El Gobierno afronta el primer asalto presupuestario con la votación de la senda de déficit

Moncloa afronta este martes una de las votaciones más relevantes de la legislatura. Antes del parón estival, el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión extraordinaria, debatirá y votará la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria sobre los que el Ejecutivo quiere edificar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Un trámite imprescindible para presentar las nuevas cuentas públicas a la vuelta de las vacaciones, que contará con la habitual oposición de Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. Los postconvergentes ya sugirieron en privado su rechazo la pasada semana. En caso de la Cámara Baja no los apruebe, el Gobierno tendrá su reválida el próximo 23 de julio.

En el Ministerio de Hacienda confían en sacar adelante la propuesta. El escenario parlamentario, sin embargo, diluye el optimismo del Gobierno y la endiabla aritmética vuelve a poner a prueba la estabilidad de la mayoría de la investidura. La oposición frontal de PP, Vox y Junts deja el resultado completamente abierto y convierte la sesión del martes en el primer gran examen político de la estrategia presupuestaria diseñada por Moncloa para la recta final de la legislatura. La votación, que no supone todavía la aprobación de las cuentas, constituye el punto de partida de toda la tramitación parlamentaria. Sin el ok de la Cámara Baja, el Ejecutivo se vería obligado a replantear el calendario previsto o recurrir a alternativas jurídicas para continuar en el carril.

Trámite decisivo

La senda de estabilidad presupuestaria fija los límites de déficit y deuda que deberán asumir las administraciones públicas para los próximos ejercicios, siendo el marco sobre el que posteriormente se proyectarán los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el objetivo de Moncloa es presentar el proyecto de ley tras el verano, toda vez se haya superado este trámite previo y culminen las negociaciones con los grupos parlamentarios. No obstante, la aritmética juega de nuevo en contra del Ejecutivo. Con Junts todavía alejado del paraguas del bloque de la investidura, se antoja complicado que la Cámara Baja valide los objetivos y complica sobremanera su aprobación en primera votación.

En Moncloa, pese al optimismo, prevén dicho escenario y por ello trabajan ya en la segunda oportunidad. En el probable caso de que la senda fuera rechazada el martes, el Gobierno volverá a presentarla en un nuevo pleno extraordinario el próximo 23 de julio. Sería la segunda y última oportunidad para el Ejecutivo, aunque en Hacienda no renuncian a la tramitación de los Presupuestos pese a este hipotético segundo varapalo.

Carril alternativo

El Gobierno defiende la tesis de que tienen margen jurídico para continuar el procedimiento bajo una senda distinta. Ese escenario sería factible siempre y cuando ésta respetara los límites fiscales fijados por la Unión Europea. Una interpretación a la que se han aferrado en Moncloa en anteriores ocasiones, dado que cuenta con el visto bueno de la Abogacía del Estado, quien avaló la posibilidad de continuar con la tramitación incluso con un rechazo firme del Congreso a los objetivos de estabilidad.

Desde el Ministerio, sin embargo, insisten en que esa vía debe ser el último recurso. El responsable de Hacienda, Arcadi España, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que apoyen la senda de estabilidad y así abran la puerta a la tramitación ordinaria del proyecto de ley. Durante la presentación de la propuesta, apeló a la “reflexión” de las distintas formaciones para abandonar las trincheras “partidistas” y priorizar tanto “el bien común” como las necesidades económicas del país.

Déficit, deuda y un techo de gasto récord

La propuesta remitida por el Gobierno delimita un déficit público del 1,8% del PIB para el curso 2027, que descendería una décima (1,6%) en 2028 y otra más (1,5) para el ejercicio 2029. Gran parte de ese margen correspondería a la Administración General del Estado, mientras que las comunidades autónomas dispondrían de un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, que equivaldría a un margen fiscal de aproximadamente 5.900 millones de euros.

Un reparto al que ya se opusieron las administraciones autonómicas del Partido Popular, que consideran insuficiente el margen concedido. Los ejecutivos conservadores cuestionan la posibilidad planteada por Hacienda de modular dichos objetivos en función de la realidad financiera de cada comunidad. Por su parte, las entidades locales deberían mantener el equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios contemplados en la senda, mientras que la Seguridad Social dispondrá de un objetivo de déficit del 0,2% en 2027, que se reduciría al 0,1 en los cursos subsiguientes.

En paralelo, el Ejecutivo plantea una reducción progresiva de la deuda pública, que pasaría del 97,6% del PIB en 2027 al 95,3% en 2029, en línea con las exigencias del nuevo marco fiscal europeo. A ello se suma una regla de gasto fijada en el 4% para 2027, el 3,8% para 2028 y el 3,6% para 2029, además de un techo de gasto no financiero de 226.032 millones de euros, la cifra más elevada de la historia y un 6,6% superior a la correspondiente a 2026.