Los directores del ‘caso FP’ que rodea al Gobierno de Ayuso confirman que los contratos a dedo se usaron en varios centros

Los directores de centros educativos que han declarado como testigos en el marco del ‘caso FP’, destapado por elDiario.es y que salpica al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, han confirmado que los contratos a dedo se utilizaron en varios centros. Una decena de personas habrían corroborado esto, que el sistema de trocear facturas para elegir sin someter a concurso qué empresas hacía sus reformas se aplicó en distintos espacios.

En las últimas horas han declarado en sede judicial los directores de tres centros que, según una fuente presente que recoge el diario El País, coincidían en sus argumentos entre ellos y con sus predecesores. Este es, que desconocían que se estaban fraccionando contratos, justificando para ese desconocimiento que no son especialistas en administración. Si bien, entienden que eso fue lo que sucedió atendiendo a las conclusiones de las auditorías de la Intervención autonómica.

Las últimas declaraciones coincidirían con las de Gabriel Navarro, empresario investigado, y con las de otros directores. De todas ellas, hay una que, asegura el periódico, causó especial sorpresa entre los presentes dada la claridad con la que reconoció una gestión irregular. Informa de ella El País y se expone literalmente a continuación.

-Se adoptó la decisión de fragmentar. Baños por un lado, aulas por otro...

-Claro (...) la única empresa que nos daba la garantía de hacer aquello en verano era Virelec.

-¿Entendían que era mejor hacerlo por trocitos, más barato?

-No. Era lo que nos decían en la empresa. ‘Gestionarlo todo con las distintas empresas que tenemos (bajo el control de Virelec). Y vamos facturando por unidades’. Te hago el aula de emprendimiento, te facturo; te hago este despacho, te facturo; te hago este otro despacho, te facturo. No vimos que eso fuera un fraccionamiento de pago, porque entonces no entendíamos lo que era un fraccionamiento de pago.

Otro de los testigos habría relatado incluso cierta incomodidad porque la empresa presuntamente beneficiada presentara facturas a medida que se le iban librando fondos para los pagos por parte de la administración, y lo complicado que se le hizo realizar las cosas de forma correcta,

“Estábamos incómodos”, dijo, con el hecho de que “no hubieran concluido las cosas, pero sin embargo estuviéramos recibiendo facturas”. Ello, emite, no implicaba pensar que “fuera nada ilegal ni irregular”, pero sí eso. Asimismo, apunta a una “actitud amenazante” un día por parte de los de la obra. “(Dijeron que) o pagábamos o empezaban a destruir cosas”. Ante ello, “envió por registro a la Subdirección General una manifestación” con esa disconformidad”.

El mismo declarante apunta al imputado Alfonso Mateos, quien entonces ejercía como subdirector de FP en la región madrileña. “Me dijo que contactara con el director de Ciudad Escolar -uno de los centros investigados; el foco principal al inicio de la investigación-, que tenía ya una empresa que estaba construyendo, y este me dijo que esa empresa se la habían dado ellos -refiriéndose supuestamente a Mateos- cuando empezaron las obras”.

“Nos llamaba Mateos. Venía Gabriel de la constructora y nos dejaba las facturas, y cuando teníamos las facturas, y nos había dado la orden de pagar ese dinero, pagábamos”, apostillaba, siempre según lo publicado por el periódico mencionado.

“Actuación administrativa claramente irregular”

La  investigación intenta esclarecer de quién es la responsabilidad de que se acometieran estos pagos de carácter irregular, si de los cargos de la Comunidad de Madrid o de los directores de los centros, aunque las auditorías que la administración envió al juzgado tras la petición de la Fiscalía coinciden en una persona: Enrique Ossorio. Concretamente, apuntan a la Consejería de Educación, entonces capitaneada por el ahora presidente de la Asamblea de Madrid.

Dichos documentos esgrimen que “se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor” y que “se han observado fraccionamiento de objeto del contrato”, con el objetivo de “no superar los límites establecidos para el contrato menor” y “eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”. “Hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, sostiene.

La Fiscalía ya percibió en 2024, en el transcurso de la investigación, una “actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en tanto en cuanto se habría producido una “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Entretanto, la jueza advirtió de una posible “infracción penal”. Concretamente de prevaricación administrativa. En otro orden de cosas, los directores de los centros pedirán previsiblente que se archive las actuaciones que afectan a sus patrocinados.

‘Caso FP’

El Centro de Formación Profesional Ciudad Escolar fue durante un tiempo el foco principal del bautizado como ‘caso FP’, en el que se investigan las reformas que se llevaron a cabo en esta infraestructura por un valor de dos millones de euros. Sin embargo, después se pondría también la lupa en otros al menos cinco institutos.

La Justicia trata de aclarar si existió delito de prevaricación o no a través de una supuesta división de los contratos formalizados para proceder a la adecuación de los edificios, un troceamiento que se habría producido para que el coste de los trabajos fuera inferior al mínimo y, de este modo, poder adjudicarlos a dedo -sin someterlos a concurso público- sin abrir un proceso público.