El juez Juan Carlos Peinado envía a Begoña Gómez a juicio con jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado mantiene su posición de actuar de igual manera con la asesora de la esposa de Pedro Sánchez en La Moncloa, Cristina Álvarez, a la que se le atribuye el delito de malversación.
En su resolución, el juez libra asimismo oficio a la Agencia Tributaria para que le remita las últimas cinco declaraciones de la Renta de Gómez y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que remita la certificación interesada por la acusación popular.
En el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el magistrado explica que Gómez responderá por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales “en relación tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío de software desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social competitiva”. Por su parte, dispone que Álvarez contestará exclusivamente “en relación con el desvío del software, en concepto de cooperadora necesaria”.
A partir de ahora, y a pocos días de la jubilación del juez -que llegará el próximo 27 de septiembre- el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid dejará el procedimiento en manos del tribunal del jurado, el cual deberá empezar los trámites para conformarse y fechar la vista oral. Para esto, todavía quedan al menos cuatro semanas.
Por lo pronto, la causa se traslada a la Audiencia Provincial de Madrid para que sea repartida por sorteo. Cuando la sección esté decidida, se escogerá a un presidente, que presidirá el jurado, entre sus cinco magistrados. Ahí comenzará la fase intermedia en la que se determinarán los testigos y las pruebas que se practicarán durante el juicio.
Se trata de la segunda vez en la que Peinado abre juicio oral contra las dos imputadas. La primera fue el pasado mes de junio, cuando atribuyó a ambas presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y acordó la retirada de sus pasaportes, así como la prohibición de salir del territorio.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló entonces la investigación llevada a cabo por el juez, pero únicamente en lo que respecta a los delitos de malversación y tráfico de influencias, con lo que el organismo judicial dejaba fuera del procedimiento los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. También excluyó del mismo al empresario Juan Carlos Barrabés, acordando que contra él sigue la investigación en lo relativo a la “legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos”. En cuanto a Álvarez, contempló la posibilidad de que existiera malversación de caudales públicos.
El organismo señaló que los “indicios” que existen sobre la esposa del presidente del Gobierno sitúan su participación en un presunto tráfico de influencias cometido tanto en la creación de la cátedra como en “la intermediación en favor de Barrabés”, y en una supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino de la herramienta como en “la utilización para fines privados de su asistente personal”.
La acusación que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas de las imputadas, al igual que la Fiscalía, piden su absolución. Además, el abogado de Gómez, Jaime Campaner, puso en evidencia en la audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de septiembre la “ineficacia” del escrito de la acusación popular.
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