El dilema migratorio tras la crisis de Ceuta recorre Europa y da alas a la extrema derecha

Dos semanas después de la crisis migratoria en Ceuta, España sigue gestionando todos los frentes abiertos después de que más de 72.000 personas cruzaran la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma. Además de buscar una alternativa para los miles de migrantes que siguen vagando por las calles, el Gobierno afronta un duro debate que traspasa los Pirineos, y que ha recorrido una Europa en la que los discursos xenófobos de la ultraderecha ya estaban muy implantados. 

Ahora, lo ocurrido en Ceuta sirve como ejemplo a los contrarios a la inmigración, tanto en España, como en varios países del continente, además de en la propia Unión Europea. El dilema trasciende el papel de Marruecos en que decenas de miles de personas dirigirse a la vez a la frontera española, y tiene en el centro endurecer la seguridad migratoria. 

El giro es evidente. Los reclamos de los ultras que gobiernan en Italia y amenazan con asaltar en poder en países como España o Alemania, se escuchan también en boca de líderes socialdemócratas, como en el caso de Dinamarca. Allí, a más de 3.000 kilómetros de Ceuta, la crisis migratoria del 30 de julio y las semanas siguientes ha llegado a ocupar una sesión completa del Parlamento de Copenhague, en el que la primera ministra Mette Frederiksen dijo estar lista para cerrar las fronteras. 

Un poco más cerca de la ciudad autónoma, Italia mantiene suspendido el Acuerdo de Schengen con España, y el Gobierno de Giorgia Meloni es el puntero a la hora de criticar al de Pedro Sánchez por su gestión. España respondió con el mismo gesto, mientras Ceuta se convierte en el corazón del debate migratorio en toda una Europa en la que, antes de la crisis, el asunto ya era pasar de gestionar la inmigración dentro de las fronteras a tratar de impedir que llegue a ellas. 

Schengen y la frontera sur se apoderan del debate en Bruselas

Lo cierto es que los datos son gasolina para el incendio ultra. En los primeros seis meses de 2026 se registraron unos 49.000 cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión Europea, un 37% menos que un año antes. Un mes después de ese dato, llegaron 72.000 a Ceuta en apenas unas horas, según los cálculos del Gobierno de España. La derecha aprovecha para endurecer así el debate en Bruselas, obviando la diferencia entre los flujos migratorios habituales hacia el continente –sin duda un debate a abordar desde varias perspectivas- y el hecho de que decenas de miles de personas se dirijan a la vez al mismo punto.

Las políticas europeas apuntan, desde hace tiempo, hacia el endurecimiento del control exterior y las devoluciones de estos migrantes. En 2024, el Parlamento y el Consejo europeos aprobaron el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en aplicación este mes de junio. Sus pilares son procedimientos más rápidos en frontera, reglas comunes sobre asilo, mayor control de las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad para los países sometidos a presión migratoria, similar al aprobado en España para repartir menores migrantes entre las comunidades autónomas que centra el debate desde Ceuta. 

Justo antes de la crisis, también en junio, Bruselas había acordado también el nuevo Reglamento de Retornos, que permite crear centros de retorno de extranjeros en terceros países, los llamados return hubs. Esta idea ha pasado de los discursos más ultras sobre inmigración, como el de Meloni, a formar parte de la legislación europea. También se cambiaron en febrero las normas para facilitar que un país pueda denegar la solicitud de asilo de una persona si tiene vínculos, ha transitado, o puede ser trasladado, a otro país considerado seguro. 

Europa critica la regularización de migrantes

Todo aquello ocurrió antes de la crisis de Ceuta, tras la que 22 países de la Unión Europea firmaron un comunicado conjunto, en el que criticaban la acción del Gobierno español. Entre otras cosas, alertaron del “factor de atracción” que supuso la regularización de migrantes aprobada por el Ejecutivo, a pesar de la larga lista de condiciones que contemplaba el proceso para dar papeles al millón de personas que solicitaron acogerse y que, entre otras cosas, llevaban ya meses viviendo y trabajando en España. 

El pasado 4 de agosto se celebró una reunión de los ministros de Interior de la UE, en el que el tono se rebajó considerablemente, según el titular español, Fernando Grande-Marlaska. Los 27 mostraron su solidaridad con España, aunque algunos Gobiernos no abandonaron el choque del todo y criticaron la política de regularización. El comisario de Interior, Magnus Brunner –del ‘PP austriaco’-, dijo que el Ejecutivo europeo no veía una relación directa entre la regularización y la entrada masiva en Ceuta, aunque consideró que un proceso de ese tipo envía una mala señal al resto de Europa. 

El giro ultra de Dinamarca en materia migratoria

Ese escrito de 22 países, en el que abrían la puerta a reintroducir los controles fronterizos que levantó el Acuerdo de Schengen, fue promovido por Italia y Dinamarca. Este último país es el ejemplo más claro de cómo el endurecimiento de la política migratoria ha trascendido a la extrema derecha. 

Frederiksen, líder del Partido Socialdemócrata, lleva años defendiendo uno de los modelos migratorios más duros de Europa y ha sido una de las grandes impulsoras de trasladar procedimientos y retornos a terceros países, como propone también Meloni. El intento danés de construir un mecanismo con Ruanda no llegó a materializarse, pero muchas de aquellas ideas han acabado entrando en el debate europeo. 

El discurso es tan transversal allí, que la crisis de Ceuta ha llegado a ser motivo de convocatoria de un debate urgente en el Folketing, el parlamento danés, el pasado 12 de agosto. Allí, la primera ministra aseguró que el país está preparado para endurecer los controles e incluso cerrar sus fronteras si se reanudaba una llegada masiva a Europa. La postura de Frederiksen le ayudó a contener los ataques de la ultraderecha, el Partido Popular Danés, ya que los discursos de la dirigente abarcan ese espacio político, a pesar de ser socialdemócrata. 

Meloni aprovecha Ceuta para relanzar su fallido ‘plan Albania’

Otra de las grandes impulsoras de aquel comunicado fue Giorgia Meloni, que protagonizó la reacción más dura contra España tras la crisis. Un día después de la entrada masiva, su Gobierno reintrodujo temporalmente los controles para viajeros procedentes de España dentro del espacio Schengen, por el supuesto riesgo de movimientos de migrantes desde Ceuta, a pesar de que la ciudad autónoma no forma parte de Schengen. 

Italia mantendrá los controles, por lo menos, hasta este 15 de agosto, mientras que el gesto recíproco de España está previsto hasta el 7 de septiembre. Hasta esas fechas, algunos viajeros que se muevan entre ambos países podrán ser sometidos a controles de pasaporte. 

Pero además de endurecer su choque con el Gobierno de Pedro Sánchez, Meloni aprovechó la crisis de Ceuta para relanzar su fallido modelo de externalización. El llamado ‘plan Albania’, que la primera ministra italiana trató de impulsar en 2023, creó centros de traslado para migrantes en el país balcánico, gestionados por su Gobierno. Allí se pretendía trasladar a personas interceptadas en el Mediterráneo, como los miles que se dirigen cada año a la isla de Lampedusa, para tramitar allí sus solicitudes de asilo o expulsarlos a sus países de origen. 

A pesar de que este plan lleva dos años de centros casi vacíos y problemas judiciales, Meloni trata ahora de expandirlo. En la reunión del 4 de agosto, la líder ultra italiana propuso avanzar hacia un modelo de centros financiados por la Unión Europea, como los que ella mantiene en Albania, pero en terceros países fuera del territorio comunitario.