El Gobierno aprueba este martes la apertura de la documentación reservada sobre el 23 F. La decisión reabre uno de los capítulos más decisivos y controvertidos de la historia reciente de España y puede arrojar luz sobre las incógnitas políticas, militares e institucionales que siguen pendientes desde aquella jornada que puso en jaque a la democracia.
Casi 45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, España continúa conviviendo con una herida histórica que nunca terminó de cerrarse del todo. El asalto al Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Antonio Tejero, la proclamación de un supuesto “gobierno de salvación nacional” impulsado por el general Alfonso Armada y la intervención televisada del rey Juan Carlos I marcaron uno de los episodios más decisivos de la democracia española.
Ahora, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprueba la desclasificación de documentación oficial vinculada al golpe. La decisión abre la puerta a que historiadores, investigadores y periodistas accedan a materiales hasta hoy reservados y puedan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella tarde en la que la joven democracia estuvo al borde del colapso. Unas respuestas, unos análisis, unas conclusiones para ofrecer al pueblo parte de su memoria colectiva reciente.
Un país secuestrado
El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez, un grupo de guardias civiles irrumpió en el hemiciclo al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Diputados y miembros del Gobierno permanecieron retenidos durante horas bajo la amenaza de las armas.
Pero el golpe no fue solo la imagen televisada de Tejero pistola en mano. Detrás se movía una operación política que aspiraba a instaurar un Ejecutivo de carácter “militar, por supuesto”, en palabras de los propios golpistas, que devolviera a España a una fotografía en blanco y negro, más cercana al franquismo que al pluralismo constitucional.
El llamado plan Armada incluía un gobierno de concentración con nombres procedentes de distintas fuerzas políticas y ámbitos institucionales. La sola enumeración de esa hipotética lista —que mezclaba dirigentes de UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y figuras independientes— sigue suscitando una pregunta central: ¿eran conscientes y conocedores algunos de los elegidos de que sus nombres formaban parte de una arquitectura diseñada bajo coacción militar?
La desclasificación puede aportar luz sobre incógnitas que han atravesado generaciones. ¿Qué quiso decir Suárez cuando, días antes, afirmó en su despedida televisiva que no quería que la democracia fuese “una vez más, un paréntesis en la historia de España”? ¿Hasta dónde llegaban las conexiones de la trama con sectores de la ultraderecha? ¿Quién financiaba la operación? ¿Qué papel desempeñaron determinados actores civiles?
También persisten dudas sobre la dimensión institucional del golpe. ¿Qué alcance tuvo la actuación del entonces monarca en los días previos? ¿Qué significado exacto tuvo el mensaje enviado a Jaime Milans del Bosch en el que señalaba que, tras su intervención, “ya no podía volver atrás”? ¿Por qué en el juicio se limitaron determinadas declaraciones, como las relativas a reuniones mantenidas en La Zarzuela días antes del asalto?
El papel del CESID —antecesor del actual CNI— constituye otro de los grandes interrogantes históricos: ¿tenían sus servicios de información conocimiento previo de los movimientos de Armada? Y, de ser así, ¿qué hicieron con esa información?
Ni bulos, ni bolas, solo la verdad
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de creciente demanda de transparencia sobre los episodios clave de la Transición. El escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de separar el análisis histórico de los mitos y las simplificaciones. Desclasificar documentos puede contribuir precisamente a eso, a desmontar bulos, confirmar responsabilidades y fijar un relato sustentado en pruebas documentales.
Para una generación que vivió el 23-F con miedo real a una involución autoritaria, el golpe no fue una anécdota más de la historia de un país acostumbrado a los pronunciamientos militares, sino una amenaza tangible. Para quienes nacieron después, es un capítulo decisivo cuya comprensión depende en buena medida de la apertura de archivos.
La democracia española se consolidó tras aquella noche. Pero consolidación no equivale a conocimiento pleno. La transparencia institucional no reescribe la historia sino que la completa.
La desclasificación no es solo un gesto honesto y valiente de un Gobierno, no son “cortinas de humos” como vergonzosamente dice el Partido Popular; es una oportunidad para responder, con datos y no con suposiciones, a las preguntas que durante décadas han gravitado sobre el 23-F. Porque ninguna democracia madura puede permitirse convivir indefinidamente con zonas de sombra en uno de sus momentos fundacionales.
