La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente una cuestión de fronteras, migración y seguridad para convertirse también en un problema de arquitectura institucional. La aparición de un informe policial remitido a la Audiencia Nacional que atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y ejecución de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio ha abierto una nueva vía de presión sobre el Ministerio del Interior y ha reavivado, retrospectivamente, la controversia sobre qué información manejaron los distintos organismos del Estado antes de aquella jornada.
En este escenario, fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por ElPlural.com fortalecen la tesis sostenida por Margarita Robles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados y consideran acertada la explicación ofrecida entonces por la ministra sobre la actuación de los servicios de inteligencia.
El respaldo resulta especialmente significativo porque llega cuando el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que reclamar explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, después de conocer por la prensa la existencia de un informe remitido directamente a la Audiencia Nacional.
La nueva pieza del puzle no resuelve por sí misma el debate sobre las alertas previas, pero altera su contexto. Si el informe policial conocido ahora sostiene que la entrada masiva no fue un episodio espontáneo, la pregunta ya no se limita a determinar si el Estado pudo prever exactamente la magnitud de la avalancha. Se extiende a conocer qué información circuló por las estructuras de seguridad, quién la recibió, cuándo lo hizo y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.
Defensa vuelve a mirar a Robles
Las fuentes del Ministerio de Defensa consultadas sitúan la comparecencia de Robles en el Congreso bajo una luz distinta a la que proyectó inicialmente la disputa pública con Interior. Su intervención, sostienen, acertó al reivindicar el trabajo de los servicios de inteligencia y al defender que existió información previa sobre movimientos y convocatorias para acceder irregularmente a Ceuta.
Robles afirmó ante la Comisión de Defensa que el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, funcionarios del CNI destinados en Ceuta trasladaron a la Delegación del Gobierno la existencia de una convocatoria para entrar a nado aprovechando una festividad en Marruecos. La ministra defendió además que los servicios de inteligencia realizaron la labor que les correspondía y que compartieron información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno.
Su exposición contenía, sin embargo, un matiz fundamental: Robles no sostuvo necesariamente que el CNI hubiera predicho la dimensión exacta de lo ocurrido. La controversia se ha construido, en buena medida, alrededor de esa diferencia semántica y operativa. Una cosa es detectar una convocatoria, una tendencia o un riesgo de entrada; otra, disponer de un informe que anticipe una operación de decenas de miles de personas con una precisión suficiente para activar medidas extraordinarias.
La información que no equivale a una predicción
Marlaska ha insistido en que no existió “ningún informe” que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones finalmente registradas. En paralelo, Robles defendió que el CNI informó de una convocatoria para entrar a nado y compartió información con los organismos de seguridad. Ambas afirmaciones pueden parecer incompatibles si se utiliza la palabra “aviso” como sinónimo de “predicción”, pero adquieren otra lectura cuando se distingue entre una alerta sobre un riesgo concreto y una previsión sobre su magnitud final.
El propio debate parlamentario ha quedado atrapado en esa frontera conceptual. La ministra de Defensa describió una situación que, según su exposición, era monitorizada diariamente por los 25 agentes del CNI destinados en Ceuta. Marlaska, por su parte, sostuvo que de haber existido conocimiento previo de una entrada comparable a la de 2021, la información habría sido elevada a las más altas instancias para adoptar medidas extraordinarias.
El problema político aparece cuando el lenguaje de ambos departamentos deja de describir matices diferentes de una misma realidad y comienza a parecer que habla de realidades distintas.
Un informe judicial que reabre la cuestión
La investigación policial conocida ahora añade una dimensión especialmente delicada. Según la información adelantada por María Peral en El Español, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la Audiencia Nacional atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la planificación y ejecución de la entrada masiva, descartando que se tratara de un episodio meramente espontáneo.
El documento, siempre según esa información periodística, sostiene que agentes marroquíes habrían orientado a los inmigrantes y gestionado el flujo de personas que se concentraron en Castillejos para dirigirlas hacia determinados puntos de acceso a territorio español.
La relevancia de esta hipótesis no reside únicamente en determinar el grado de responsabilidad de Marruecos. También obliga a revisar las preguntas formuladas durante las comparecencias parlamentarias: qué sabían los servicios españoles, qué información llegó a cada organismo y si la naturaleza del fenómeno fue interpretada correctamente.
Por eso el informe no constituye un punto final. Es, más bien, una nueva carpeta abierta sobre una mesa que ya estaba abarrotada de interrogantes.
Marlaska exige saber quién conocía el documento
La reacción del ministro del Interior ha sido inmediata. Grande-Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare el contenido del informe, su recorrido institucional y desde cuándo tenía conocimiento la Policía Nacional de esa investigación. El ministro considera especialmente relevante determinar si una información de esas características debió haber sido puesta en conocimiento de las autoridades responsables de la dirección de la política interior y de la seguridad nacional.
El episodio introduce una paradoja institucional de considerable calado: mientras Interior sostiene que no dispuso de un informe que anticipara la magnitud de la entrada masiva, el propio ministro reclama ahora explicaciones sobre un documento policial que llegó directamente al ámbito judicial y que, según las informaciones publicadas, habría circulado por un número muy reducido de manos.
La oposición exige saber “quién miente”
PP y Vox aprovecharon la comparecencia de Robles para convertir la discrepancia en una cuestión de responsabilidad política. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, preguntó quién decía la verdad entre la ministra de Defensa y el titular de Interior y reclamó aclaraciones sobre la cadena de información. Vox, por su parte, sostuvo que los servicios de inteligencia debían haber conocido los movimientos previos y planteó reforzar permanentemente la presencia militar en la frontera.
La oposición ha encontrado en la crisis un terreno fértil para hablar de incompetencia, falta de coordinación y ausencia de responsabilidades. El Gobierno, por su parte, intenta separar la existencia de información previa de la capacidad de prever una avalancha de decenas de miles de personas.
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