Poco después de cumplirse un mes de la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular desde Marruecos a Ceuta, la crisis que ha sacudido a la ciudad autónoma sigue todavía lejos de resolverse y copa un debate político que ha confrontado no sólo a Gobierno y oposición, sino también a diferentes voces en el seno del Ejecutivo central.
Este miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta y con las múltiples manifestaciones que se celebraron en buena parte del país -algunas de ellas en apoyo al pueblo ceutí; otras, para alentar al ruido y la crispación-, estallaba la polémica entre el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional a raíz de un informe que señalaba a una actuación de Marruecos que propició la entrada masiva a Ceuta, pese a ser esto desmentido por el director general de la Policía, Francisco Pardo.
Al conocerse la existencia de dicho atestado, según avanzó El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó el tono contra Pardo y exigió conocer en detalle el contenido del informe y que aclare si era cierto la información publicada por el citado medio que hacía referencia a un informe elaborado por el CENIF enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Con ello, el foco ahora pasa a estar dividido entre Interior y también sobre el CENIF. Este órgano depende de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y se encuentra, desde hace más de una década, bajo el liderazgo del comisario David Agorreta. A su vez, este alto mando ejerció como asesor de Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía con el Partido Popular (PP) y para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el marco del ‘caso Kitchen’. Sus orígenes en la profesión se remontan a la década pasada, cuando fue destinado como letrado a la Jefatura Superior de Policía en Navarra siendo inspector jefe. En aquel momento, se le concedió una comisión de servicio para trabajar en la Dirección Adjunta Operativa a requerimiento de Pino.
En esta misma línea, después de que el CENIF fuera creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, Pino decidió nombrar a Agorreta como jefe del CENIF, cargo que ha conservado hasta el día de hoy.
El papel del CENIF y su posible exención de responsabilidades
La actividad del CENIF y de sus agentes, que se limita al territorio español, incluye los interrogatorios a aquellas personas que entran en España en situación irregular en aras de conocer los motivos o, en el caso de las mafias, la operativa llevada a cabo. Asimismo, los agentes que integran el CENIF mantienen estrechos lazos con la agencia Frontex de la Unión Europea, al ser este órgano el que integra los operativos que Frontex desarrolla en la lucha contra los grupos de inmigración ilegal.
Al hilo de las funciones de este grupo, el CENIF incluye también la “Sección Operativa de Inteligencia”, que limita su tarea a “fuentes abiertas”, como es el grupo de Facebook que se creó antes de la entrada masiva y en el que se alertó de la existencia de agentes vestidos de paisanos entre los migrantes que accedieron a la ciudad autónoma.
Con todo ello, y en referencia al polémico informe que ha encendido la mecha en las filas de Interior, la autoría de este recae en el comisario Alfredo García Miravete, el número dos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía. No obstante, fue el comisario general Julián Ávila quien fue citado este martes por Pardo, antes de que este diera respuesta a la carta de Marlaska y asegurase que en este informe no se señala a Marruecos como agente implicado en la entrada masiva.
Sin embargo, no ha sido tanto la autoría de este informe, sino más bien su existencia y su contenido lo que han elevado la crispación en el ministro del Interior. En la carta que en la madrugada del miércoles enviaba Marlaska al director general de la Policía Nacional, el ministro exigía saber los detalles de este informe y por qué no se había puesto en conocimiento de la cartera que dirige, especialmente después de que la jueza de la Audiencia Nacional ordenara a la Policía que no compartiera con los superiores la información que recogía el atestado.
No obstante, esta unidad de la Policía Nacional no está obligada a informar a Interior sobre la emisión de ese informe. Pardo, en calidad de máximo responsable de la Policía Nacional, debe preservar la autonomía y confidencialidad de las actuaciones policiales que se llevan a cabo bajo la batuta de una dirección judicial y acatar las órdenes recibidas por los jueces, en este caso, por la magistrada Tardón.
En esta línea, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en sus artículos 547 a 550 que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Asimismo, remarca que corresponde “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”. Además, establece que los agentes de la Policía Judicial sobre quienes recaiga una investigación “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.
Atendiendo a ello, en este caso el CENIF podría verse librado de responsabilidades por no haber trasladado a Interior el informe sobre el que la jueza de la Audiencia Nacional ordenó a los agentes que no se pusiera en conocimiento de sus superiores el contenido del informe.
Cabe destacar que la magistrada de la Audiencia Nacional sobre la que ahora tembién recae el foco de atención fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2003, llegando también a ser concejala de Seguridad. No obstante, antes de entrar en el terreno político, Tardón fue portavoz durante los años 90 de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Precisamente, a propuesta de este organismo, en 2026 la magistrada se presentó a la Comisión de Ética Judicial del CGPJ. Asimismo, una vez concluyó su etapa política, Tardón regresó a la judicatura y desde 2005 presidió la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid. En 2018 accedió al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y en 2024 se presentó para la Presidencia de la Audiencia Nacional.
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