TJUE la que fije una doctrina vinculante que servirá de referencia para los tribunales españoles.

En el Gobierno evitan hacer pronósticos públicos sobre el contenido del fallo. Sin embargo, existe la expectativa de que una resolución favorable facilite el siguiente paso en el recorrido judicial de Puigdemont y contribuya a desatascar uno de los principales focos de tensión de la legislatura. En un momento en el que el Ejecutivo necesita reconstruir alianzas para llegar a 2027, la decisión que llegue desde Luxemburgo puede acabar teniendo un alcance mucho mayor que el estrictamente jurídico. En Moncloa son conscientes de ello. Por eso, más que una sentencia, esperan una oportunidad para volver a tender puentes con el socio que puede decidir el futuro de la legislatura.

Leyes para amortiguar el ruido

El objetivo del Ejecutivo pasa por recuperar la iniciativa política tras un inicio de verano marcado por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y por el constante enfrentamiento con la oposición. La estrategia diseñada en Moncloa consiste en volver a situar el foco sobre la producción legislativa. Vivienda, medidas económicas y, especialmente, los Presupuestos de 2027 forman parte de una hoja de ruta con la que Sánchez pretende transmitir la imagen de un Gobierno que sigue gobernando pese al ruido político.

En ese esquema, recomponer la interlocución con Junts resulta imprescindible. Sin los siete diputados del partido independentista catalán, prácticamente cualquier iniciativa relevante corre el riesgo de naufragar en el Congreso. Por eso, el fallo del TJUE se ve como algo más que una sentencia jurídica. Puede convertirse en el elemento que permita rebajar la desconfianza mutua y reconstruir un canal político deteriorado durante los últimos meses.