El Gobierno y el Partido Socialista afrontan un nuevo golpe tras la sentencia en la que, este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación. Ya se anticipaba que la reacción, tanto de Moncloa como de Ferraz, iba a ser enmarcar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en el lawfare contra el entorno del presidente, ya que este es el argumento con el que atajan habitualmente los reproches sobre este procedimiento y el que rodea a Begoña Gómez.
Y así fue. Desde el minuto uno tras conocerse la sentencia, que condena también al expresidente de la Diputación de Badajoz y último candidato de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo; tanto los ministros del Gobierno como el PSOE a través de sus cargos orgánicos salieron en tromba con un mismo argumento: existe una operación coordinada entre la derecha, los jueces y los medios de comunicación para derribar al Ejecutivo, y esta sentencia responde a ello.
Esto es, la definición del lawfare. Hace ya meses que Moncloa abrió este camino, especialmente con aquellas causas que tienen una mayor carga emocional para el líder del Ejecutivo, y con la gasolina de las decisiones de algunos jueces. Por ejemplo, la polémica instrucción del juez Peinado contra la mujer del presidente, el procedimiento contra David Sánchez, o la condena en diciembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todas ellas responden, para el Gobierno, al mismo objetivo, el de apuntar al corazón de Sánchez.
Moncloa se coordina en torno a Sánchez
Este martes, el argumento quedó plasmado desde la primera reacción, de quien se ha convertido en ariete del Gobierno, el ministro Óscar Puente. Minutos después de conocerse la sentencia, el titular de Transportes dejaba claro en X cuál iba a ser la tónica: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”, escribió.
Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026
Unos minutos después, era el turno de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que se enfrentaba a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La socialista empezaba diciendo que no podía reaccionar al contenido de la sentencia, pero sí al origen de la causa, que es “una denuncia de una organización de ultraderecha”. Bastaron dos preguntas más para arrancar de la boca de la ministra el mismo argumento avanzado por Puente: “Esta causa tiene un único origen, dañar el presidente del Gobierno a través de su entorno familiar”.
El PSOE agita el lawfare contra Sánchez: “Se persigue a una persona”
En esta misma dirección fueron las reacciones del PSOE desde el primer momento. Los socialistas trasladan el mensaje de que la operación puesta en marcha desde la derecha política, mediática y judicial, responde al objetivo de revertir los avances sociales de estas legislaturas. Así se destila del primer mensaje de la número tres de Ferraz, Rebeca Torró: “Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio”.
La secretaria de Organización socialista sostuvo que los condenados Sánchez y Gallardo “son inocentes y cuentan con todo el apoyo” del PSOE. “Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella”, remarcó. Tras discutir el contenido de la sentencia que, según ella “no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia” en la creación de una plaza a medida del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, Torró abrochó el comunicado reiterando el argumento: “Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”.
La sentencia llegó mientras el Congreso de los Diputados estaba en plena efervescencia por los debates de la senda de déficit y la ley de Dependencia. La condena a Sánchez cortó en medio de la actividad, y puso la atención en los pasillos. Allí, el portavoz socialista Patxi López la calificó como “una auténtica barbaridad”, y afirmó que “no se persigue un delito, se persigue a una persona”. López extendía la acusación de lawfare a “una cacería contra el PSOE”, y recordaba su recorrido: “Empezaron con el fiscal general y ahora con el hermano del presidente. Ya basta”.
Las tres vías de Sánchez y las causas judiciales
Moncloa y Ferraz articulan tres vías para abordar las causas judiciales que les rodean, aunque la tónica general es la de señalar las constantes coincidencias en el calendario desde que comenzaron a caer por todos los lados, hace dos meses, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso, el entorno de Sánchez defiende al mismo tiempo la confianza en la Justicia y en la inocencia del expresidente del Gobierno. También mantienen el respaldo a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, o a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ambas imputadas en el ‘caso Leire Díez’.
La causa de la fontanera es, probablemente, la que ha visto más equilibrios en la estrategia de los socialistas, que sí han condenado las actividades de su ex secretario de Organización Santos Cerdán, acusado de dirigir las cloacas, y de Leire Díez, la exmilitante que, supuestamente, ejecutó las operaciones para desestabilizar procedimientos judiciales. Ferraz también se desvincula por completo de las actividades del protagonista de la otra sentencia que sacudió a la Moncloa hace unas semanas, el exministro José Luis Ábalos.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
