No es la primera vez ni, probablemente, será la última. El Tribunal Constitucional ha vuelto a asestar un golpe al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, una vez más por usar de forma indebida su mayoría en la Asamblea regional. El Pleno del organismo ha decidido estimar un recurso de amparo que interpuso Más Madrid, por el veto de la formación de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a que se tramitaran enmiendas a una proposición de ley.
Esta disputa, que ha propiciado la undécima vez que el Constitucional corrige al partido del Gobierno madrileño desde que Ayuso es presidenta, se remonta a octubre de 2020. El Pleno de la Asamblea acordó tramitar el Proyecto de reforma de la Ley del Suelo por el procedimiento de lectura única, lo que hizo que la Cámara debatiera sobre el texto original del Ejecutivo regional y no se registraran enmiendas. Además, según denuncia la oposición, la Mesa de la Asamblea ordenó cerrar con llave las puertas del Pleno, para que los diputados no pudieran salir y forzar que hubiera quorum –el mínimo de asistentes para que las decisiones de un organismo sean consideradas legales-.
El PP se acogió a lo que disponía entonces el artículo 167.2 del Reglamento de la cámara sobre la vía de urgencia para las votaciones, que en 2025 fue modificado para que en ese procedimiento se pudieran formular enmiendas, aunque luego las tumbe la mayoría absoluta popular, como suele ocurrir ahora. En aquella legislatura –la undécima, de 2019 a 2021-, Ayuso no lo tenía tan fácil, ya que aún gobernaba en coalición con Ciudadanos, y contaba también con el apoyo de los 12 diputados de Vox en la Asamblea.
La oposición celebra que el Constitucional haya estimado su recurso contra la “auténtica cacicada” del PP en la Cámara. “Como siempre sostuvimos, fue un acto parlamentario ilegal”, señala este viernes la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. “Es la enésima vez que el TC declara inconstitucional los fraudes de Ayuso contra el funcionamiento democrático de la Asamblea, entre los que destaca también la exclusión de Más Madrid de la Mesa en esa legislatura”, apunta.
El TC considera que el PP vulneró “el derecho fundamental”
Además de los 20 de Más Madrid, también presentaron recurso de amparo el PSOE, que entonces era primera fuerza con 37 escaños, y los siete parlamentarios de Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en Pie. Por el momento, el Pleno del Constitucional solamente ha sentenciado sobre el primero, con el voto particular de seis de sus magistrados.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los jueces estiman el recurso porque consideran “vulnerado el derecho fundamental del grupo parlamentario y de los diputados recurrentes al ejercicio de su cargo representativo en condiciones de igualdad”, que está contemplado en el artículo 23 de la Constitución.
El Tribunal valida lo que decía la demanda, que mencionaba “la supresión de un derecho” que, consideran, “forma parte del núcleo de su función representativa, como es el de poder formular enmiendas, parciales o a la totalidad, a una iniciativa legislativa admitida a trámite”. Para ello, los magistrados aplican la misma doctrina que en uno de sus once reveses contra Ayuso. Concretamente cuando, en 2021, se tramitó la Ley de Telemadrid por lectura única a petición del portavoz del PP, entonces Pedro Muñoz Abrines. La diferencia está en que, en esa sentencia –de marzo de este año-, el recurso admitido era contra la Mesa de la Asamblea, y en esta ocasión es contra todo el Pleno de la Cámara.
Los once varapalos del TC a Ayuso
En junio de este año, el Constitucional volvió a admitir un recurso sobre la Ley de Telemadrid, de nuevo porque el PP había empleado de manera injustificada un procedimiento extraordinario que privó a la oposición de presentar enmiendas. El tribunal de garantías anuló los acuerdos parlamentarios, pero la norma siguió en vigor, como pasa en este caso con la Ley del Suelo.
Antes de estas tres, el TC ya había enmendado a Ayuso en ocho ocasiones. La primera en 2023, cuando el Ejecutivo regional incluyó en la creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad una disposición para que, aquellos que estuvieran tutelados, tuvieran que pedir autorización judicial para recibir la eutanasia. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, presentó un recurso de inconstitucionalidad, que el Tribunal estimó en octubre, suspendiendo la norma al haber invadido competencias del Estado.
A partir de aquí, del Constitucional no pararon de salir malas noticias para Ayuso. Un mes después, los jueces desestimaron el recurso del Gobierno regional al impuesto a las grandes fortunas. En 2024, el Tribunal se metió en la ofensiva de la presidenta contra el colectivo LGTBI+, suspendiendo en julio varios preceptos de las ‘leyes Trans’ aprobadas por el PP, que exigían informes médicos para determinados menores y excluían a las asociaciones de algunos procedimientos.
El organismo también ha resuelto en conflictos entre el Ejecutivo madrileño y el nacional, como, por ejemplo, la colocación de símbolos en la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, que la recuerden como lugar de memoria histórica por las torturas que allí se produjeron. El Gobierno de España impugnó un artículo de la ley que permitía a la Comunidad de Madrid impedirlo, y el TC lo admitió y suspendió la norma cautelarmente, aunque más tarde levantó la suspensión.
Otro ejemplo es el recurso de Ayuso contra la Ley de Amnistía, que el Tribunal rechazó porque la Constitución no contiene una prohibición expresa o implícita del indulto. Lo mismo pasó en febrero de este año con la Ley de Vivienda, que la Comunidad de Madrid recurrió, pero fue rechazado por los jueces.
Lo que sí aprobaron fue enmendar en tres ocasiones el uso de la Mesa de la Asamblea por parte del PP para vetar mociones incómodas para Ayuso. Primero, en enero de 2026, por vetar preguntas sobre el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y sus amenazas a periodistas. Dos días después, llegó otra sentencia en la misma dirección, sobre los acuerdos de la Mesa que tumbaron peticiones de comisiones de investigación sobre los contratos de emergencia de la pandemia, proposiciones para reprobar o destituir a Rodríguez, o solicitudes de comparecencia, entre otras iniciativas.
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