El paquete de acción democrática que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes ha sido mucho más ambicioso de lo que Sánchez había dejado entrever en la intervención del pasado mes de julio. Si bien, hasta el momento, se conocía que con esta herramienta el Ejecutivo buscaría dotar de mayor transparencia a los poderes legislativo y ejecutivo, además de luchar contra las fake news y conocer quién financia los medios de comunicación, el Gobierno ha decidido hacer reformas legales importantes para asegurar que los tres ejes del plan se cumplan.
Entre estas propuestas, anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, hay varias reformas de calado como la ley de Secretos Oficiales, eternammente anclada al ostracismo parlamentario; las injurias a las administraciones, protegiendo así a los informantes y ciudadanos de penas desproporcionadas; e incluso Mordaza, dotando de un amparo legal a los periodistas que informen sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta no ha sido una negociación sencilla. De hecho, este mismo lunes Urtasun y Bolaños aún no tenían cerrado el paquete definitivo de medidas. Concretamente, el titular de Sumar, que pedía mayor valentía, exigía que las injurias a la Corona formasen parte del redactado de la ley.
Concretamente, esta batalla se plantea entre socios. Ambas son reclamaciones de la parte minoritaria del Gobierno, liderada por Yolanda Díaz como líder de Sumar. No obstante, las reivindicaciones de la formación magenta se chocan con la cautela que reclaman desde el PSOE. Ferraz se abre a limitar la capacidad de acción punitiva en lo referente a las doctrinas ideológicas, pero, no obstante, tiene dudas sobre el delito de injurias a la Corona y las altas instituciones del Estado.
No son peticiones nuevas. De hecho, el anterior socio de Gobierno, Podemos, ya reclamó acabar con estos delitos de opinión en legislaturas pasadas. El PSOE se abrió a estudiar el camino para delimitar el radio de acción del Código Penal con los encausados por esta materia, pero finalmente dejó languidecer las pretensiones moradas y finalizó la legislatura sin materia alguna para su contención.
Los dos puntos principales del plan
El plan de acción democrática presentado por el Gobierno tiene tres objetivos principales: aumentar la transparencia tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y combatir la propagación masiva de noticias falsas y la financiación de plataformas de desinformación que buscan favorecer intereses políticos.
El pasado 17 de junio, Pedro Sánchez expuso ante el Congreso de los Diputados las líneas generales del plan, que será aprobado por el Ejecutivo este martes. "No es función del Gobierno otorgar certificados de fiabilidad a los medios de comunicación; esa responsabilidad recae en los ciudadanos", afirmó Sánchez. "Sin embargo, los poderes públicos tienen la obligación de implementar lo acordado en el ámbito europeo", añadió.
Sánchez destacó que todas las medidas del plan comparten cuatro principios esenciales: están basadas en el Plan de Acción para la Democracia aprobado por la Unión Europea, se alinean con los preceptos de la Constitución Española, refuerzan la transparencia democrática y responden al sentido común.
Para llevar a cabo estas iniciativas, el presidente ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, con el que ha mantenido tensiones continuas a lo largo de la legislatura.
