El Partido Popular insiste en la estrategia desplegada por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. La portavoz conservadora en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha vuelto a pedir este viernes la “desclasificación” de los informes sobre el espionaje a Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno con el sistema Pegasus, y ha deslizado que “hay algo” en ellos que explica la postura del presidente sobre Marruecos desde el inicio de la crisis de Ceuta.
Muñoz da vuelo así a la acusación directa vertida por Feijóo durante la comparecencia de Sánchez, en la que dijo que el socialista está “chantajeado por Marruecos” con la información que tiene sobre él, de la cual no existe ninguna prueba desde que se conoció el ataque informático, en 2022.
En esa misma dirección va la portavoz, que asegura que el “cambio evidente en la política” del PSOE con Rabat tiene como “punto de inflexión” el hackeo con Pegasus. Al igual que su líder, Muñoz tampoco ha aportado evidencias de esta acusación en su entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha pedido al Gobierno “transparencia y desclasificar todos esos documentos”.
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha ido en la misma dirección en una entrevista en Telecinco. Asegura que, desde que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dio a conocer el espionaje que había sufrido, “la posición en relación con Marruecos en muchos ámbitos cambió”. El popular afirma que es “razonable” cuestionar “si hay alguna correlación entre una cosa y la otra, porque si no, no se entiende esta actitud del Gobierno en relación con nuestro vecino”.
El PP aviva la conspiración de la ultraderecha
Ambos han criticado la “sumisión” de Sánchez ante Marruecos, como hiciera Feijóo ante el Congreso el día anterior. El líder del PP respondió a la intervención del presidente diciendo que sus elogios a la cooperación del régimen de Mohamed VI se explican porque tiene “miedo” de lo que tienen en su poder. “¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera?”, le preguntó.
Al igual que Feijóo, que prometió “esclarecer” el asunto de Pegasus, Sémper ha asegurado que “todo se va a terminar por saber” cuando el PP llegue a la Moncloa. Muñoz, por su parte, también ha vinculado esto con el giro del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, que también ocurrió en 2022 y reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio. “Marruecos nunca va a estar mejor que con un Gobierno como el de Pedro Sánchez”, asegura.
La portavoz popular recuerda también que, en ese momento, el presidente de Estados Unidos era Joe Biden, y no Donald Trump. Esto responde a lo que califica como una “conspiración interestelar” de la participación de Washington, junto a Israel, en la planificación y ejecución de la avalancha migratoria de Ceuta de la que acusaron a Marruecos, entre otros, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El hackeo de Pegasus y el supuesto chantaje de Marruecos
Todo esto sirve a la oposición para señalar a Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta. Feijóo le acusó de haber estado “de brazos cruzados” mientras los 72.000 migrantes entraban en la ciudad autónoma, y aseguró que el Gobierno “lo sabía y lo tapó”. Por ello, el líder del PP recordó que su partido se va a personar en la causa judicial que está por abrirse en la Audiencia Nacional, y añadió que “probablemente escale ante el Tribunal Supremo”, insinuando la imputación de algún aforado, como Sánchez u otro miembro del Consejo de Ministros.
Esa pasividad la achacan al espionaje que sufrieron el presidente y otros miembros del Gobierno a través del sistema Pegasus en sus teléfonos móviles, entre los años 2020 y 2021. Este programa espía lo desarrolló una empresa israelí, NSO Group, que infectó los dispositivos pudiendo acceder a mensajes, fotografías, correos electrónicos y otros archivos.
Tras hacerse público el hackeo en 2022, el Centro Criptológico Nacional detectó entradas -o intentos- en los teléfonos de Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el de Agricultura, Luis Planas. La Audiencia Nacional abrió una investigación, pero se archivó definitivamente este mes de enero ante la falta de cooperación de las autoridades de Israel para identificar a los responsables.
Desde entonces, no se ha hecho pública ninguna prueba que avale la información que pueda tener Marruecos sobre el Gobierno, a pesar de que la derecha y la ultraderecha lo han utilizado como arma política en varias ocasiones. El famoso “qué le debe” ni siquiera explica la autoría de Rabat del espionaje, que solo se ha señalado en investigaciones periodísticas y se sustenta, únicamente, en coincidencias temporales como la de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla de 2021 o el giro con el Sáhara al año siguiente.
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