A partir de este miércoles se podrán consultar todos los documentos y archivos vinculados al intento fallido de golpe de Estado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes su desclasificación. Cuando se cumplen 45 años del 23-F, el Gobierno de España ha acordado levantar el secreto de estos archivos con el objetivo de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" y, pese a que no será hasta este 25 de febrero cuando se conozca el contenido de los documentos, sí se sabe que serán 153 unidades documentales que, durante décadas, “han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por investigadores, historiadores y por la propia ciudadanía”.
A razón de ello, ElPlural.com ha podido conversar con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En su entrevista con este periódico, Silva aborda las asignaturas pendientes en materia de memoria, subraya la necesidad de derogar normativas franquistas y pone de manifiesto que la desclasificación "no influye en la ideología de la gente, influye en el conocimiento". "Quienes quieren que el pasado no se democratice, son los que legitimaron un pasado que no era democrático", defiende el presidente de la Asociación en esta entrevista.
P.: ¿Qué supone para la memoria histórica que durante 45 años hayan estado bajo secreto unos documentos relacionados con el intento del golpe de Estado?
R.: Aquí hay una cultura del Estado muy proclive a ocultar cosas que viene heredada del franquismo. Tenemos en vigor unas leyes de secretos oficiales que firmó Franco en 1968 y que todavía está en vigor. España tampoco tiene una ley de archivos, como tienen otros países europeos. Tiene alguna legislación que afecta a los archivos, pero no tiene una verdadera ley de archivos, y eso es poco democrático porque cuando no tienes regulados ciertos ámbitos que tienen que ver con la transparencia, predomina el criterio político o individual de quien sea el responsable de los archivos, y no juega una legalidad, sino una cosa subjetiva.
El golpe no está demasiado estudiado y triunfó en unas cuantas cosas. En lo que afecta a la asociación a la que yo pertenezco, entre los años 1978-1979-1980 se hicieron bastantes exhumaciones de fosas en España, sobre todo en Navarra y en La Rioja. Eran familias que conocían los sitios donde habían enterrado a sus seres queridos e iban con un pico y una pala y los metían en un cementerio. Ese movimiento empezaba a crecer, a extenderse a otras provincias y se paralizó el 23-F, porque fue un gran susto para mucha gente y ese susto conquistó algunas cosas políticamente. Siempre se dice que el golpe fracasó, pero quizás no era un golpe para establecer una dictadura, sino un golpe para otras cosas. Y quizás algunas las conquistó, como el hecho de que se dejara de buscar desaparecidos de la dictadura en España durante 20 años.
P.: ¿Consideráis que la desclasificación anunciada es suficiente para la reparación de las víctimas del franquismo y para la memoria histórica?
R.: La derogación de la ley de secretos oficiales franquista es importante. Es incomprensible que una democracia haya podido utilizar una ley que afecta directamente a los poderes del Estado y a su transparencia. No sabemos cuántas cosas esconde el Estado precisamente porque nunca ha habido transparencia. Gran parte del problema es esta cultura de la falta de transparencia. De hecho, de los años 1976 a 1979, el gobierno de España estuvo tres años quemando toneladas de documentos. Aquí ha habido una gran tradición de destruir documentos. Aznar, cuando salió del gobierno y estaba en funciones, contrató una empresa para que borrase los archivos de Moncloa y cada presidente español del Gobierno se ha llevado lo que ha considerado su archivo personal a casa.
Hay toda una cultura de destrucción, de privatización de archivos que son públicos, porque los archivos normalmente los redactan los poderosos y quieren esconder sus crímenes. El verdadero problema es que en 50 años no se ha desarrollado una legislación que ponga un contexto legal y democrático al manejo de esa información. La desclasificación no deja de ser una excepción y lo que debería ser es una regla. Esto no puede funcionar por aniversarios ni por excepciones políticas.
P.: Esta 'cultura de falta de transparencia' ¿puede reflejar una deuda con la historia o que todavía queda mucho por hacer en materia de memoria?
R.: Esto debería existir, aunque no hubiera habido antes de este periodo democrático una dictadura con violaciones de derechos humanos. Hemos tardado 50 años en redactar cuatro folios para sustituir la normativa franquista. No tiene un argumento defendible el hecho de que no haya ocurrido antes, porque hacer una nueva ley no quiere decir que de repente el Estado se vuelva de cristal, transparente, pero crea una herramienta democrática que tiene que mejorar la transparencia de la herramienta de la dictadura.
Claro que hay una deuda. Aquí se han destruido y escondido muchísimas informaciones que afectan a las víctimas de la dictadura. Las leyes de protección de datos no son entes neutrales. Están hechos para, a veces, proteger a ciertas élites. Entonces, igual nuestra Ley de Protección de Datos es muy restrictiva. ¿Cómo es posible que yo desde mi ordenador pueda consultar los nombres de todas las víctimas de ETA, que dejó de asesinar en el año 2011, y no pueda saber quiénes fueron las víctimas de los bombardeos sobre Madrid del 36 al 39? Eso no se debería permitir.
P.: ¿Qué mensaje mandarías a todos aquellos que opinan que desclasificar estos archivos es remover heridas?
R.: Cuando hace 26 años empezamos a buscar desaparecidos de la dictadura decían que queríamos vengarnos, que queríamos ganar una guerra que perdimos, que queríamos dividir a la sociedad española. Estos argumentos funcionan en todo el planeta. Son universales. Son argumentos de quienes defienden a los que se beneficiaron de una dictadura y se siguen beneficiando en democracia de los privilegios que adquirieron de ella y no quieren que se sepa el pasado.
Desclasificar la información del golpe de Estado no influye en la ideología de la gente, influye en el conocimiento. Esto es un derecho, no es una cuestión de ideología, sino que son las reglas básicas de la democracia. Entonces quienes hoy dicen eso, le quitan importancia, señalan que es una desviación de la atención sobre otras cosas, son los que han organizado toda la ignorancia que hay en el país acerca de ese pasado.
Uno de los objetivos de la asociación es precisamente desorganizar el olvido. Hay gente que quiere que el olvido siga siendo compacto y desorganizado, está en el argumentario de esa derecha repetirlo. Quienes quieren que el pasado no se democratice, son los que legitimaron un pasado que no era democrático.
