Es necesario retornar al 9 de enero de 2023 para recordar el momento en el que saltaron las alarmas tanto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como en los institutos en los que se habían llevado a cabo las obras, cuyos contratos de adjudicación estaban comenzando a ser investigados. Al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando llegaba un requerimiento de la Agencia Tributaria (AET), algo que preocupó seriamente al director de este centro, reclamando "documentación, facturas y medios de pago" de las intervenciones realizadas.
Tal y como explica El País, este contacto que establecía la AET con el centro educativo se producía tras llegar a esta institución en el 2022 una denuncia, de la cual todavía se desconoce su autoría, alertando de posibles irregularidades administrativas en el Ejecutivo madrileño, concretamente a través de los espacios en los que se imparten las lecciones de Formación Profesional. Eran estos los primeros compases del 'Caso FP', una trama en torno a la cual se investigan ahora presuntos delitos de prevaricación que se habrían cometido a partir del fraccionamiento de contratos de obra, para evitar el procedimiento de concurso público marcado por la ley y poder concederlos a una empresa concreta.
El País presenta la línea temporal de este caso, por la cual en aquel mes de enero de 2023, el director del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando escribía un correo electrónico a la Consejería de Educación, explicando el requerimiento recibido y apuntando que parecía provenir de una denuncia realizada por "la obra de la Casa 5".
Esta situación ya hacía sonar alarmas de por sí tanto en el centro educativo como en el Ejecutivo regional. No obstante, el asunto se caldeó todavía más cuando, unos meses más tarde, en septiembre de ese año al IES Hotel Escuela y al mencionado Ciudad Escolar llegan escritos de la empresa Virelec en los cuales se reclaman casi millón y medio de euros por cantidades impagadas de obras.
La situación despierta una importante preocupación que lleva al Gobierno de la Comunidad de Madrid a encargar una auditoría a la Intervención General, la cual apuntaría, aunque solo con carácter provisional, que se habían realizado pagos solo a esta empresa que habrían ascendido a casi cuatro millones de euros. Conocer este hecho llevó al Ejecutivo autonómico no solo a denunciar en abril de 2024 al que había sido subdirector regional de FP, Alfonso Mateos, sino que también demandaba a los dos centros educativos a los que Virelec reclamaba casi millón y medio de euros.
Desde aquel momento hasta octubre de 2025 poco pudo esclarecerse en relación a este asunto, conocido como 'Caso FP'. Durante ese período de tiempo, en la Consejería de Educación nadie sabía nada de aquello, ni tampoco tenía competencias para decidir.
Si bien, ese silencio que solo dejaba incógnitas comenzó a desaparecer con las primeras declaraciones que se dieron. Por ejemplo, la de José María Serrano, subdirector general de centros de educación secundaria del Gobierno autonómico, que compareció en calidad de testigo, empezó a abrir un libro que se encontraba cerrado. Así, Serrano apuntó que subrayó debía seguirse la ley de contratos en una reunión tanto con Mateos como con el director general de Educación Secundaria y FP, José María Rodríguez Jiménez (investigado en el caso), y uno de los responsables de los centros educativos de esta trama.
De esta manera, José María Serrano detallaba en su declaración que "se intuía perfectamente que se iba a hacer a través de los directores (de los centros educativos), pagando ellos las facturas". Era esto algo que decía en relación al troceo de contratos que se está investigando, añadiendo no solo que "el tamaño de la obra no cuadraba", sino también intuía "que ahí iba a pasar algo raro".
Antes de esta declaración que prestó José María Serrano, la Fiscalía, que venía ya investigando el asunto, había expresado que atisbaba una “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva”, exponiendo que se estaba dando una “grosera y palmaria omisión del procedimiento” por parte del Gobierno regional. Es más, no era únicamente la Fiscalía la que se pronunciaba en estos términos, sino que en noviembre de 2024 la jueza encargada del caso ya apuntó que se daba la "posible existencia de una infracción penal" por prevaricación administrativa.
Todo este caso, que como se mencionaba comenzó con una denuncia de la que todavía se desconoce su autoría, viene investigándose desde 2022, esclareciendo cada vez más los hechos. Es importante recordar también que, volviendo a la auditoría encargada por el Ejecutivo autonómico, se señalaba la responsabilidad de la Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio, hombre fuerte de Díaz Ayuso en el gobierno hasta 2023, y que hoy es presidente de la Asamblea de Madrid. “Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se indicaba, entre otros asuntos.
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