La crisis de la vivienda en España sigue siendo el principal problema al que las instituciones no están sabiendo responder. Pese a que el mensaje político es que garantizar el acceso para todos es la prioridad, los datos no dejan de dibujar un escenario cada vez peor. Un ejemplo es el informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda?', publicado este jueves por Amnistía Internacional.
En él, la organización analiza las "medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso". Sus conclusiones son claras. En el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, España sigue sufriendo una "crisis estructural del derecho a la vivienda", que no para de agudizarse para millones de personas a pesar de las iniciativas políticas. Para solucionarlo, Amnistía exige "aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables".
Las calles de Madrid, en las que el grito por el derecho a la vivienda es cada vez mayor, han visto nacer la iniciativa con la que Amnistía Internacional pone este problema en el centro. Justo cuando Bad Bunny inicia su residencia en España, el lema es el siguiente: "Es más facil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna". El director de la sección española de la organización, Esteban Beltrán, la ha presentado este jueves frente al Congreso de los Diputados, como símbolo del reclamo directo al poder legislativo para cumpla con su función y solucione el principal problema de la población.
"No hay una vulneración más grave, ni por la extensión del tiempo, ni por el número de personas afectadas, que la vivienda como violación de los derechos humanos en España.", ha dicho a los medios en la Plaza de las Cortes. "Es lo más grave que ha documentado Amnistía durante años", asegura.
España, a la cola de Europa
El diagnóstico es preocupante. A pesar de las recientes medidas del Ministerio de Vivienda, la inversión sigue sin ser suficiente. Entre los motivos que avalan esta realidad, Amnistía sitúa la escasez del parque de vivienda social de alquiler, en el que España está muy por debajo de la media europea. Por un lado, en cantidad, pues las 318.000 viviendas de titularidad pública en nuestro país apenas suponen un 1,71% del parque total. En el caso del alquiler asequible, el área de Isabel Rodríguez lo sitúa en el 3,5% del total del parque en el mercado rentista.
Estos datos están muy lejos de la media de la Unión Europea, del 9%. Bruselas pone en evidencia la falta de "un sistema público de vivienda de carácter estructural", que es lo que pide Amnistía, pero los datos de algunos países —como Países Bajos, en la que el parque público supera el 30% del total, o Austria y Dinamarca, donde es más del 20%— sonrojan una falta que "evidencia el limitado nivel de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad".
Pero los datos son preocupantes también en cuanto a la inversión. España dedica un 0,5% de su PIB a vivienda pública, frente a la media Europea del 1,2% y países como Italia en el que llega al 4,4%. Amnistía valora el "esfuerzo" del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que además de un desembolso sin precedentes a las comunidades autónomas y de blindar las viviendas protegidas de salir al mercado, aumenta la inversión un 308% con respecto a la anterior ley. Sin embargo, la organización advierte que este incremento no quita que la financiación del plan no alcanza el 0,1% del PIB.
El alquiler temporal y los desahucios invisibles
El informe destaca que el precio de la vivienda se ha disparado en la última década sin que los salarios hayan crecido al mismo ritmo. El dato es demoledor: el 28,3% de la población con rentas más bajas dedica más del 40% de sus ingresos a pagar su casa. También se señala que la emancipación juvenil en España supera los 30 años, frente a los 26 de media en la Unión Europea. Esta precarización de la vivienda se explica con tres datos. Por un lado, los alquileres turísticos, que representan el 10% del parque residencial. También los alquileres de temporada, que han crecido un 232% entre 2019 y 2024 y suponen en torno al 13% de la oferta total. Además, los contratos de habitación crecieron un 22% en el primer trimestre de 2026 con respecto al año anterior.
El alquiler temporal es una de las mayores fuentes de desigualdad en el acceso a la vivienda, a lo que se suma la desprotección a los inquilinos de habitaciones. Amnistía denuncia que estas personas quedan fuera de la protección plena de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pese a que muchas no eligen esa modalidad, sino que llegan a ella porque no pueden pagar una vivienda completa.
Por si fuera poco, el acceso a la vivienda es el ámbito en el que se dan más situaciones de racismo. El Ministerio de Igualdad subraya que el 27% de las personas que han sufrido discriminación racial señalan que ocurrió en el ámbito de la vivienda, seguida de los espacios públicos (22 %) y el ámbito policial (20 %).
Para Amnistía los desahucios siguen siendo un problema crítico en nuestro país. El informe recoge datos de la Plaforma de Afectadas por la Hipoteca y del Consejo General del Poder Judicial, que hablan de más de un millón de desalojos desde 2008, y más de 600.000 entre 2013 y 2025, respectivamente. Pero a esto hay que sumar un fenómeno que fomenta la especulación por parte de los fondos buitre que acumulan cientos de viviendas para mercadear. Los "desalojos invisibles", que son aquellos en los que las personas se ven obligadas a irse de sus casas, ya sea por los precios inasumibles o por decisiones de los propietarios para poder sacar la vivienda de nuevo al mercado, y que no se pueden cuantificar.
Las ocho medidas que propone Amnistía
Amnistía recuerda que España tiene una "obligación jurídica de garantizar la asequibilidad de la vivienda", a través de mandatos como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la seguridad de la tenencia para la población urbana pobre, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos organismos han recomendado a nuestro país, entre otras cosas, que introduzca "sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades", y medidas para evitar la "manipulación de los mercados de la vivienda" por los fondos de inversión.
Sobre las medidas que sí se están tomando, o se plantean en las Cortes, el informe valora ese incremento del Plan Estatal con respecto a la anterior Ley de Vivienda del Ministerio, de 2023. Aún así, considera que es "insuficiente", y señala el Congreso de los Diputados como fuente del problema de bloqueo a la regulación de la vivienda. Amnistía considera que es "necesaria y urgente" la adopción de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, presentada por las izquierdas y que se encuentra bloqueada en la Cámara Baja.
Por otro lado, el informe analiza dos propuestas del Partido Popular, las cuales pide al Congreso que no apoye. Se trata de las proposiciones de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda; y contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Se trata de las dos patas de la ley de vivienda del PP, tramitadas hace un mes y que proponen facilitar desahucios y eliminar la protección a los vulnerables.
El informe termina lanzando ocho exigencias a las administraciones para "contribuir, con medidas urgentes y estructurales, a superar la crisis de vivienda en España:
- Firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible.
- Aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.
- Inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y tramitar de forma ágil la Propuesta de Ley para la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, paralizada en el Congreso, para endurecer las condiciones de los mismos.
- Aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler en caso de que el Gobierno lo relance.
- Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, a personas en procesos de desalojo para impedirlos.
- Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.
- Aplicar fórmulas más ágiles que nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.
- Al poder judicial: Asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.
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