La actualidad mediática y el descontento plasmado en las calles han sido en recurrentes ocasiones el fiel reflejo de la crisis a la que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, somete a la sanidad pública en la región. Fruto de ello, miles de sanitarios, en particular, y la sociedad, en general, han salido a las calles en señal de repulsa a la privatización orquestada por Sol y en defensa de la mejora de condiciones del sistema público de salud en la autonomía. Sin embargo, a este reproche se unen ahora los pacientes enfermos de ELA, después de que el Ejecutivo autonómico haya introducido un copago con el que rebaja hasta un 40% la ayuda máxima aprobada en la Ley ELA.

Ante la denuncia expresada por estos enfermos, así como por sus familias y diferentes asociaciones, desde Sol tildan la rebaja de "minorización de la cuantía" y recurren a la Ley estatal de Dependencia para justificar este copago, que reduce hasta en un 40% la ayuda de 9.850 euros mensuales aprobada por el Gobierno central. En esta línea, el Ejecutivo de Ayuso defiende que es esta ley, por donde se transfirieron 500 millones de euros, la que les permite aplicar este copago. Así, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, dirigida por Ana Dávila, señalan que la norma estatal contempla los ajustes según "la capacidad económica y el coste del propio servicio contratado por la persona".

Sin embargo, el relato adoptado por la Comunidad de Madrid confronta con la realidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que los pacientes más graves clasificados en el grado tres plus -con atención las 24 horas del día los siete días de la semana- se vean ahora obligados a pagar con su propio dinero el 40%. "Madrid, la comunidad más rica de España, introduce un copago a enfermos de ELA pese a los 500 millones transferidos por el Estado. Hemos aprobado ayudas de hasta 9.850 euros al mes y pretenden que los pacientes paguen de su bolsillo el 40%. Este es el modelo de Ayuso", ha recriminado la titular de Sanidad.

Y es que no solo son los 500 millones transferidos por el Gobierno y la ayuda cercana a 10.000 euros lo que el Gobierno regional trata de tapar volcando la responsabilidad de este nuevo recorte en la ley estatal. Precisamente porque esta misma norma comprende, tal y como ha reconocido el Ministerio de Derechos Sociales, que cada autonomía pueda aplicar la rebaja o no, desde el Gobierno subrayan que hay el copago no se ha aplicado en la mayoría de autonomías.

En esta línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha comparado la actuación del Ejecutivo madrileño con otras autonomías. El Gobierno Central aprobó la financiación de la Ley ELA. Ahora: Castilla y León: ayuda íntegra, sin copago, siendo primeros en tramitarlas; Cataluña: ayuda íntegra, sin copago y con complemento de hasta 5000€/mes; Comunidad de Madrid: copago del 40% y ruido. Pues eso", ha reprochado en un mensaje en redes.

Así, en Castilla y León ya han entregado las ayudas máximas, sin copagos, y de las 43 peticiones recibidas con ese grado, ya han concedido 26, según ha informado El País. Por su parte, en Cataluña se han detectado 850 personas con ELA, de las que se prevé que 140 podrían pertenecer al grado de mayor gravedad. Además, según se ha conocido, la Generalitat aumentará la aportación estatal en 5.000 euros hasta llegar a los 15.000 euros mensuales, con un copago del 5% a aquellas familias que superen 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), cerca de 53.000 euros.

Asimismo, tal y como ha podido recoger El País, en la Comunidad Valenciana, uno de los afectados reconoce que "lo están gestionando muy bien, pero es una pena y una injusticia que el resto de comunidades tarden tanto, siendo que todas tienen los presupuestos transferidos".

Ante este escenario, Rosa Martínez, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, adelanta que han "introducido cambios en la modificación de la Ley de Dependencia" que ahora mismo están en el Congreso. "Confiamos que los grupos parlamentarios sean igualmente conscientes y la Ley se tramite y apruebe con celeridad", ha señalado. En esta misma línea, Martínez, aunque reconoce que "las autonomías tienen la competencia para establecer la aportación del usuario que considere", añade que la opción del Gobierno está en conceder la prestación "sin que los afectados por el ELA tuvieran que poner dinero para su cuidado".

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