La crisis en Ceuta ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate migratorio y el modelo europeo en esta materia. Algunos países miembros de la Unión Europea acusaban al inicio a España de promover el conocido como ‘efecto llamada’ a raíz de las imágenes que se han visto en los últimos días en la ciudad autónoma, obviando los mecanismos de regularización con los que cuentan sus gobiernos.
Dos ejemplos de ello fueron Italia y Alemania. Ambos territorios, socios indispensables para nuestro país, no escatimaban en críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y el proceso de regularización extraordinaria. Si bien, pasaban por alto sus políticas en ese sentido.
Los líderes de 22 estados europeos firmaron una carta dirigida a instituciones comunitarias en la que criticaban la política de regularización de personas migrantes de nuestro país. Roma encabezó la ofensiva pidiendo estudiar la suspensión de España en el espacio Schengen al principio de la crisis, si bien, pasó por alto los mecanismos de regularización con los que cuenta el gobierno de Giorgia Meloni.
Decreto Flussi (Italia) y el caso de Berlín
Italia dispone del conocido como Decreto Flussi, un sistema de cuotas anuales del gobierno que regula la entrada legal de ciudadanos de fuera de la Unión Europea para trabajar o residir en el país. Hay quienes lo comparan con los procesos extraordinarios de regularización o "amnistías" para responder al desajuste del mercado laboral.
El decreto permite el acceso para empleo temporal, empleo subordinado no estacional y como autónomo; permite cambiar permisos de residencia a permisos de trabajo, y el marco vigente (2026-2028) contempla cientos de miles de autorizaciones para mano de obra extranjera.
El tiempo para hacer las peticiones depende del sector, mientras que el trabajador debe tramitar una verificación previa de disponibilidad de personal local y disponer con una oferta laboral antes de iniciar el trámite del permiso.
Desde Berlín también ejercieron presión contra España, argumentando que este tipo de amnistías perjudican la seguridad del bloque y son negativas para el sistema de asilo europeo. La realidad es que Alemania dispone de mecanismos individuales de regularización continua muy estable, con iniciativas legales como el Chancen-Aufenthaltsrecht (Derecho de Residencia de Oportunidad), con el que el país concede un estatus legal de transición a personas que llegaron al territorio de forma irregular o cuyos procesos de asilo fueron rechazados.
22 países críticos con España
Además de los países mencionados, la misiva llevó la rúbrica de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Los Ejecutivos de todos ellos reclamaban una actuación conjunta para reforzar las fronteras exteriores, acelerar los retornos de las personas que habían entrado de forma irregular y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.
El texto relacionaba las llegadas migratorias masivas con la política española de regularización y la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que limita los rechazos inmediatos -las bautizadas como devoluciones ‘en caliente’- de quienes llegan a España a nado.
Los firmantes se mostraban dispuestos a reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores ante el supuesto riesgo de movimientos secundarios después de que el gobierno de Meloni anunciara controles sobre viajeros no comunitarios procedentes de nuestro país y planteaba lo ya señalado sobre el espacio Schengen.
El planteamiento llegaba ante una presunta posibilidad de movimientos secundarios que, por otra parte, parecía poco factible, y es que no consta una salida significativa de personas migrantes hacia la Península u otros Estados miembros como para justificar esta medida. Además, Ceuta no está integrada en el espacio Schengen, con lo que se tornaba más polémica la idea. Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que habían devuelto a Marruecos prácticamente la totalidad de las personas que habían entrado irregularmente en España.
Carta de Von der Leyen
El líder español escribió tras este hecho a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien respondió felicitando a nuestro país y a Marruecos “por la rápida” y “eficiente y eficaz gestión” de la situación.
Si bien, daba un tirón de orejas a la administración marroquí, sosteniendo que “no se puede aceptar ningún intento de utilizar la migración irregular como medio de presión sobre un Estado miembros”, se refirió al país como un “importante socio estratégico” e indicó que se debería “mejorar el apoyo técnico y financiero” a Rabat.
Desciende la presión
Respecto de la respuesta de los países europeos, Francia fue uno de los que se desmarcó claramente de la presión, descartando en su momento una suspensión de España y reivindicando la cooperación entre instituciones. Una línea similar adoptaron Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
En las últimas horas, los socios han rebajado el tono. En la reunión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo con sus homólogos, no hubo “críticas reales” por la amnistía, según admitía el comisario de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, al terminar el encuentro. Así las cosas, aludió a un “tono constructivo”, según Marlaska, por parte de la mesa y los países mostraron su “total solidaridad" con España.
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