El PSOE afronta su ‘semana horribilis’ con el foco sobre la declaración de Zapatero

17 y 18 de junio. Son las fechas marcadas a fuego en el calendario judicial por suponer un hecho sin precedentes en la democracia española: la comparecencia como investigado de un expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el juez José Luis Calama no en uno, sino en dos procedimientos penales (el que le vincula con una red internacional de blanqueo de capitales que habría hecho un uso fraudulento del millonario rescate de la aerolínea Plus Ultra y una segunda pieza por presunto contrabando y delito fiscal), desfilará por los pasillos de la Audiencia Nacional esta semana con los ojos de toda la política nacional, propios y extraños, sobre sus hombros.

Hasta ahora, dos expresidentes del Gobierno habían tenido que comparecer en procedimientos judiciales por corrupción, pero siempre lo habían hecho como testigos. Felipe González lo hizo en 1997 ante el Tribunal Supremo por el caso Filesa, una presunta red de empresas vinculadas con la financiación irregular del PSOE; mientras que el popular Mariano Rajoy ha sido testigo dos veces en juicios que afectaban a su partido por los casos Gürtel y Kitchen. Zapatero será el primero que lo haga en calidad de imputado. Para su defensa, el exdirigente socialista, que ostentó la presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011, ha elegido al prestigioso procesalista sevillano Víctor Moreno Catena, cuya estrategia determinará los siguientes pasos del proceso. La Audiencia Nacional ha reservado para su declaración el miércoles 17 y el jueves 18 de junio, curándose en salud con dos días en lugar de uno ante la previsible elevada cantidad de cuestiones a tratar.

El origen de la causa primera

Las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional determinan que la causa que abrió la jueza de instrucción ordinaria Esperanza Collazos, después asumida por la Audiencia Nacional, tuvo como lugar de nacimiento una solicitud de colaboración contra un abogado residente en España que fue realizada por las fiscalías francesa y suiza, con el foco en una presunta red internacional de blanqueo de dinero que habría conducido hasta los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por un uso presuntamente irregular del préstamo de 53 millones de euros que les otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las pesquisas dieron lugar a las primeras detenciones el pasado mes de diciembre, y la primera referencia al expresidente del Gobierno aparece en un chat de WhatsApp encontrado en los dispositivos incautados denominado 'Danilo España', en el que el broker venezolano Danilo Diazgranados se refería a un tal 'Z' o 'Zorro', con el que mantiene relaciones personales y económicas. Paralelamente, otros indicios nacieron tras el volcado del teléfono móvil en 2021, durante la administración Biden, del que fuera directivo de dicha compañía Rodolfo Reyes Rojas, bajo investigación en Estados Unidos. Los datos llegaron al poder del juez Calama en marzo a través de la Homeland Security Investigations (HSI) y algunos de ellos sirvieron para justificar el registro del despacho del expresidente, al que preguntarán en sede judicial, con casi total seguridad, por estos contactos.

Una de las ramas principales del procedimiento judicial, así, se centrará en determinar si el dinero público concedido a Plus Ultra fue utilizado de forma irregular tras la ayuda aprobada en 2021 a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. La causa investiga presuntos delitos relacionados con organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias en el entorno de la aerolínea y de varios empresarios vinculados a la compañía. Esta imputación supone, además, un salto cualitativo en una investigación que hasta ahora se había centrado principalmente en el entorno empresarial de Plus Ultra. Por su parte, el expresidente socialista ya había sido relacionado en informaciones previas con trabajos de consultoría vinculados a sociedades del entorno de la aerolínea, aunque siempre ha defendido la legalidad de su actividad profesional y ha negado cualquier irregularidad.

Las joyas

Paralelamente, el magistrado instructor José Luis Calama abría este viernes una pieza separada por delito fiscal y contrabando al expresidente del Gobierno tras recibir la tasación de las joyas encontradas en su despacho. El juez quiere saber el origen de las piezas de joyería encontradas y si se tributó por las mismas, máxime al tener en cuenta que el valor de las mismas se ha estimado de forma preliminar en 1.323.915 euros. En un auto al que tuvo acceso ElPlural.com, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra.
 
El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición", constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".
 
Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros. Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en los arts. 305 del Código Penal y siguientes. Todo echará a andar a partir del miércoles.