El Gobierno ha respondido con una nueva ofensiva política en materia migratoria apenas unas horas después de conocerse que el Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. Lejos de rebajar el alcance de esa medida, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, una estrategia dotada con 505 millones de euros en su primer año que convierte la regularización en el punto de partida de toda la política migratoria diseñada por el Ejecutivo para esta legislatura.
La coincidencia de ambos movimientos dibuja un escenario de fuerte contraste. Mientras el alto tribunal aprecia posibles dudas sobre la compatibilidad de la regularización con el Derecho de la Unión Europea y ha iniciado el trámite para escuchar a las partes antes de decidir si consulta al TJUE, el Gobierno presenta esa misma regularización como la base sobre la que pretende construir un modelo estable de integración, acceso al empleo y fortalecimiento de los servicios públicos.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden que el plan nace con un objetivo claro: transformar la regularización extraordinaria en un itinerario de integración que permita incorporar plenamente a las personas migrantes a la vida económica y social del país. Para ello, el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta hasta 2030 articulada en cuatro grandes ejes, dieciséis medidas y diez objetivos evaluables.
La primera decisión política no deja lugar a dudas sobre las prioridades del Gobierno: la regularización deja de ser una medida aislada para convertirse en el primer pilar del nuevo modelo migratorio.
La regularización, eje central de la nueva estrategia
El Ejecutivo sostiene que las más de un millón de solicitudes registradas durante el proceso extraordinario de regularización evidencian la necesidad de una medida que permita aflorar situaciones de residencia irregular y facilitar la incorporación de esas personas al mercado laboral y al sistema de protección social.
Con esa premisa, el nuevo plan incorpora como primer eje la ordenación de los flujos migratorios y la regularidad administrativa como condición para favorecer la integración. Junto a la regularización extraordinaria, el Gobierno prevé desarrollar una Estrategia de Movilidad Laboral destinada a ampliar las vías legales, seguras y ordenadas de migración para responder a las necesidades del mercado de trabajo.
El plan también inicia el camino para la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, un nuevo organismo que concentrará competencias actualmente repartidas entre distintas administraciones con el objetivo de simplificar la gestión de los procedimientos relacionados con la residencia y la movilidad laboral. El Ejecutivo subraya, no obstante, que esa reorganización mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y las funciones vinculadas al control fronterizo y la seguridad.
La aprobación de esta estrategia llega en un momento especialmente delicado desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo ha dado audiencia a la Abogacía del Estado y a las comunidades autónomas recurrentes para valorar si plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE al considerar que la regularización extraordinaria podría entrar en colisión con el marco europeo de migración y asilo.
Aunque el procedimiento judicial todavía no supone la suspensión del decreto, el Gobierno ha optado por reforzar políticamente la medida en lugar de esperar al desarrollo del proceso judicial, integrándola en un proyecto mucho más amplio de gestión migratoria.
Empleo, formación y refuerzo de los servicios públicos
El segundo gran bloque del plan sitúa el acceso al empleo como principal herramienta de integración. El Ejecutivo destinará más de 35 millones de euros para facilitar la incorporación de personas migrantes a sectores con una elevada demanda de mano de obra, como la construcción, la hostelería o los cuidados.
A esa inversión se suma una oferta extraordinaria de Formación Profesional dotada con más de 150 millones de euros y más de 100.000 plazas orientadas a mejorar la cualificación profesional y responder a las necesidades de las empresas. El plan también contempla medidas de apoyo al emprendimiento y actuaciones específicas para favorecer el desarrollo económico en el medio rural.
El Gobierno defiende que la integración no puede limitarse al reconocimiento administrativo de la residencia, sino que debe traducirse en oportunidades reales de acceso al empleo, estabilidad económica y autonomía personal.
El tercer eje se centra en la convivencia y la cohesión social. Para ello se invertirán cerca de 30 millones de euros en programas dirigidos al aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales, así como al conocimiento de las normas de convivencia y del funcionamiento de las instituciones públicas. El plan incorpora además medidas para reforzar la prevención de los discursos de odio y ampliar el apoyo a las víctimas de discriminación.
La cuarta línea de actuación movilizará más de 260 millones de euros para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales. Según el Ejecutivo, la finalidad es que el incremento de población derivado de los procesos migratorios no se traduzca en un deterioro de la calidad de los servicios que reciben tanto la población migrante como el conjunto de la ciudadanía.
El Gobierno enmarca esta estrategia en un contexto demográfico y económico que considera determinante para el futuro del país. Según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, la población extranjera representa actualmente el 14,6% de la población residente en España y ha desempeñado un papel relevante en el crecimiento del empleo y de la actividad económica durante los últimos años.
El Ejecutivo sostiene que la inmigración constituye uno de los principales factores para afrontar el envejecimiento demográfico, sostener el mercado laboral y contribuir a la financiación del Estado del bienestar. Esa visión explica que la regularización extraordinaria no aparezca en el nuevo plan como una respuesta puntual a una situación administrativa concreta, sino como el punto de partida de una estrategia estructural de integración.
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