La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenía en la tarde de este jueves al presidente y el CEO de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente, y registraba la sede de la compañía en el despliegue de una operación que investiga posibles irregularidades en la concesión de 53 millones de euros públicos. El rescate data de enero de 2023, momento en el que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) inyecto dicha cuantía para evitar el descalabro de la aerolínea.
Ahora se investiga si la compañía pudo aprovecha la inyección millonaria para blanquear fondos ilegales procedentes de Venezuela a través de España, Francia y Suiza. La Audiencia Nacional había rechazado abrir un caso al respecto, dado que consideraba que no era competencia de este tribunal ahondar en dichos sucesos; pero la Fiscalía Anticorrupción, guiada por la propia Audiencia Nacional, insistió acudiendo al Juzgado de Instrucción Número 15, que ya había abierto una causa al respecto y la había archivado, aunque de forma provisional.
Un archivo provisional que respondió a fallos en los plazos de la prórroga de la instrucción, de la que el Partido Popular (PP), Vox y Manos limpias formaban parte. Entonces, la jueza Esperanza Collazos señaló en su auto que el rescate de la aerolínea había sido aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal.
"Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra", explicó la magistrada en su resolución.
Se había "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas, indicaba la jueza. Sin embargo, la colaboración con las autoridades francesas y suizas, envueltas en unas investigación de una red de blanqueo vinculada con Venezuela, y las nuevas indagaciones apuntan a un “uso indebido” de la ayuda pública que el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021, en plena pandemia de la Covid-19.
Nuevas pruebas han reactivado la investigación y han derivado en la operación desempeñada este 11 de diciembre, que desplegó el registro de la sede de la aerolínea española y la detención de sus dos principales mandatarios. El proceso judicial continuará avanzando y los investigados esperan que siga el mismo camino que el anterior. Sobre la compañía pesa acusaciones relacionadas con la suscripción de préstamos procedentes de organizaciones criminales, los cuales pudo devolver utilizando el dinero público y blanquear ingresos opacos de dudosa procedencia.
