La derecha española ha decidido dar un respiro a los tribunales, y que esta semana la conversación política gire en torno a una disposición de una ley sobre la que no cuestionaron una palabra hace cuatro años, cuando se tramitó. El Partido Popular y Vox se unen en tratar de sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones, entre otros motivos, por la llamada ‘ley de nietos’. Más allá de que, en el pasado, el mismo Alberto Núñez Feijóo que hoy califica el proceso que se abrió en 2022 como “ingeniería electoral” lo había defendido durante veinte años, esta nueva vía de ataque al Gobierno da una pista sobre las dinámicas que rigen a la oposición, con la ultraderecha arrastrando al PP a su terreno hasta el límite del absurdo.
Vox ha puesto el anzuelo con la estrategia trumpista de sembrar dudas sobre las elecciones incluso antes de que ocurran, y los populares, en la urgencia preelectoral de no quedarse atrás, han entrado. Ahora, los de Feijóo se ven en la tesitura de defender que el proceso de nacionalización de los descendientes de personas que se tuvieron que exiliar durante el franquismo, que comenzó hace cuatro años tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, es un intento del Ejecutivo de “fabricar votantes”, como dijo el líder del PP, que va en la misma línea que la regularización extraordinaria de migrantes. O peor, que es “un golpe de Estado en diferido”, como dijo el dirigente de Vox José María Figaredo.
Lo que hoy está en el centro del debate es la disposición adicional octava de la ley de memoria, que abrió la puerta para optar a la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” a ella.
Los verdaderos motivos para criticar la ley de nietos
Lo que cuatro años después de aprobarse esta ley, incluida esta disposición, están intentando hacer creer, están intentando hacer creer PP y Vox es que el motivo por el que, entonces, votaron en contra de la Ley de Memoria Democrática, es que abría la puerta a supuestos amaños del censo electoral. Sin embargo, basta echar un vistazo al proceso de tramitación parlamentaria del texto, que sustituye la Ley de Memoria Histórica de 2007, para entender las verdaderas motivaciones de la derecha.
Entonces no se alertaba sobre la “opacidad” con la que el Gobierno hacía sus procesos, como defendió este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Los argumentos en aquel debato fueron los clásicos de la derecha sobre la memoria, como que la ley podía “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, como dijeron los populares; o que era una norma “totalitaria” que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX”, como defendían desde Vox.
Buena muestra de la importancia que le daban entonces a la ley de nietos es que el PP presentó una enmienda a la ley en la que dejaba casi intacta esta disposición. Lo que el Grupo Popular -entonces en el proceso intermedio entre los liderazgos de Pablo Casado, purgado por denunciar la corrupción de Ayuso; y Feijóo, que aún era senador- presentó como una “mejora técnica”, incluía cambios de calado en el grueso de la ley de memoria, pero en la disposición adicional octava se limitaba a eliminar el “o de orientación e identidad sexual” de los motivos que motivaron los exilios.
Vox fue más allá, y presentó una enmienda de devolución. Es decir, que la ultraderecha trató de paralizar la tramitación del texto. Finalmente, a pesar de los votos en contra de ambas, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática, incluyendo una ley de nietos prácticamente idéntica a la que llevaba la enmienda del PP, que se rechazó. Unos meses más tarde, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción para que se iniciara el proceso que contempla la disposición, que es lo que critica el PP: “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, dijo Muñoz, asegurando que ya no hace falta ser descendiente de exiliados para optar al proceso. En cualquier caso, desde aquel momento hasta el 30 de abril de 2026, según los datos del Ministerio de la Presidencia, más de 2 millones y medio de personas han solicitado la nacionalidad, y se le ha concedido a más de 550.000.
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