La crisis de Ceuta ha abierto una grieta inesperada dentro del Gobierno. Con el debate sobre lo que ocurrió antes de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio como protagonista absoluto de la actualidad, han aflorado cuestiones como qué información llegó a las distintas instituciones, quién la recibió y qué decisiones se tomaron con ella. Las versiones ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no encajan completamente, y mientras ambos intentan explicar desde sus respectivos departamentos qué ocurrió, emerge una conclusión política difícil de esquivar: si existían informaciones sobre un incremento de la presión migratoria y no fueron interpretadas o trasladadas de la misma manera, hubo un problema de coordinación. Si, por el contrario, cada departamento recibió información diferente y actuó correctamente con ella, el Gobierno debe rendir cuentas sobre por qué sus responsables cuentan ahora relatos dispares.
La situación en Ceuta sigue siendo, además, extraordinariamente delicada. El Ejecutivo ha creado un mando único para gestionar la crisis y ha reforzado la coordinación entre las administraciones, después de varias semanas de presión migratoria, problemas de acogida y episodios de violencia, en una crisis con dimensiones humanitarias, políticas, geopolíticas, judiciales y sociales. Todo ello hace que el choque entre dos carteras de gran peso, como lo son Interior y Defensa, llegue en un momento muy vulnerable para el Gobierno de Pedro Sánchez.
La versión de Robles: el CNI hizo su trabajo
El origen de la controversia está en la comparecencia de Robles ante el Congreso. La ministra defendió que los servicios de inteligencia habían realizado su cometido y habían compartido la información disponible con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Según la versión difundida por Defensa, existieron comunicaciones previas relacionadas con el incremento de las entradas y con una convocatoria para intentar llegar a Ceuta. La propia Robles sostuvo que el CNI había informado de la situación antes de los acontecimientos del 30 de julio. Moncloa, sin embargo, desautorizó la versión de la ministra, evidenciando la guerra interna.
Un matiz es clave para entender esta división. Aunque el debate gire en torno a la existencia o no existencia de un documento titulado formalmente "informe del CNI" que predijera la llegada de decenas de miles de personas, es posible distinguir entre un informe formal, una alerta de inteligencia y comunicaciones operativas o verbales a distintos niveles. Esa distinción es fundamental, porque puede ser cierto que el CNI detectase movimientos o convocatorias y los comunicase a las autoridades, y también que no existiera un documento que permitiera anticipar con exactitud la dimensión que acabaría adquiriendo la entrada, como denuncia Interior.
Marlaska: no hubo un informe que anticipara la avalancha
El titular de Interior ha insistido en que no recibió ningún informe del CNI que alertase de una entrada de las dimensiones finalmente registradas. Esa posición ya había sido defendida por el ministro anteriormente y ha vuelto a ser el eje de su comparecencia de este viernes en el Congreso. Interior sostiene que una cosa es conocer que existe presión migratoria o que pueden producirse intentos de entrada y otra muy diferente disponer de información que permita prever una operación de una magnitud extraordinaria, como era el caso.
La versión de Interior conduce a una de las conclusiones del propio Marlaska: que hubiera alguna información previa no significa necesariamente que el Gobierno supiera que se produciría la entrada masiva que finalmente tuvo lugar. Pero tampoco resuelve todas las preguntas, porque si Defensa afirma que el CNI compartió información con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno, la cuestión inmediata es qué información se compartió, con quién, a través de qué vías, cuándo, y qué uso se hizo de ella.
En líneas similares, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha emitido un comunicado en el que también contradice a la titular de Defensa y niega que recibiera "informe alguno" de inteligencia que anticipara la crisis migratoria. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio. Lo que sí se transmitió desde esta institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes. Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30, tal y como también ha reiterado hoy el ministro del Interior. Asimismo, esta Delegación del Gobierno insiste en que no tiene competencias en relación con el Centro Nacional de Inteligencia, organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte, ajenos a esta institución", sostiene el comunicado.
Sin embargo, poco después de conocerse la versión aportada por el ministro del Interior, Robles ha querido insistir en que un día antes de la entrada masiva el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando el festivo en Marruecos. "Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Es sabido, era público y notorio, que en Ceuta se estaba entrando a nado", enarbolaba la titular de Defensa.
El mando único y la presión de la oposición
Pedro Sánchez ya había presidido reuniones específicas sobre Ceuta los días 7 y 17 de agosto, con la participación de Robles, Marlaska y otros ministros implicados en seguridad, migración, política territorial y relaciones exteriores. El 25 de agosto, además, el Gobierno anunció la creación de un mando único para gestionar la crisis, y el propio Ejecutivo justificó la medida por la necesidad de reforzar la coordinación en una situación que calificó de "momento clave", sin atribuir responsabilidades individuales. Sin depositar la culpa sobre nadie en concreto, lo cierto es que la respuesta posterior ha necesitado una estructura de coordinación reforzada.
Por su parte, la oposición ya está utilizando el choque para reclamar responsabilidades y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado de pedir a Pedro Sánchez que autorice la visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma a pedir la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales para esclarecer las distintas versiones sobre los avisos del CNI. Vox, por su parte, también ha sido muy crítico con el Ejecutivo progresista, en su línea habitual, pidiendo dimisiones e incurriendo en descalificaciones a los integrantes del Gobierno. Entre todo el ruido y todas las incógnitas, a día de hoy lo que está confirmado es que Robles y Marlaska han explicado de manera diferente el alcance de la información previa, que la Delegación del Gobierno tampoco coincide plenamente con la versión de Defensa y que el Gobierno ha tenido que reforzar sus mecanismos de coordinación.
Lo que todavía debe aclararse es si hubo un aviso concreto sobre la dimensión de la entrada, quién lo recibió, por qué canal y qué decisiones se tomaron a partir de él, así como esclarecerse si la discrepancia es realmente una contradicción o si se debe a que cada ministro está hablando de cosas diferentes: Robles, de información compartida por los servicios de inteligencia, y Marlaska, de la no existencia de un informe formal que anticipase una entrada de migrantes. Dirigentes socialistas como Cristina Narbona han defendido que ambas versiones podrían ser compatibles, en un intento de apaciguar unas aguas ya muy embravecidas.
Sánchez también comparecerá en el Congreso, pero aún sin fecha conocida
En otro orden de cosas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, avanzó que el presidente del Gobierno comparecerá "por supuesto" en la Cámara Baja para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, aunque no ha concretado la fecha en la que lo hará.
Saiz señalaba que "no maneja la agenda" del jefe del Ejecutivo pero que a nadie le "extrañe" que dé explicaciones en el Parlamento, porque es lo "habitual" y es el presidente, según recalcaba, que más veces ha comparecido. Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado para el próximo miércoles la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara con el fin de votar si el jefe del Ejecutivo central debe ser llamado a comparecer en sesión plenaria para dar explicaciones sobre Ceuta.
Al hilo de ello, la co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, afirmaba también esta semana que no tiene dudas de que el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso para hablar de la crisis migratoria "al igual que otros ministros" y ha expresado su defensa de la "total transparencia" en las explicaciones que se aporten.
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