Con motivo del devastador incendio en Los Gallardos (Almería), la acción política en las últimas horas se ha volcado en dar una respuesta a corto y largo plazo para paliar las consecuencias y evitar males mayores. En este sentido, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado desde la localidad almeriense de Turre un “gran acuerdo” con el que pretende dar soluciones a los incendios forestales. Sin embargo, ha obviado que su partido rechazó respaldar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno en 2025 y la hoja de ruta defendida en la misma dirección por Pedro Sánchez este mismo lunes.
Tras conocer este “gran acuerdo” propuesto por la oposición, fuentes de Moncloa han recordado que la propuesta del líder de Génova “llega tarde” porque su planteamiento ya se incluye en el Pacto de Estado presentado el pasado mes de septiembre y vertebrado en diez puntos clave y con vistas a que se amplíen a doce, los cuales han sido elaborados gracias a “la participación de casi 4.000 aportaciones de más de 1.300 actores de la comunidad científica, patronal, sindicatos, expertos de todas las administraciones, ONG sociales y ambientales”.
En declaraciones ante la prensa junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el principal dirigente del PP, en caso de ganar las próximas elecciones y alcanzar el mando gubernamental, ha prometido impulsar un “gran acuerdo” para responder a estas adversidades naturales, y por el que será en manos de la Administración estatal por la que se haga “una propuesta para concretar la responsabilidad de cada administración, los medios a disposición conocidos para toda la nación y el presupuesto plurianual para blindar a España ante este riesgo”. Pese a que esta iniciativa ya existe.
Cabe remontarse al pasado año cuando, en el momento en el que el Gobierno impulsó esta hoja de ruta tras los catastróficos incendios de Castilla y León, Galicia y Andalucía del mes de agosto, voces del PP lo tacharon de “cortina de humo” y desmarcaron apoyarlo. “Eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas. Es como si en medio de un tsunami se propone un pacto sobre los océanos, no sirve absolutamente para nada”, dijo entonces la portavoz parlamentaria Ester Muñoz.
Ahora, bajo un telón de fondo similar, fuentes el Gobierno de Sánchez han reiterado su “mano tendida” a Génova para “suscribir el Pacto de Estado”, todo ello en aras de que “la lucha contra la emergencia climática trascienda las legislaturas”.
Ejes vertebradores del Pacto de Estado del Gobierno
En estos doce ejes, destacan las actuaciones sobre Alertas y Emergencias, que pasan por “mejorar la vigilancia hidrológica y meteorológica, reforzar los sistemas de alerta temprana, mejorar la coordinación administrativa, reforzar los servicios de protección civil, desarrollar planes de autoprotección e información, movilizar financiación para la adaptación, reforzar la cooperación entre administraciones y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación”.
En cuanto a la prevención de incendios forestales, se prima “impulsar una gestión forestal adaptativa que reduzca la acumulación de combustible vegetal, incrementar los tratamientos selvícolas preventivos (clareos, podas, desbroces y eliminación de biomasa, recuperar y potenciar la ganadería extensiva como herramienta de prevención, favorecer la agroforestería y los mosaicos agroforestales, restaurar terrenos degradados con criterios de resiliencia, promover la gestión activa del territorio para reducir el abandono rural e integrar la prevención de incendios en la ordenación del territorio y la planificación forestal”.
Desde la detección y preparación a estos escenarios, se busca “mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana, reforzar la predicción de episodios de riesgo extremo, impulsar la formación y cultura de autoprotección y mejorar la coordinación entre administración”.
Por último, sobre este aspecto, en lo que concierne a la extinción y la respuesta a los fuegos, el Pacto de Estado busca “reforzar los servicios de protección civil y emergencias, mejorar la coordinación operativa durante las emergencias, incrementar la capacidad de respuesta ante incendios extremos, fortalecer los sistemas de información y apoyo a la toma de decisiones, restaurar las zonas afectadas con criterios de adaptación al cambio climático y favorecer la recuperación de ecosistemas y reducir la vulnerabilidad futura”.
Como tercer punto a tener en cuenta, la prevención y gestión de riesgo de inundaciones en aras de evitar catástrofes como la DANA de Valencia en 2024 o similares, el Pacto de Estado marca una hoja de ruta para “evitar nuevas edificaciones en zonas inundables, integrar el riesgo de inundación en la planificación urbanística y territorial, adaptar el diseño de infraestructuras a fenómenos extremos e incorporar criterios de adaptación en la obra pública”.
En soluciones basadas en la estructura de la naturaleza, aboga por “restaurar ríos, cauces y llanuras, recuperar humedales y ecosistemas de retención, renaturalizar espacios urbanos e impulsar infraestructuras verdes”. Conforme a la gestión del agua, también se busca “reforzar la planificación hidrológica, mejorar la gestión integral del riesgo, incrementar la resiliencia de los sistemas hidráulicos y favorecer actuaciones de restauración fluvial”.
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