El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha sido imputado tras la denuncia por acoso sexual y laboral que interpuso contra él una excompañera del partido (PP). La jueza que investiga los hechos ha citado como investigado al regidor el próximo 9 de octubre.

Unos días después, el 23 del mismo mes y el 6 del siguiente, están citados cinco testigos cuya declaración solicitó la acusación particular. Entre estas personas se encuentran el que fuera jefe de Comunicación del Ayuntamiento, David Zamorano, y el también exedil de la formación conservadora en Móstoles, Raúl Gallego, quien dimitiera en marzo después de mostrar su solidaridad con la compañera denunciante.

Los hechos fueron denunciados por la mujer el pasado 16 de febrero y ratificados el 29 de junio en el juzgado de la localidad mostoleña. En la querella, la denunciante explica cómo Bautista empezó una campaña contra ella a través de rumorología falsa acerca de una posible relación íntima entre los dos e impidiéndola ejercer sus funciones en el consistorio, hasta que ésta dimitió. La presunta víctima había llegado a ser número dos del alcalde en la lista municipal.

La mujer lamenta también que personas de alta responsabilidad dentro del partido y de máxima confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, miraron para otro lado e incluso buscaron su silencio. Los dos nombres que aparecen en este sentido encima de la mesa son el de Alfonso Serrano, secretario general de los populares en la región, y Ana Millán, vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid.

El PP cierra filas con Bautista

La número tres de la presidenta llegó a pronunciar en una de las reuniones con la exconcejala que el “amparo” que la formación podía darle pasaba porque “se quitara de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. En una de las grabaciones aportada a la causa, Millán le reconoce a la denunciante que lo que ha sufrido “es un acoso de manual”, pero le intenta convencer de que no vaya por la vía judicial, no sin antes prometerle que van a “parar esto”. “Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada”, le emplaza.

La acusación ha pedido que la propia Ayuso declare en calidad de testigo. La presunta víctima informó a la presidenta de la Comunidad de Madrid del acoso que estaba sufriendo, pero tampoco haría hecho nada. De hecho, después de saltar la noticia, adelantada por el diario El País, la baronesa ha defendido a ultranza a Bautista cada vez que ha salido el tema o ha sido preguntada por él por parte de los medios de comunicación.

El alcalde, por su parte, ha intentado que se archive la investigación argumentando que los hechos denunciados por su compañera de partido no eran delito, sino que se correspondían con meras “discrepancias laborales”, término parecido al que usó la baronesa de Sol en una de sus intervenciones acerca del asunto, cuando enmarcó la denuncia en el marco de una “disputa laboral”.

La jueza desestimá las intenciones del regidor mostoleño

La jueza desestimó las pretensiones de Bautista alegando, en contra de lo que señaló el máximo responsable mostoleño -que había una “ausencia manifiesta de indicios racionales” de criminalidad-, que “los hechos denunciados en la querella son claramente constitutivos de ilícito penal”, con lo que calificaba como “necesario” comprobar “si se produjeron tales delitos y, en su caso, determinar las responsabilidad y perjuicios ocasionados”.

El escrito de la acusación destaca también que el documento vino acompañado de “una extensa prueba documental” e identificaba “una serie de testigos que habrían tenido noticia e incluso presenciado los hechos objeto de denuncia”. Con todo ello, la Justicia determinó que era “preceptivo determinar su realidad, su calificación, la autoría, en su caso, y el perjuicio causado” a la presunta víctima.

El abogado que representa a la mujer considera que la citación para el próximo 9 de octubre al alcalde viene a refrendar la existencia de indicios de criminalidad en los hechos denunciados, que pide investigar en profundidad.

En definitiva, el letrado confía en que “el recurso de apelación presentado por el edil contra la admisión a trámite de la querella sea desestimado por la Audiencia Provincial -donde continúa-, como lo fue el recurso de reposición por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por cuanto, como bien dice el auto de este último, los hechos que se denuncian en la querella resultan, con carácter indiciario y presunto, constitutivos de delitos de acoso sexual y laboral; y, por ello, procede su investigación en fase de instrucción”.

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