El nuevo paso del Partido Popular para deslegitimar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez está pasando en los últimos días por dar vuelo a teorías de la conspiración habituales de la derecha. La estrategia trumpista de alimentar sospechas de fraude electoral llegó a España de la mano de Vox, pero ahora son los de Alberto Núñez Feijóo los que la están convirtiendo en su mayor baza política.

Anticiparse al resultado, cuestionarlo, y luego olvidarlo si las cosas van bien. Esta estrategia ya se ha visto en anteriores citas con las urnas, pero ahora adquiere una nueva dimensión nacional en la que el PP acusa al Gobierno de querer inflar los censos electorales, asumiendo que el hecho de que haya más votantes supondrá un mejor resultado para el Partido Socialista.

Lo dijo claramente el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles: “Sánchez está actuando para robar las elecciones”. Para tratar de alimentar esta conspiración del “pucherazo”, el PP ha ido de la mano de la ultraderecha para sembrar dudas sobre la regularización extraordinaria de migrantes, para la que se ha cerrado el plazo este miércoles. El proceso, que ha contabilizado más de un millón de solicitudes de personas que ya trabajan en nuestro país, en contra de lo que tratan de sostener en Génova y Bambú, no otorga derecho a voto en las elecciones generales.

Feijóo y la ‘ley de nietos’: veinte años de contradicciones

Ahora, estas conspiraciones se centran en la llamada ‘ley de nietos’. Se trata de un apartado de la Ley de Memoria Democrática. El Congreso la aprobó en 2022, a pesar del voto en contra de la derecha, que entonces no dijo nada sobre la disposición que permite que los descendientes de los exiliados por la dictadura, que perdieron la nacionalidad española por culpa de la represión del franquismo, puedan recuperarla.

De hecho, el PP presentó una enmienda que, en este apartado -la disposición adicional octava-, solo eliminaba de las condiciones para acogerse que el motivo para el exilio hubiera sido “de orientación e identidad sexual”, con respecto al texto que se aprobó y que figura en el Boletín Oficial del Estado. A pesar de este intento por obviar la persecución al colectivo LGTBI por parte de la dictadura, la Cámara Baja aprobó el texto y permitió que se hayan tramitado desde entonces 1,2 millones de solicitudes.

Pero más allá de eso, el propio Feijóo lleva veinte años defendiendo lo mismo que definió así el martes en la radio de Federico: “Lo que hay detrás es ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte”. La hemeroteca fastidia la última artimaña del líder popular, que en 2006 defendía el mismo “interés” que ahora le afea al Gobierno: “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, dijo en una visita a Montevideo. Feijóo, entonces opositor al Ejecutivo socialista de la Xunta, defendió en la capital de Uruguay que había que hacer “un esfuerzo” para convertir esto en una realidad.

Puede ser que el PP actual haya cambiado de parecer sobre una Ley de Memoria que criticaba cuando se aprobó por razones completamente diferentes a las que esgrime en 2026. Ester Muñoz ha cargado este miércoles contra la “opacidad absoluta” del Ejecutivo en lo relativo a la ‘ley de nietos’, pero también la ahora portavoz del PP en el Congreso pensaba diferente hace unos años: “Es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”, defendió en el Senado en 2018.

Durante los años en los que fue presidente de Galicia, Feijóo siguió defendiendo los derechos de los exiliados en países de Latinoamérica. Aunque en la región el voto extranjero suele beneficiar al PP -en algunas provincias supone hasta el 20% del electorado-, entonces no era “ingeniería electoral”, sino un compromiso que Feijóo mantuvo cuando ya era líder nacional del PP. “Hoy en Buenos Aires he podido estar con la colectividad española y trasladarles mi compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior, y a derogar la mal llamada Ley de memoria democrática”, publicó durante un viaje a Argentina en noviembre de 2022.

Las contradicciones no terminan ahí, pues en su propio programa electoral para las elecciones de 2023, Feijóo prometía lo siguiente: “La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformados”. El mismo líder del partido que hoy siembra dudas sobre el papel de los funcionarios diplomáticos, como hizo Isabel Díaz Ayuso, defendía reforzar “los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”.

De Ayuso a Guardiola: el PP alimenta la teoría del ‘pucherazo’

Lo cierto es que hace ya tiempo que el PP hizo suya la estrategia del ‘pucherazo ante la duda’, que en 2020 pasó a la historia negra de la democracia cuando la alentó Donald Trump sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, provocando el asalto al Capitolio unos meses más tarde. Lo que no es tan habitual es que lo haga el propio partido que gana las elecciones, como ocurrió el pasado mes de diciembre en Extremadura. A tres días de las elecciones autonómicas, Feijóo y su candidata, María Guardiola, encendieron todas las alarmas por el robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Badajoz. Los ladrones buscaban dinero, pero en el proceso se perdieron los votos por correo de 124 personas, que pudieron volver a depositarlo.

Aun así, ambos se lanzaron a cuestionar el resultado de las elecciones de ese domingo: “Se está robando la democracia delante de nuestros ojos”, dijo la reelegida presidenta de la Junta. Su líder la respaldó poco después: “Exijo al Gobierno”, escribió Feijóo en X, “que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación”.

Lo que podría ser un aviso de lo que ocurrirá en 2027, en el próximo ciclo electoral, viene siendo alimentado desde hace tiempo, pero a un tono más que el PP nacional, por Isabel Díaz Ayuso. La baronesa madrileña ha alimentado todo tipo de teorías de la conspiración. La más reciente cuando envió una carta a su militancia, advirtiendo sobre la regularización de migrantes: “Las sombras que han rodeado procesos anteriores, con escándalos de manipulación del voto por correo que han puesto en entredicho la limpieza que debería imperar en nuestra democracia o los recientes procesos de regularización masiva y de nacionalizaciones que van a alterar sustancialmente el censo electoral”, alertaba la misiva.

Ayuso ya marcaba el camino dos meses antes, cuando aseguraba que “las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder” en una entrevista a OkDiario. Desde entonces, el Partido Popular de Madrid encomendó una misión a sus bases: “Estar más vigilantes que nunca” ante un PSOE “capaz de todo”, tal y como reza la carta que enviaron a 90.000 interventores, apoderados y afiliados.

No solo la ley de nietos: el PP diversifica su conspiración electoral

Lo que sí hay que reconocer al PP es su variedad y consistencia a la hora de cuestionar la legitimidad del sistema democrático, y hacerlo sin poder demostrarlo durante años. Una de sus vertientes gira en torno a Indra. La consultora se encarga de gestionar la central de datos a la que se envían los votos en cada elección, pero tiene ningún papel en el recuento, como insinúa el PP desde hace décadas. Ya en 1993 hizo falta una llamada del rey para que José María Aznar se desdijera de esta teoría, y aceptara su derrota en las generales.

Otra de las formas que también se está repitiendo ahora es la que rodea al voto por correo. El PP empezó a agitar ese avispero a raíz de saltar el escándalo de Leire Díez, hace justo un año. La exmilitante socialista, acusada de liderar las cloacas, fue directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, cargo al que los populares atribuyeron, sin pruebas, “la responsabilidad de gestionar el voto por correo”. El portavoz nacional, Borja Sémper, lo aprovechó para poner en duda las elecciones de 2023: “Queremos saber por qué y cómo desarrolló su actividad”, dijo desde Génova.

Súmate a El Plural

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora