El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, redactará el informe que la Fiscalía entregará a la jueza María Tardón para que decida si abre o no una investigación sobre la entrada masiva a Ceuta los días 30 y 31 de julio. De esta forma, Alonso trasladará a la magistrada que el tribunal especializado tiene competencia para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.
En el informe, la Fiscalía pondrá de relieve el carácter transnacional de los presuntos delitos, ya que los inmigrantes salieron de Marruecos y llegaron a España. Así, el fiscal jefe justificará la competencia de la Audiencia Nacional con la afectación de las instituciones españolas y que todo el territorio español acoge esos presuntos delitos al verse afectada una de las fronteras del país.
Al hilo de ello, este jueves el Ministerio Público ha informado que la redacción del mencionado informe ha recaído sobre Alonso “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”.
De forma paralela, el Gobierno de Ceuta ha acordado que se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional. Según ha sostenido el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas, estos hechos habrían afectado de “forma directa y grave a bienes e intereses públicos” de la ciudad autónoma. Asimismo, añaden que con esta personación en la causa buscan “defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta”.
Con todo, la decisión de la Fiscalía coincide en el tiempo con un escrito realizado por el partido Iustitia Europa en el que puso de manifiesto que el tema era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”. Asimismo, este apoyo de la Fiscalía a que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta llega también después de que el pasado 31 de julio esta última abriera diligencias previas sobre la entrada a nado a Ceuta desde Marruecos de miles de inmigrantes.
Al hilo de esto último, el tribunal pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional para esclarecer si detrás de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio había una “acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. Precisamente, este miércoles se conoció el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en el que los agentes de la Policía analizan imágenes obtenidas de la entrada masiva y afirman que esta tuvo fines diferentes a los migratorios y que contó con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.
El Gobierno de Vivas se persona como acusación particular
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para investigar los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a través de la frontera del Tarajal.
Según ha informado el Ejecutivo local, la decisión responde a la necesidad de defender los intereses de la ciudad ante unos acontecimientos que, a su juicio, afectaron de manera "directa y grave" a bienes e intereses públicos de Ceuta.
El Gobierno ceutí sostiene que la entrada masiva de migrantes tuvo un impacto relevante en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, así como en el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, que se vio sometido a una fuerte presión por el incremento de llegadas.
Con ello, la ciudad autónoma considera que su personación en el procedimiento judicial permitirá defender los derechos de las víctimas de los hechos investigados, que identifica con "el pueblo de Ceuta", además de velar por los intereses institucionales de la administración local.
Asimismo, el Ejecutivo de Vivas entiende que su participación en la causa facilitará la adecuada valoración de los perjuicios sufridos por la ciudad autónoma y por los servicios públicos afectados durante la crisis migratoria registrada a finales de julio. Además, el Gobierno de Ceuta también ha señalado que la personación como acusación particular permitirá impulsar, en su caso, la exigencia de las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos que investiga la Audiencia Nacional.
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