Durante meses, Alberto Núñez Feijóo ha confiado en que el desgaste del Gobierno bastaría para abrirle las puertas de La Moncloa. Sin embargo, sus últimas propuestas sobre las bajas laborales, el llamado “derecho del no nacido” y la dependencia están produciendo el efecto contrario: cuanto más concreta su alternativa política, más argumentos ofrece a quienes dudan de que represente ese centro moderado que dice encarnar.
Hay candidatos que pierden unas elecciones por una crisis económica, un escándalo o una mala campaña. Y hay otros que empiezan a complicarse el camino cuando deciden explicar qué quieren hacer si gobiernan. Eso parece estar ocurriéndole al aún líder del PP. Su estrategia consistía en esperar el desgaste del Ejecutivo, pero al bajar al terreno de las propuestas el foco ya no apunta a La Moncloa, sino a sus propios errores.
El primero ha sido el de las bajas laborales. Más allá de las matizaciones posteriores, la percepción instalada es demoledora: un trabajador que enferma podría ver reducidos sus ingresos. En política, la percepción pesa tanto como la realidad. Y pocos mensajes generan mayor rechazo entre las clases medias y trabajadoras que la sospecha de que ponerse enfermo pueda convertirse también en un castigo económico.
Lo más relevante es que esta polémica no parece un hecho aislado. Encaja con una trayectoria política en la que el PP ha votado contra la reforma laboral, contra las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y contra la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas. La discusión sobre las bajas médicas refuerza así la imagen de un partido que sigue entendiendo la competitividad empresarial desde la reducción de derechos laborales.
Además, esta propuesta tiene un evidente impacto de género. Las mujeres siguen soportando mayor carga en los cuidados familiares, sufren más precariedad laboral y son quienes con más frecuencia recurren a bajas relacionadas con la maternidad o con responsabilidades de cuidado. Presentar las bajas laborales como un problema estructural vuelve a situar al PP frente a un colectivo que ya soporta importantes desigualdades en el mercado laboral.
Resulta especialmente llamativo que este debate se produzca cuando España registra cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y el empleo mantiene una evolución positiva. En lugar de disputar el terreno de la mejora de las condiciones laborales, Feijóo ha elegido cuestionar un derecho ampliamente asumido por la mayoría social.
La segunda polémica gira en torno a la propuesta de computar al “no nacido” para determinadas ayudas familiares. El PP intenta presentarla como una medida de apoyo a la natalidad, pero el verdadero problema demográfico español tiene mucho más que ver con las enormes dificultades económicas que encuentran los jóvenes para formar una familia.
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para la emancipación. Los elevados alquileres, la precariedad laboral, los salarios insuficientes y el alto coste de criar un hijo retrasan la maternidad y la paternidad. A ello se suma la falta de plazas públicas suficientes en escuelas infantiles de 0 a 3 años y las dificultades para conciliar vida laboral y familiar.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ocultar. La vivienda y la educación infantil son competencias de las comunidades autónomas. En buena parte de los territorios gobernados por el PP se rechaza aplicar la Ley de Vivienda para limitar el precio de los alquileres, se impulsa menos vivienda pública y se apuesta por sistemas de cheques escolares que favorecen la oferta privada frente al refuerzo de la red pública.
Proteger a las familias no consiste únicamente en ampliar el acceso a determinadas ayudas. Significa facilitar la emancipación de los jóvenes, garantizar vivienda asequible, ofrecer plazas suficientes en escuelas infantiles públicas y asegurar que ninguna mujer tenga que elegir entre cuidar su salud durante el embarazo o perder ingresos para mantener a su familia.
La tercera controversia ha terminado de descolocar al líder de la oposición. Durante años el Partido Popular reclamó una mayor financiación estatal para la Ley de Dependencia. Sin embargo, cuando el Congreso debatió que el Estado asumiera el 50% de esa financiación, el grupo parlamentario popular votó en contra. Una contradicción difícil de explicar en una materia tan sensible como la atención a las personas dependientes.
Pedro Sánchez aprovechó inmediatamente esa secuencia para establecer un contraste político muy claro: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. No son lapsus. Son sus ideas”.
Lo más significativo es que las dudas ya no proceden únicamente de los adversarios políticos. Diversas informaciones publicadas estos días apuntan a una creciente inquietud dentro del propio Partido Popular. Dirigentes territoriales reconocen en privado su preocupación por la acumulación de errores y por la sensación de improvisación que transmite Feijóo. Cuando las críticas empiezan a escucharse dentro de casa, el problema deja de ser únicamente de comunicación.
Feijóo llegó a Madrid con la imagen de gestor moderado y previsible. Sin embargo, conforme avanza la legislatura, esa percepción ha saltado por los aires y cada día se constata más que es un “títere” del ala más dura de su partido y que su discurso cada vez está más alejado de las preocupaciones cotidianas de la mayoría social.
Ese desplazamiento estratégico entraña un riesgo evidente. En unas elecciones generales no basta con mantener movilizado al electorado propio; resulta imprescindible conquistar el centro político. Cada vez que el PP sitúa el foco sobre los recortes laborales, cuestiona las bajas médicas, impulsa debates sobre el “derecho del no nacido” o incurre en contradicciones sobre la dependencia, deja de hablar de futuro para reabrir discusiones que muchos ciudadanos identifican con recortes y más recortes.
La mayor dificultad para Feijóo ya no parece ser Pedro Sánchez ni el desgaste del Gobierno. Su principal obstáculo empieza a ser la imagen que proyectan sus propias propuestas. Porque cuando un candidato deja de generar expectativas para empezar a despertar dudas sobre los derechos sociales, la campaña deja de girar alrededor de los errores del adversario y pasa a centrarse en los propios. Y esa es una dinámica de la que ningún líder consigue salir indemne.
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