Ayuso desafía a Moncloa y mantiene en pausa el registro de objetores del aborto

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene abierto un nuevo frente con el Ejecutivo central. Esta vez, el escenario es el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante el aborto, cuya tramitación ha quedado en pausa después de que la Comunidad de Madrid iniciara el procedimiento obligada por una resolución judicial. La estrategia del Ejecutivo autonómico pasa por ajustarse estrictamente a lo que exigían las medidas cautelares. El tribunal ordenó iniciar los trámites, pero no estableció una fecha concreta para completar el proceso ni para poner en funcionamiento el registro.

Madrid se aferra ahora a ese margen y sostiene que ya ha cumplido con la justicia, por lo que esperará a que exista una sentencia antes de avanzar. Una estrategia que permite al Ejecutivo madrileño ganar tiempo y evitar, por ahora, una decisión políticamente incómoda ante Vox, mientras Ayuso refuerza su papel como principal antagonista de Sánchez y consolida un perfil conservador en materia de aborto que ya ha mostrado con iniciativas como la ley del concebido no nacido. “Hemos dado cumplimiento al auto del tribunal al iniciar el procedimiento y ahora debemos esperar a la sentencia que se dicte en su momento”, ha expresado un portavoz del Gobierno autonómico a El País. 

La posición de la Comunidad ha vuelto a situar a Ayuso frente al Gobierno de Pedro Sánchez en una cuestión especialmente sensible. Mientras el Ejecutivo madrileño defiende que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en la región, el Ministerio de Sanidad acusa a la Comunidad de retrasar deliberadamente la puesta en marcha del registro. “Hemos hecho lo que se nos ha indicado”, ha insistido el portavoz regional, que ha asegurado que en Madrid el derecho a la interrupción del embarazo “es un hecho”, con “más de 20.000” abortos en 2025.

Sanidad acusa a Madrid de “arrastrar los pies”

Desde el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, la lectura es muy diferente. El Gobierno central ha considerado que la Comunidad está aprovechando los tiempos judiciales para retrasar todo lo posible una medida que rechaza políticamente.

“La Comunidad de Madrid está arrastrando los pies para cumplir lo más tarde posible lo que la justicia le ha ordenado: que cree el registro de objetores”, ha afirmado un portavoz del Ministerio. “Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, elevar el caso a los tribunales para que tomaran la decisión pertinente”, ha añadido.

El Ministerio ha sostenido que, tarde o temprano, la Comunidad tendrá que completar el proceso. “Ayuso, por mucho que se niegue, tendrá que acabar materializando lo que está intentando alargar: crear el registro de objetores y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid”. El conflicto se remonta al acuerdo alcanzado el 16 de diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entonces se aprobó por unanimidad un protocolo de coordinación para implantar el registro en todas las administraciones sanitarias.

Casi un año después, el Ministerio de Sanidad requirió a Aragón, Baleares y Madrid que pusieran en marcha sus respectivos registros. Ante la falta de avances en la Comunidad de Madrid, el Gobierno central acudió a la justicia a través de la Abogacía del Estado. La justicia ordenó cautelarmente a la Comunidad de Madrid “iniciar de inmediato los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia (...) así como para la implantación del mismo conforme”.

Sin embargo, el auto no establecía ningún plazo para terminar el procedimiento. El propio Consejo General del Poder Judicial aclaró que “la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid”, aunque “sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente”.

Ese margen es el que utiliza ahora el Gobierno de Ayuso. La Comunidad ha iniciado formalmente el proceso y considera cumplida la orden judicial, pero no tiene intención de culminarlo mientras no exista una sentencia que la obligue a seguir avanzando. En la práctica, el registro queda así en un limbo administrativo. Madrid ha hecho exactamente lo necesario para cumplir la medida cautelar, pero ni un paso más.

El PSOE teme que el proceso se alargue hasta 2027

La falta de un calendario concreto ha despertado las críticas de la oposición, que sospecha que el Ejecutivo madrileño tratará de prolongar el procedimiento hasta las próximas elecciones autonómicas. La diputada socialista Lorena Morales ha expresado abiertamente ese temor: “No hay unos plazos establecidos, así que temo que lo alarguen todo lo que puedan a ver si en el 2027 ya no gobierna el PSOE y pueden cargarse directamente el aborto. Es bastante fuerte, aunque esperable, que no haya habido ningún movimiento, ni en un sentido ni en otro. No se lo vamos a permitir porque a las mujeres nos va la vida en ello”.

La documentación elaborada por la propia Comunidad de Madrid también refleja su rechazo a la creación del registro. Durante la tramitación, el Gobierno regional dejó constancia en numerosas ocasiones de que actuaba como consecuencia directa de la resolución judicial.

En el apartado dedicado a las posibles alternativas, la Comunidad defendió el sistema que ya aplica actualmente. “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”, señalaba la documentación.

El Ejecutivo autonómico también reconocía expresamente el origen judicial del procedimiento: “En cualquier caso, la regulación prevista trae causa del cumplimiento de una medida cautelar acordada en el Auto Nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, NIG: 28.079.33.3-2026/0000280, Pieza de Medidas Cautelares 36/2026 - 0001 (Procedimiento Ordinario), de 2 de marzo de 2026”.

El resultado es una situación tan legalmente ajustada como políticamente reveladora. Ayuso ha cumplido la orden judicial en su interpretación más estricta, iniciando los trámites que le fueron exigidos, pero mantiene congelado el avance del registro mientras espera la resolución definitiva.

Una fórmula que permite a la presidenta madrileña evitar, por ahora, un incumplimiento directo de la justicia y, al mismo tiempo, mantener vivo su enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez. El registro existe de momento sobre el papel y en forma de procedimiento administrativo, pero su puesta en marcha efectiva sigue sin fecha.