El Tribunal Constitucional ha considerado en una sentencia que la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, "invadió competencias estatales" al intentar limitar el acceso a la eutanasia de personas mayores discapacitadas. Los magistrados del Tribunal, por unanimidad de conservadores y progresistas, han estimado un recurso interpuesto por el Gobierno central, y han procedido a anular parte de la normativa que regulaba la acción de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), que exigía autorización judicial para que una persona con discapacidad tutelada pudiera acceder a estos derechos.
La sentencia, de las pocas dictadas por unanimidad de ambos sectores del Constitucional en tiempo reciente, sostiene que el ejecutivo madrileño se inmiscuyó en competencias reservadas al Gobierno central. “La regulación impugnada invade la competencia en materia procesal que corresponde al Estado, al regular cuestiones que le están vedadas”, explica en un comunicado el tribunal de garantías. La suspensión, que ahora se ha hecho efectiva, ya estaba admitida de forma cautelar desde junio, cuando el recurso fue aceptado a trámite. En esencia, la normativa autonómica planteada desde el Ejecutivo madrileño choca directamente con las competencias de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
Limitación de requisitos para acceder a los derechos de la ley
El Consejo de Ministros, al anunciar el recurso el pasado mes de mayo, afirmaba que la normativa madrileña "establecía limitaciones sobre los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia”, la cual, para más inri, fue aprobada por el propio Constitucional recientemente. La norma madrileña exigía la autorización judicial para acometer cualquier acción que afectase al "derecho a la vida" de una persona discapacitada, una traba que, en palabras de la portavoz del ejecutivo nacional, Isabel Rodríguez, podía llegar a entorpecer judicialmente procedimientos tan cruciales como "intervenciones quirúrgicas o transfusiones de sangre”.
A su vez, la disposición adicional de la norma recurrida aseguraba que "cualquier acción que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad tutelada tendrá que estar sujeta a trámites de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial". De acuerdo a la deliberación del Constitucional, esta medida invade competencias estatales y choca directamente con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Espejel, considera que el precepto impugnado establece regulación procesal, dado que exige recabar en todo caso autorización judicial por medio de un expediente de jurisdicción voluntaria, cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad. "La norma invade el ámbito regulatorio del Estado en cuando a la coordinación general de la Sanidad, y también rompe la reserva a Ley Orgánica para este tipo de materias", dicta el escrito.
La eutanasia, en el punto de mira desde 2021
Aunque el Partido Popular gobierna desde las últimas elecciones con mayoría absoluta, estos choques con la Ley de Eutanasia que ahora resuenan tienen en realidad su origen en 2021, cuando la dirigente 'popular' pactó con Vox una serie de medidas que, entre otras, se oponían a estas políticas.
La Ley de Eutanasia del Gobierno central fue aprobada en marzo de 2021. Unos meses después, en noviembre de ese mismo año, se conformaba el Ejecutivo madrileño con los votos a favor de Vox, que para conseguirlos, el PP tuvo que ceder a los postulados de la ultraderecha en temas como la seguridad, el aborto o la eutanasia. En concreto sobre el último punto, la Comunidad de Madrid se comprometió a aumentar las dotaciones económicas para las áreas de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid.
En su momento, Rocío Monasterio justificó la necesidad de "aumentar las cantidades" para la dotación especial de cuidados paliativos, porque creen que "los mayores deben estar bien cuidados siempre, hasta el final", con un claro interés por posicionarse contra la ley de Eutanasia.
Tras estas medidas, siguiendo un continuismo en el argumentario contra la medida estatal, el Ejecutivo del PP madrileño, ya en solitario, aprobó la norma por la que se necesitaría autorización judicial para realizar cualquier actuación que afectase al derecho a la vida de las personas discapacitadas que posteriormente fue bloqueada por el Constitucional, primero provisionalmente y ahora oficialmente, por inmiscuirse en competencias estatales y sanitarias.
