El PSOE ha denunciado la "obsesión" que, a su juicio, mantiene el juez Juan Carlos Peinado con Begoña Gómez después de que el magistrado haya dado cinco días a la esposa del presidente del Gobierno para acreditar que utilizó su pasaporte exclusivamente para el viaje autorizado a Reino Unido.
Ante este nuevo movimiento del instructor, el PSOE ha reaccionado con una sola palabra: "obsesión". La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha ido más allá y ha calificado la decisión de "delirante". "Cada paso más desproporcionado que el anterior", ha denunciado en su cuenta de X -antigua Twitter-.
"Begoña Gómez está sufriendo una cacería incomprensible", ha afirmado Torró, que ha lanzado dos preguntas: "¿Quién va a parar esto? El daño que se está haciendo a una persona inocente y a la justicia es demoledor".
Cinco días para justificar el viaje
En su providencia, Peinado ha sostenido que "no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados para el fin para el que, de forma excepcional, se autorizó y dejó transitoriamente sin efecto las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional".
Por este motivo, el magistrado concede a la defensa de Gómez un plazo "improrrogable" de cinco días para que acredite que la disponibilidad temporal del pasaporte fue utilizada para el "concreto fin" autorizado y que no se produjo ningún acto que pudiera constituir un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
La decisión se produce después de que Begoña Gómez recogiera personalmente su pasaporte en los juzgados para viajar a Londres y cumpliera también con su obligación de comparecer periódicamente ante el órgano judicial. El viaje había sido autorizado para que pudiera asistir a la graduación de su hija.
Gómez había solicitado además autorización para viajar a Ankara con motivo de la cumbre de la OTAN, un desplazamiento que fue rechazado. El Gobierno ya calificó aquella decisión de "incomprensible", mientras distintos expertos jurídicos consultados por El País cuestionaron la fundamentación del supuesto riesgo de fuga.
La Fiscalía cuestiona las medidas contra Gómez
La controversia adquiere todavía mayor dimensión después de que la Fiscalía de Madrid haya solicitado la absolución de Begoña Gómez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés al considerar que los hechos examinados no constituyen delito.
"Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal", ha sostenido el Ministerio Público, que también ha recurrido las medidas cautelares impuestas a Gómez y ha cuestionado la existencia de un riesgo real de fuga. La Fiscalía destaca su arraigo en España y considera innecesarias medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y las comparecencias periódicas.
La polémica se intensificó después de que Peinado señalara que "no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la UE se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción", en alusión al exdirigente italiano Bettino Craxi. Frente a esa tesis, la Fiscalía ha cuestionado la lógica del supuesto riesgo de fuga y ha considerado que algunos de los argumentos empleados proyectan sospechas sin suficiente justificación.
El futuro judicial del procedimiento se encuentra ahora también pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe resolver cuestiones relevantes sobre la causa y el eventual juicio. La Fiscalía, por su parte, mantiene su petición de absolución al no apreciar delito en la conducta de Gómez, Álvarez y Barrabés. Las acusaciones populares, sin embargo, mantienen sus peticiones de condena.
Para los socialistas, la sucesión de decisiones contra Begoña Gómez ha alcanzado un punto que definen con dos términos especialmente contundentes: "obsesión" y "cacería".
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